Según informe de la Procuraduría General
$10 millones en cuotas alimenticias

Un objetivo del nuevo procurador general es lograr que los migrantes en el exterior también cumplan con sus pagos pensis.

Miles de niños dependen mensualmente de la pensión alimenticia que la Procuraduría General de la República recolecta de sus padres. Foto: EDH/Felipe Ayala

Más de $10 millones fueron gestionados el año pasado por la Procuraduría General de la República en concepto de cuotas alimenticias, reveló ayer el titular de la institución, Marco Gregorio Sánchez Trejo.

De esos $10 millones, unos $100,000 llegaron desde el exterior tramitados por los consulados salvadoreños, como cuotas voluntarios de nacionales que viven en Estados Unidos.
El Procurador General, quien visitó ayer El Diario de Hoy, explicó que el monto gestionado en 2002, corresponde a desembolsos realizados entre más de 15 mil personas citadas por el pago de la cuota alimenticia.

Aunque su gestión comenzó el 4 de julio pasado, el funcionario manifestó que la Procuraduría ha detectado que no es un sector económico específico el obligado a responder por este concepto y que padres de todo nivel social son demandados con regularidad.

Por ello, adelantó que contratará un grupo de sociólogos para que determinen aspectos relacionados con el incumplimiento de esta responsabilidad atribuida a ambos padres.

Sánchez Trejo añade que intentará “darle un toque más humano a las cuotas, para que no se pague solamente para cuidar la imagen personal. También queremos tratar casos como la pérdida de empleo por parte del demandado, y buscarle una solución familiar”.

Y con el objetivo de captar las cuotas alimenticias que de alguna forma deben reportar los salvadoreños que han emigrado, la Procuraduría General y las autoridades estadounidenses, estudian el mecanismo para recuperar estos fondos.

El procurador manifestó que “si todo va bien, y dependiendo de la voluntad de Cancillería y los diputados, estaríamos recuperando la cuota alimenticia de los salvadoreños en Estados Unidos”. Aunque adelantó que han detectado interés entre los políticos y que la población beneficiaria también apoya la medida.

El funcionario agregó que realizan los ajustes técnicos que faciliten los trámites administrativos, principalmente porque el procedimiento salvadoreño difiere con el norteamericano. Además de los costos administrativos que implicará la transferencia de los recursos que los compatriotas destinen para sus hijos en El Salvador.

Sánchez Trejo argumenta que hay muchos compatriotas se han desligado del pago de la cuota alimenticia porque han emigrado a Estados Unidos, pero que algunos han gestionado la posibilidad de un trámite que garantice los envíos.

Otro factor que garantiza la recuperación de esta responsabilidad de ambos padres que han emigrado, es que varios han conformado nuevos hogares en Estados Unidos, pero están interesados en cumplir con la manutención de sus hijos.

Un elemento adicional para el proyecto de la Procuraduría es el apoyo expresado por las comunidades de salvadoreños, las cuales facilitarían la realización y promoción de la medida.

El funcionario reconoció que ha detectado que los atrasos en el reporte de las cuotas alimenticias se deben a fallas en los registros contables, administrativos y de sistema, tanto de la institución que dirige como de la empresa o patrono que realiza el descuento al empleado demandado.

“Esto provocó que la procuraduría convocara a contadores y colectores de esta información, para buscar un mecanismo que garantice uniformar el criterio para este reporte”, dijo Sánchez.

Las funciones de la institución

El nuevo funcionario recordó que la labor de la Procuraduría General de la República no se
limita a las cuotas alimenticias.
- La Procuraduría tiene como labor la protección de la familia.
- Además, garantiza la libertad individual, por medio de la defensa de imputados.
- La institución también debe velar por la defensa de los intereses de los trabajadores ante el ministerio de Trabajo y ámbito judicial.
- Las tareas de mediación para evitar la judicialización de ciertos casos como conflictos familiares. Hacen unas 50 mediaciones al mes.