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De
Carillo cree que fallo es una treta política
Dejó
entrever que se le quiere presionar por el recurso que interpuso
ayer contra la ley antimaras.
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En los incidentes en el
penal murieron dos agentes y hubo casi un centenar de heridos.
Foto EDH
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La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice
de Carrillo, cree que el fallo de un juez de Instrucción
donde pide investigar a la funcionaria por la muerte de dos policías
en el penal de Mariona es una treta política.
De Carrillo no deja de ser cautelosa en sus declaraciones, pues
sólo se limitó a decir que la resolución estaría
en función estricta de lo que se sabía que yo iba
a presentar hoy (ayer).
La funcionaria presentó una demanda de inconstitucionalidad
contra la ley antimaras ayer ante la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La abogada está segura de que se trata de una treta
política de muy bajo nivel. Confía en que el
pueblo salvadoreño lo entienda en esa forma.
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Lea
además |
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Investigarán
a funcionaria
La Fiscalía General
dijo que continuarán las investigaciones iniciadas
en diciembre de 2003 para determinar si existe responsabilidad
de Beatrice de Carrillo en la muerte de dos policías
a manos de presidiarios en el Centro Penal de Mariona.
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Ante la pregunta directa de si el juez se habría prestado
a una treta política, contestó que el
funcionario tiene sus propios problemitas y sólo él
sabrá.
Ayer no fue posible contactar al juez de Instrucción de Mejicanos,
Gilberto Ramírez, pues en dos ocasiones que se llamó
a su tribunal, se dijo que se encontraba en diligencias fuera del
mismo.
Ramírez pasó el caso a juicio contra 15 sospechosos
de matar a dos agentes antinarcóticos durante una requisa
en el Penal La Esperanza, en Mariona, el 16 de diciembre del año
pasado.
Además, pidió a la Fiscalía que investigue
la conducta de la procuradora De Carrillo, para que no quede ningún
cabo suelto en la investigación.
Derechos Humanos pidió al Ministerio Público que investigara
el procedimiento de la policía en la misma requisa pero,
según el procurador adjunto, David Morales, al darle seguimiento
al caso, las fuentes fiscales ni siquiera tenían un número
de referencia del expediente en su sistema.
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