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De Carillo cree que fallo es una “treta política”

Dejó entrever que se le quiere presionar por el recurso que interpuso ayer contra la ley antimaras.

Alberto López
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

En los incidentes en el penal murieron dos agentes y hubo casi un centenar de heridos. Foto EDH

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, cree que el fallo de un juez de Instrucción donde pide investigar a la funcionaria por la muerte de dos policías en el penal de Mariona es una “treta política”.

De Carrillo no deja de ser cautelosa en sus declaraciones, pues sólo se limitó a decir que la resolución “estaría en función estricta de lo que se sabía que yo iba a presentar hoy (ayer)”.

La funcionaria presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley antimaras ayer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La abogada está segura de que se trata de una “treta política de muy bajo nivel”. Confía en que el pueblo salvadoreño lo entienda en esa forma.

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Investigarán a funcionaria
La Fiscalía General dijo que continuarán las investigaciones iniciadas en diciembre de 2003 para determinar si existe responsabilidad de Beatrice de Carrillo en la muerte de dos policías a manos de presidiarios en el Centro Penal de Mariona.

Ante la pregunta directa de si el juez se habría prestado a una “treta política”, contestó que el funcionario “tiene sus propios problemitas y sólo él sabrá”.

Ayer no fue posible contactar al juez de Instrucción de Mejicanos, Gilberto Ramírez, pues en dos ocasiones que se llamó a su tribunal, se dijo que se encontraba en diligencias fuera del mismo.
Ramírez pasó el caso a juicio contra 15 sospechosos de matar a dos agentes antinarcóticos durante una requisa en el Penal La Esperanza, en Mariona, el 16 de diciembre del año pasado.

Además, pidió a la Fiscalía que investigue la conducta de la procuradora De Carrillo, para que no quede ningún cabo suelto en la investigación.

Derechos Humanos pidió al Ministerio Público que investigara el procedimiento de la policía en la misma requisa pero, según el procurador adjunto, David Morales, al darle seguimiento al caso, las fuentes fiscales ni siquiera tenían un número de referencia del expediente en su sistema.

 

 

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