Foro planea un combate integral

Reinsertar y rehabilitar deben ser estrategias complementarias a las medidas represivas.

La Corte organizó el foro sobre el fenómeno de las maras. Las conclusiones se trasladarán a otra reunión el lunes. Foto EDH

Las instituciones que forman el sector justicia abogaron ayer por un equilibrio en el combate contra el crimen heredado de las pandillas, es decir que debe existir sanción por medio de leyes, pero también reinserción y rehabilitación.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocó ayer a un foro para tratar el fenómeno de las maras y su influencia en delitos. En el mismo participaron el sector justicia y otras instituciones como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Para el presidente de la Corte, Agustín García Calderón, las leyes no deben ser un estorbo para castigar a la delincuencia. García consideró necesario que se analice el problema de la delincuencia y la violencia no sólo desde el punto de vista de las sanciones, sino de la prevención.

Los magistrados de la Sala de lo Civil, Mirna Perla, y de lo Constitucional, Eduardo Tenorio, de la Corte Suprema, opinan que debe haber un balance entre leyes coercitivas y la reinserción y rehabilitación de delincuentes.

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La magistrada Victoria Marina de Avilés, en su disertación, aseguró que el 40 por ciento de la población salvadoreña está compuesta por jóvenes, por que es necesario crear políticas criminales y sociales que generen un ambiente adecuado para el desarrollo de los mismos.

Tenorio rechaza que la Ley del Menor Infractor sea la culpable de los problemas con pandillas que se enfrentan en la actualidad. Sin embargo, aclara, no se puede permitir que los menores infractores y los pandilleros hagan lo que se les antoje.

Juan Carlos Espínola, representante de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), señaló que se deben conocer las causalidades de la violencia juvenil.

Es posible la reinserción, dijo, y uno de los principales ejemplos es el trabajo del Polígono Don Bosco.
Para el Fiscal General, Belisario Artiga, se debe pasar de la represión a una auténtica política criminal. Además, manifestó que el Ejecutivo tiene obligaciones constitucionales. Por esta razón, agregó, deben respetarse los convenios internacionales, al referirse a la modificaciones en la ley antimaras de no procesar menores como adultos.