En relación con Revisiones Técnicas de Vehículos
País arriesga perder juicio internacional

El Ministerio de Hacienda asignó 200 mil dólares en una partida especial, pero los diputados todavía no la han aprobado.

Instalaciones para el chequeo de la emisión de gases de los automotores. Foto: EDH/Jorge Reyes

El Salvador podría quedar en desventaja ante una demanda de 100 millones de dólares que le ha entablado la empresa española Inceysa si no nombrar a la mayor brevedad a un representante.

Inceysa demandó al Estado salvadoreño en un centro de mediación de Estados Unidos por no dejarle operar la revisión de gases de vehículos.

Las autoridades han denunciado que la empresa ganó el concurso con documentación falsa y otras irregularidades.

El Fiscal General, Belisario Artiga, urgió a los diputados de la Comisión de Hacienda la aprobación de una partida especial de 200 mil dólares para iniciar la defensa.

Artiga dijo que el tiempo apremia y que el proceso ha iniciado ya en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington.

El problema principal, dijo Artiga, es que si no se nombra a un árbitro salvadoreño, el Ciadi asignará al que estime conveniente, lo cual no es bueno para los intereses nacionales.

Abogados EE.UU.

Artiga confirmó que ha entablado conversaciones con una firma de abogados estadounidenses, a la que se contratará para que se mantenga al tanto de los avances de la demanda.
Estos abogados cobran por hora de servicio y se les debe pagar al igual que al árbitro que represente a El Salvador.

Artiga no reveló el nombre del bufete como tampoco el de la persona en quien han pesado para la representación.

“Señor presidente de la Asamblea Legislativa, como Fiscal General y defensor de lo intereses del Estado solicito a usted inste a la Comisión de Hacienda aprobar durante la presente semana los fondos requeridos para presentarnos inmediatamente al Ciadi”, expresa la nota.

Inceysa Vallisoletana pertenece a Antonio Martínez Lavado, trabajador de Joaquín Alviz en la empresa Icasur. El fiscal Artiga ha dicho que pedirá la nulidad de la licitación.