Iglesia pide
discutir tema de intervención
telefónica
Por lo delicado del tema, el Arzobispo de
San Salvador hizo un llamado al gobierno para
que examine la iniciativa que busca
contrarrestar los secuestros
- Wilfredo
Moreno
- El Diario
de Hoy
La
propuesta de las escuchas telefónicas
para enfrentar la ola de secuestros en el
país debe ser discutida ampliamente entre
los Órganos del Estado, consideró
el Arzobispo de San Salvador, monseñor
Fernando Sáenz Lacalle.
"Me parece muy interesante que este asunto
sea discutido, por lo menos, por los
órganos Ejecutivo y Legislativo",
dijo.
Por tratarse de un aspecto que lo
prohíbe la Constitución,
según el Artículo 24,
monseñor Sáenz confió en
que la iniciativa del Director de la
Policía Nacional Civil, Mauricio
Sandoval, sea analizada con mesura de parte de
los diputados.
El jerarca católico aclaró que
la Iglesia no apoya medidas de tipo civil para
enfrentar los secuestros, pero vela por el
aspecto moral, como es el respetar el derecho a
la privacidad e intimidad que tienen las
personas.
Pero en situaciones como las que atraviesa el
país, el Arzobispo consideró que
podría darse una excepción, ya que
si bien está el aspecto de las
interferencias de las conversaciones, se
encuentra el de la seguridad.
En este caso, "el bien particular debe ceder
ante el bien común", expresó.
"Si se permite la intervención
telefónica, debe darse de una manera bien
legislada y no arbitraria" .
Monseñor lamentó que cada
semana se difundan noticias relacionadas con
secuestros.
Pidió a los secuestradores tener en
cuenta la dignidad de las personas.
"Los victimarios tendrán que dar
cuenta a Dios de sus actos",
señaló.
Regulación
El Arzobispo consideró que el tema de
las intervenciones telefónicas debe ser
legislado correctamente, para evitar que sean
utilizadas para otros fines que no sean combatir
el crimen organizado y delincuencia
común.
Monseñor Sáenz comparó
la aplicación de las intervenciones
telefónicas con el allanamiento de
morada, para lo cual se requiere un permiso
judicial.
En la lucha contra el secuestro, Sáenz
Lacalle consideró necesario contar con
una ley de protección a testigos.
