| |
Negocios
clausurados reabrieron
PNC inspeccionó casinos y tramita cierre en Fiscalía
Nuevamente
la policía tomó la iniciativa para el cese de actividad
de estos locales ante la tolerancia del Ministerio Público.
|
|
| El director de la fuerza de seguridad, Ricardo
Menesses, entrega su diploma a uno de los 78 alumnos que ayer
se graduaron de agentes. Foto Oscar Payés |
La Policía Nacional Civil determinó irregularidades
en dos casinos de San Salvador durante una revisión realizada
hace unas semanas y envió un reporte a la Fiscalía General
para que se proceda al cierre de éstos.
Las anomalías están relacionadas con la falta de permisos
para operar y eventualmente con la existencia de juegos prohibidos.
El director de la PNC, Ricardo Menesses, dijo ayer que fue la División
de Finanzas y delegados del Ministerio de Hacienda los que efectuaron
las inspecciones dos semanas atrás.
“Son dos casinos, uno que abrió hace poco y otro que no
tiene permisos de la alcaldía”, externó Menesses.
El jefe policial se refería a los casinos GED, Optima Uno,
Marbella o Bingo de París y al Atracción Videos, Carnaval
o Tropicana, negocios clausurados, pero que han desafiado a las autoridades
reanudando operaciones con otros nombres.
En el primero se encontró máquinas de vídeo tragaperras
y en el segundo 69 tragabilletes, los cuales están prohibidos
por los decretos legislativos.
Además ambos no cuentan con los permisos de la alcaldía
para funcionar.
El decreto 929 califica como ilegal estos juegos aún cuando
se realicen con máquinas electrónicas.
Un periodista de El Diario de Hoy estuvo en ambos negocios la semana
pasada y pudo comprobar que existen juegos que prohíben el
decreto legislativo.
Es más, en el casino Tropicana o Carnaval se vende bebidas
alcohólicas.
La Alcaldía de San Salvador no respondió si el local
cuenta o no con autorización para vender licor.
El fin de semana anterior el magistrado de la Corte Suprema, Eduardo
Tenorio, recordó a las alcaldías y a la Fiscalía
General que deben aplicar la ley, según varias resoluciones
emitidas por el máximo tribunal.
Es decir, que las alcaldías debían inspeccionar e informar
al Ministerio Público para el cierre de los sitios.
Este último, a pesar de tener los reportes de esas inspecciones,
no clausura los locales porque quiere que los alcaldes le digan si
las máquinas son prohibidas.
Los ediles han explicado que la Fiscalía sólo tiene
que ver el listado en el decreto para saber cuáles juegos son
ilegales.
El silencio del Fiscal
- Se solicitó a la Unidad de Protocolo de la Fiscalía
General un comentario sobre las inspecciones realizadas por la policía.
- La respuesta que se dio ayer tarde fue que no había comentarios.
- Con la revisión de los locales hecha por la policía
y la conclusión que operan sin las respectivas autorizaciones,
la Fiscalía debería realizar el cierre inmediato.
- La Fiscalía debería proceder por el delito de desobediencia.
- Es decir, que los propietarios abrieron sus puertas pese a no
tener las licencias respectivas.
- La Corte Suprema ha denegado varios recursos de amparo de los
casinos en contra de los decretos que prohíben los juegos
de azar.
- El tribunal ha indicado que los decretos establecen claramente
qué deben hacer las alcaldías y la Fiscalía:
las primeras inspeccionar y la segunda cerrar si fuera el caso.
|
|
