Insisten en
intervenir los teléfonos
Para aplicar la medida, es necesario
reformar el Artículo 24 de la
Constitución. Quintanilla pidió
que los diputados analicen la propuesta.
- María
T. Pérez
- El Diario
de Hoy
El
gobierno insistió ayer en su propuesta de
legalizar las intervenciones telefónicas
para combatir el crimen.
La propuesta la hizo, hace pocos días,
el director de la PNC, Lic. Mauricio
Sandoval.
Alegó que es el mejor instrumento para
combatir algunos delitos, especialmente el
secuestro.
Su propuesta fue secundada por el presidente
Francisco Flores, mientras cumplía una
visita oficial a Taiwán.
Ayer, el presidente en funciones, Carlos
Quintanilla, dijo a los diputados que el
proyecto queda en sus conciencias.
"Si no aprueban, nosotros ya pusimos la
colaboración", aseguró.
Sandoval pidió, luego de un inusitado
aumento de los secuestros, que el Congreso
apruebe un régimen especial para
suspender varias garantías.
Eso permitiría intervenir algunas
líneas telefónicas para combatir
el narcotráfico y el secuestro, entre
otros delitos.
El mayor escollo que tiene la propuesta es la
crítica, casi general, en el sentido de
que las intervenciones legalizadas las
harían algunos que en otras épocas
realizaron interceptaciones sin estar
autorizados para ello.
Además, existen claras evidencias de
que muchas interceptaciones se aplicaron a
personajes que jamás han cometido
delitos.
Suspender garantías
Para aplicar la propuesta, se deben suspender
garantías o reformar el Artículo
24, de la Constitución, el cual establece
la prohibición de la intervención
e interferencia de las comunicaciones
telefónicas.
La Asamblea Legislativa podría aprobar
la enmienda con 43 votos.
El presidente en funciones dijo que la medida
sería una garantía ante la
perturbación del orden público por
parte de los delincuentes.
De acuerdo con Quintanilla, este sería
un medio de prueba con peso en los procesos
penales.
En ese sentido, se buscará una
coordinación con el Órgano
Judicial para que los aplicadores de justicia
también hagan lo suyo.
Por el momento, los jueces no consideran como
prueba las grabaciones ni vídeos en los
procesos.
El argumento judicial es que dicha prueba es
ilegal y violenta los derechos de los
victimarios.
Excepción
Quintanilla declaró que la medida
tiene un asidero legal en el Artículo 29,
de la Constitución de la
República.
En éste se señala, entre otros
aspectos, que en caso de graves perturbaciones
al orden público, se podrán
suspenderse las garantías establecidas en
los artículos 5, 6, 7 y 24, de la Carta
Magna.
Dichos artículos se refieren a la
libertad, el libre pensamiento y la
inviolabilidad de la correspondencia y las
telecomunicaciones, de manera respectiva.
No a la impunidad
Se debe mandar el mensaje de que no se
permitirá impunidad, dijo.
"Se necesita adecuada investigación...
Los delincuentes también se han
modernizado", dijo.
El mandatario señaló que ese
tipo de pruebas permitirían poner en la
cárcel a los delincuentes.
El presidente en funciones dijo que es
necesario que los diputados comiencen a analizar
de manera urgente la propuesta.
Cautela
ante las posibles reformas
El presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Agustín
García Calderón, evitó
hacer comentarios sobre la posible reforma a la
Constitución Política, que
permitiría legalizar algunas
intervenciones telefónicas. Dicha
petición fue hecha por el director de la
Policía Nacional Civil, Mauricio
Sandoval, a la Asamblea Legislativa.
