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Piden
frenar la venta de información
El
Fiscal pidió a los diputados penar la comercialización
de datos personales al fracasar el intento de acceder a los archivos
de Infornet.
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| La empresa seguirá operando debido
a que en El Salvador no se restringe el acceso a registros de
personas. Foto: EDH/Mauricio Castro |
El Fiscal General, Belisario Artiga, llamó a la Asamblea
Legislativa a tipificar como delito la venta de información
privada de los salvadoreños.
Artiga afirmó que no queda más alternativa tras aceptar
que no se pudo acceder a la memoria de la empresa Infornet en Guatemala,
donde aparentemente se encontraban los archivos de cuatro millones
de connacionales.
Un mal procedimiento del Ministerio Público guatemalteco
al momento de allanar al sede de Infornet, habría impedido
obtener una copia de su base de datos de tal forma que ahora la
Fiscalía no tiene pruebas contra la compañía
que tras un breve cierre ha vuelto a sus operaciones.
“Quiero confirmar que definitivamente es difícil que
Guatemala nos vaya dar las respuestas que hemos buscado todos estos
meses”, dijo Artiga.
Explicó que, a juicio de técnicos en informática
del Ministerio Público, aparentemente no se hizo un procedimiento
correcto para el decomiso y sustracción de las máquinas
donde se encontraba la información.
No obstante, prometió que la investigación continuará
para determinar qué persona o empresa proporcionó
información privada.
Artiga se comprometió a dar resultados porque “es importante
darle esa respuesta a la población”.
Sin embargo, Artiga recordó a los diputados que sería
más fácil la investigación si hubiera delito
que perseguir. En Guatemala, por ejemplo, se paga con prisión
vender informes personales insistió.
El fiscal parece tener la razón puesto que representantes
de Infornet han dicho claramente que esta práctica de vender
datos no está prohibida en el país.
La venta que no está prohibida
Vender datos del Presidente Francisco Flores o de Schafik Handal
es algo que en el país no se prohibe
- Ésta ha sido la excusa de Infornet para ofrecer al mejor
postor los registros de cuatro millones de
salvadoreños, estiman las autoridades locales.
- Por tal motivo el fiscal Artiga pide que se califique esa venta
como delito.
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