La
audiencia judicial será hoy
UCA ataca a la
Fiscalía General
La desconfianza de la UCA en la
parcialidad del Estado en el caso del asesinato
de los sacerdotes jesuitas, obligó a que
presentara su propio acusador. Este
anticipó que apelarán en caso de
que el tribunal de paz avale la petición
de la Fiscalía
- María
T. Pérez/Mario
Martínez
- El Diario
de Hoy
La
Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA) presentó
una demanda formal en el proceso judicial del
asesinato de los sacerdotes jesuitas, en el que
se acusa a varios ex funcionarios como los
autores intelectuales.
Pedro Cruz, querellante, señaló
que se han visto obligados a actuar, debido a
que la misma Fiscalía General ha pedido
la exoneración de cargos de los acusados,
entre éstos, el ex presidente Alfredo
Cristiani.
La querella fue presentada en el Juzgado 3o.
de Paz de San Salvador, que decidirá este
día si sobresee a los imputados o si el
caso pasa a un tribunal de
Instrucción.
Cruz anticipó que apelará la
resolución del juzgado, en caso avale la
petición fiscal.
El abogado señaló varias
deficiencias que, a su juicio, presenta el
requerimiento de la Fiscalía, en el que
se indica que el crimen de los jesuitas ya
prescribió (se cerró
definitivamente) y que, además, los
autores materiales fueron amnistiados.
Cruz agregó que el Ministerio
Público ha ignorado la resolución
de la Corte Suprema de Justicia, que
avaló la ley de amnistía, pero que
dejaba la posibilidad de abrir aquellos casos
donde se hayan violado los derechos humanos.
Además, el crimen no ha prescrito y se
refirió al Artículo 242 de la
Constitución Política, que
establece que cuando el acusado es un
funcionario, la prescripción comienza
cuando finaliza su período
administrativo.
En el caso de Cristiani, según Cruz,
la prescripción terminaría hasta
en el año 2004.
El querellante, además, acusó a
la Fiscalía de ocultar
información.
Adelantó que en el futuro cabía
la posibilidad de demandar al Ministerio
Público por esas omisiones, pero, por el
momento, se concentrarán en el proceso
contra los ex funcionarios.
Camino
La Fiscalía General puso en manos de
la justicia local la posibilidad de reabrir el
caso jesuitas, por el lado de la autoría
intelectual.
Los seis jesuitas y dos empleadas fueron
asesinados en el campus de la Universidad
Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), el 11 de noviembre de 1989,
en medio de una ofensiva guerrillera a la
capital.
Por
el hecho fue detenido un numeroso grupo de
militares, de los cuales sólo dos fueron
condenados. Ambos fueron encontrados culpables
en 1992, pero un año después
fueron beneficiados con la Ley de
Amnistía. En un principio, se
atribuyó el crimen a la guerrilla, que
buscaba inculpar al Gobierno. La
investigación le fue encomendada al
entonces Juez 4o. de lo Penal de San Salvador,
Ricardo Zamora, lo cual generó, al
principio, un conflicto de territorialidad, pues
la UCA se encuentra en el municipio de Antiguo
Cuscatlán. Finalmente, Zamora lo
depuró.
Los soldados que penetraron en el recinto no
contaron con que una mujer, Lucía Barrera
Cerna, se encontraba escondida en la casa.
Ésta fue clave para procesar a los
militares.
Según el proceso, dos días
antes de la masacre un grupo de soldados
entró a registrar la casa por denuncias
de presunta presencia de guerrilleros en las
cercanías, pero, al decir de los
jesuitas, sólo buscaban reconocer el
sitio.
El testimonio de la mujer hizo que se
comenzara a ahondar en la participación
de militares en los hechos, al punto de que el
entonces presidente Alfredo Cristiani
formó una Comisión de Honor en el
Ejército para realizar las primeras
investigaciones.
Los jesuitas siempre criticaron el poco
intereses de parte de las autoridades por
descubrir a los supuestos autores intelectuales
de la masacre.
