"El secuestro se ha
desbordado"
La Policía pide que se decrete un
régimen de excepción parcial que
permitiría interceptar las llamadas, como
una medida de emergencia temporal para combatir
los secuestros
- Mario
Martínez
- El Diario
de Hoy
La
alarma social que ha causado la última
oleada de secuestros ha obligado a que la
Policía pida establecer un régimen
de excepción parcial, mientras se estudia
la reforma constitucional que permita la
interceptación de las llamadas
telefónicas.
Mauricio Sandoval, director de la
Policía Nacional Civil (PNC),
señala que la práctica del
secuestro se está desbordando, ya que los
delitos, cada vez más, los cometen
personas cercanas a las víctimas.
Sandoval dice que existe la sensación
entre los delincuentes que pueden obtener dinero
fácil.
La reforma
Hace meses, la Policía planteó
la necesidad de una reforma a la
Constitución Política, que permita
la interceptación telefónica.
Sin embargo, aun cuando la Asamblea
Legislativa apruebe la iniciativa, tendrá
que ser la próxima legislatura -que
iniciará sus labores luego de las
elecciones legislativas del 2003- la que la
ratifique.
Sandoval señala que no se puede
esperar tanto tiempo para combatir a los
delincuentes con mejores herramientas.
El régimen de excepción se
basaría en el Artículo 29 de la
Constitución Política, donde se
establece la suspensión de las
garantías de las personas, entre otras
justificaciones, cuando existan "graves
perturbaciones al orden público".
La suspensión de las garantías
tendría que ser aprobada por 56 votos en
la Asamblea Legislativa y sólo se puede
mantener durante 30 días. Pasado ese
tiempo, deberá haber un nuevo decreto en
caso que la perturbación
continúe.
La estado de excepción afecta la
libertad de expresión, la libertad de
asociación y de reunión y la
libertad de movilización de las
personas.
Las llamadas
También afecta la inviolabilidad de la
correspondencia y la prohibición de la
interceptación de las llamadas
telefónicas, que es a lo que apunta la
petición de la Policía, y no los
otros derechos, según Sandoval.
Para garantizar que no se cometan abusos, el
funcionario indica que deberá ser un Juez
de Paz, a petición de la Fiscalía,
quien deberá de autorizar la
interceptación de las llamadas.
La Policía no tendría capacidad
para hacer la interceptación por
sí sola. Agregó que el control del
juez daría validez judicial a las pruebas
obtenidas durante las investigaciones.
La prisa por obtener esta herramienta legal
se debe a que en todos los delitos de secuestro,
el teléfono es parte indispensable
durante la planificación,
ejecución, negociación y rescate
de la víctima.
Sandoval enfatizó que ya no se
está al frente de bandas organizadas,
como en el pasado, que mantenían una
infraestructura para ejecutar los secuestros,
sino ante sujetos que quieren hacer dinero
fácil. Indicó que los delincuentes
se escudan en que la gente tiene miedo en
denunciarlos.
