Sábado 6 de mayo


Invadieron atribuciones de la Fiscalía

La resolución de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece que con la aplicación del decreto 46, la Superintendencia de Valores usurpó tareas que sólo le corresponden a la Fiscalía General de la República.

Roxana Huezo
El Diario de Hoy

"Dicho decreto invade atribuciones propias del Fiscal General, puesto que el Superintendente de Valores no puede, ni por sí ni por abogado, proseguir acciones de carácter legal", destaca el documento.

Por tal razón, establece que el parámetro de aplicación de la acción jurídica con la que se solicitó el embargo y se congelaron los bienes de la Sociedad "Caribe Motor S.A." y de "Automotores Salvadoreños S.A." no está apegada a derecho.

Los magistrados de la CSJ advierten que lo que debió hacer la Superintendencia de Valores era acudir a la Fiscalía para pedir apoyo.

Para descartar cualquier duda, el documento ubica las funciones de la entidad de valores: "La Superintendencia de Valores fue constituida para vigilar la Bolsa de Valores y que quienes captan fondos del público sin autorización sólo pueden ser fiscalizados por la Superintendencia del Sistema Financiero".

Con los elementos expuestos en el escrito, Mario Galdámez puede demandar al Estado.

La situación actual, la convulsiva elección de la junta directiva del Congreso y la proximidad en la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abren la brecha para establecer que los intereses políticos siguen imperando en el escenario jurídico.

Han pasado dos años desde que la resolución fue notificada a las partes implicadas y hasta ahora inician con el proceso de entrega de lo embargado.


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