Fiscalía pidió declarar nulo contrato Icasur e Inceysa

El Ministerio de Medio Ambiente dio a las dos empresas españolas un millonario negocio que estuvo plagado de varias anomalías, según la Corte de Cuentas.

La anulación del contrato para las revisiones técnicas vehiculares, suscrito entre Medio Ambiente y las emprsas Incasur e Inceysa, solicitó la Fiscalía General al Organo Judicial.

La petición fue presentada por escrito en la Oficina Receptora de Denuncias del Centro Judicial “Isidro Menéndez” y enviada a un tribunal de lo civil.

La Fiscalía dijo ayer que la solicitud se basa en una lista de ilegalidades en las que incurrieron ambas empresas durante la licitación para obtener el negocio en 1999 y el 2000.

De acuerdo con la Corte de Cuentas las empresas Icasur e Inceysa Vallisoletana, manejadas por el español Joaquín Alviz y su lugarteniente Felipe Martínez Lavado, mintieron al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El ente contralor determinó que los estados financieros que presentaron difieren de los certificados por el Registro Mercantil de Madrid, España.

En el 2000, por ejemplo, Icasur presentó al MARN un informe donde reportaba beneficios anuales de 361,313,240 de pesetas españolas (más de $2 millones), cuando en España consta que fueron ganancias de apenas unos tres millones de pesetas, es decir unos 18 mil dólares.

En el mismo año, Inceysa Vallisoletana presentó ganancias en el ejercicio 1999 de 90 millones de pesetas ($500 mil) cuando en España reporta pérdidas por 191 mil pesetas (unos mil 100 dólares).

Se estableció también un deficiente análisis que la comisión evaluadora hizo sobre Inceysa, empresa que se dedicaba a compra venta de textiles y bisutería.

La Comisión, presidida por la exministra Ana María Majano, tampoco se dio cuenta de que el representante de Inceysa Felipe Martínez Lavado, formaba parte del equipo de trabajo de Alviz en Icasur, lo cual, contravenía las disposiciones de la licitación pública.

La Corte de Cuentas calificó la actitud de Majano como “un desliz institucional”.

La exfuncionaria declaró en la Fiscalía General que no tenían los medios para verificar si la documentación presentada por Inceysa e Icasur eran verdaderas.

Majano y los integrantes de la la comisión son investigados para determinar si hicieron favores premeditados los españoles.

País se defenderá en Washington en enero

En enero próximo viajará un representante de la Fiscalía General al Centro Internacional de Arreglos Relativos a las Inversiones (CIADI) por sus siglas en inglés, para inciar la defensa contra la demanda interpuesta por Inceysa.

La visita fue anunciada luego que el Fiscal General, Belisario Artiga, recibiera un anticipo de 200 mil dólares para contarrestar la querella.

Como adelanto, Artiga contrató ya al bufete estadounidense Arnold y Porter, a quien se le pagará entre 300 y 600 dólares la hora.

Estos abogados, según Artiga, cobran hasta las asesorías por lo que en el 2004 necesitarán más dinero para continuar la defensa.

El Savador fue demandado por el lugarteniente de Alviz, Felipe Martínez Lavado, por no permitírsele llevar a cabo el proyecto. Pide unos $100 millones en compensación.

Sin embargo, el Estado tiene a su favor documentación que podría llevarlo a vencer.
Entre éstos se encuentra la información de la Corte de Cuentas confirma que Inceysa le mintió al Ministerio del Ambiente.

La falsedad o alteraciónde los datos es un factor que el presidente de la Corte, Hernán Contreras, ha dicho que favorecerá el trabajo fiscal.

Sin embargo, el fiscal Artiga no está el ciento por ciento seguro de la victoria.
“Hay un cincuenta contra un cincuenta de posibilidades de que se gane o de que se pierda la demanda contra Inceysa”, dijo a los diputados de la Comisión de Hacienda.

Y en efecto, las palabras de Artiga tuvieron resonancia en el diputado Noé González, del Partido de Conciliación Nacional, quien fue más pesimista todavía.

“No somos buenos para defendernos internacionalmente, ,siempre perdemos todos los casos latimosamente”, expresó.

El fiscal Artiga aún no ha definido el nombre del abogado salvadoreño que irá a Washington para actuar como árbitro.

A éste también se le deberá pagar honorarios. Además, tanto Inceysa como la Fiscalía deberán recaudar por partes iguales dinero para el slario del presidente del tribunal.