Los casos sin
respuesta del año 2000
Casos sin respuesta es un buen
título para una serie televisiva que
hable sobre los crímenes sin resolver,
que son el dolor de cabeza de cualquier
país en el mundo. En El Salvador, la
ficción ha sobrepasado a la
realidad
- Alberto
López
- El Diario
de Hoy
La impunidad que impera en la vapuleada
justicia salvadoreña guarda en el
profundo sueño una gran cantidad de casos
delictivos, los cuales reflejan un amplio
espectro delincuencial: homicidios, secuestros,
robos, violaciones, entre otros.
Los durmientes casos necesitan más que
un simple y literario "príncipe
valiente", para traerlos al mundo de los
conscientes y resolverlos. Más que
príncipes, necesitan de un válido
sistema de investigación e investigadores
que orienten de manera efectiva los
procedimientos.
Más allá de los actores de esta
triste historia que no parece tener fin,
también se necesita de reales
políticas de investigación que no
sólo se queden en seminarios y
alfombrados salones de hoteles. Además,
habría que agregarle la efectividad de
los funcionarios que están al frente de
las instituciones del sector justicia, integrado
por la Policía Nacional Civil (PNC),
Fiscalía General de la República
(FGR), Procuraduría General de la
República (PGR), Órgano Judicial,
entre otros.
El Fiscal General, Belisario Artiga, ha dicho
que existen resoluciones favorables a muchos
casos y que por la publicidad de los medios a un
pequeño puñado de casos sin
respuesta, según él, no puede
juzgarse mal el trabajo fiscal.
El director de la Policía Nacional
Civil (PNC), Mauricio Sandoval, se ha quejado en
múltiples ocasiones de los
obstáculos que las leyes penales vigentes
imponen para el trabajo efectivo de los agentes
policiales y de los mismos fiscales.
Diferentes asociaciones de la sociedad
salvadoreña han propuesto reformas a las
leyes penales, las cuales aún
están en estudio en la Asamblea
Legislativa. Se trata de más de 90
reformas, las cuales serán expuestas en
un foro, el próximo año, para
evaluar los alcances con las asociaciones e
instituciones que las proponen.
Los jueces, por su parte, se escudan en el
respeto a las garantías constitucionales
de los imputados y a la mala
fundamentación de los argumentos fiscales
y de la Policía.
"Dimes y diretes"
Los estira y encoge de los protagonistas del
sector justicia son muchos y agotadores, pero el
clamor de las víctimas y sus familias
sigue ahí, silencioso, dormido... muerto
en los archivos de los casos sin respuesta.
La lista del pasado es gruesa y sigue
aumentando con los casos que se documentan cada
año y que, quizá, sólo
encuentran aliento en las publicaciones
periodísticas. "No queremos más
Katyas Miranda", dijo el Fiscal General, cuando
anunció que la violación y
asesinato de la niña de 9 años,
cometido el 4 abril de 1999, sería un
precedente para evitar que se repitieran otros
casos.
Por lo que haya sido, mala
fundamentación fiscal,
parcialización de la jueza
&emdash;acusación que también
sigue dormida en la Corte Suprema,
después de que hasta los imputados
están libres&emdash; o crimen perfecto,
el caso quedó impune.
Si parece que el caso de Katya rompe con
todas las reglas de la lógica: si nadie
entró al terreno a sacarla y luego
violarla y asesinarla en la playa y, tampoco hay
prueba ni sospecha contra nadie de los que la
rodeaban esa noche, entonces ¿quién
fue?
Pues si este parece que rompió con
todo lo que cualquier persona con tres dedos de
frente pensaría, el caso del accidente de
la Zona Rosa de esta ciudad, ocurrido el 17 de
abril de 1999, en el que murieron dos
jóvenes y dos más resultaron
heridos, tuvo un desenlace aún más
descabellado.
A pesar de que dos personas viajaban en el
vehículo que ocasionó la tragedia,
ninguno resultó culpable del accidente.
La imputada presente, Jenifer Dardana Monge, fue
liberada de cargos por un tribunal de
conciencia, integrado por ciudadanos. Rigoberto
Hernández, el sospechoso ausente, tampoco
fue enjuiciado y fue también encontrado
inocente.
¿Quién manejaba?
La lógica cae por su propio peso:
alguno de los dos tuvo que haber conducido el
vehículo, pero el caso se basó en
tan sólo testimonios a favor y en contra
de Monge, pues fue la única
enjuiciada.
No hubo prueba científica para
verificar quién manejaba esa noche. Algo
tan simple como tomar las huellas digitales del
timón, no fue hecho o mencionado en
ningún momento como prueba.
La lista de este año que está a
punto de terminar continúa. Un tribunal
de conciencia liberó de varios robos
agravados a Margarita Parada Grimaldi, una
comerciante del mercado acusada de tener
vínculos con bandas de robafurgones.
El principal argumento de la defensa, y con
el que los ciudadanos integrantes del tribunal
coincidieron, fue que era absurdo que la
Fiscalía acusara a alguien de robo
agravado, un tipo de robo realizado con
violencia y a mano armada, y que ningún
testigo identificara a la procesada como
partícipe directa de los atracos.
El único cargo lógico contra la
acusada sería el de receptación,
pero en la época del proceso no estaba
agregado en la ley.
La lista sigue, en septiembre de 1999, un
médico pediatra, Alejandro Osegueda, es
acribillado a la entrada de su casa. Irma de
Torres, madre de un ex dirigente deportivo, es
plagiada y asesinada este año. Ambos
casos no han sido resueltos.
