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Controversia
por fallo sobre colombianos
Un
fallo sobre el decomiso de un cargamento de cocaína en el
mar ha enfrentado a un juez con la Fiscalía. El primero sostiene
que ocurrió en costas salvadoreñas, y el otro, en
aguas interna-cionales. Estados Unidos anunció que estudia
la resolución.
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| Reinel Ardila Vásquez,
Julio Lele Farrufia Caise y Miler Suárez son los procesados.
Foto: EDH/Lissette Lemus |
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La captura
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La escena
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La audiencia
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1 de julio de 2002. Tres colombianos son arrestados en Sonsonate.
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Reconstruyen.
El Juzgado 2o. de Instrucción de Nueva San Salvador
reconstruye el arresto.
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Exonerados.
Los extranjeros son exonerados provisionalmente de narcotráfico.
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Un juez y la Fiscalía chocaron ayer por la decisión
del primero de liberar de cargos a tres colombianos que fueron sorprendidos
en una lancha con casi dos mil kilogramos de cocaína en julio
de 2002.
El juez 2o. de Instrucción de Nueva San Salvador, Rafael
González Núñez, dijo que encontró contradictorias
algunas evidencias y cuestionó la participación de
Estados Unidos en la custodia del cargamento.
El funcionario le restó credibilidad a fotografías
de la narcolancha con el alijo y señaló contradicciones
de peso y pureza entre una muestra de la droga que fue certificada
tras el operativo y la que recibió.
La muestra no concuerda en números, en fardos ni en cantidades
con la misma que supuestamente contenían. No explicándose
este juzgado el porqué, ya que las muestras fueron sacadas
del mismo paquete, señaló.
En la detección de la embarcación participaron autoridades
navales de Estados Unidos, a bordo de la fragata Thomas S. Gates,
las cuales se quedaron con la mayor parte del alijo.
El juez González Núñez argumentó que
Estados Unidos debió entregar a las autoridades judiciales
toda la droga y no sólo una muestra de 10 kilos.
El funcionario señaló que se certificaron 96 paquetes
que contenían, cada uno, 20 kilogramos de cocaína,
es decir, un total de 1,920 kilogramos. De éstos se entregaron
diez kilos como evidencia.
En este punto, la fragata que recolectó los paquetes afirma
que fueron 95, cada uno con 20 kilogramos. Sin embargo, en un informe
de la Tesorería de la Nación, de Estados Unidos, se
detalla que tuvo como evidencia sólo 78 cajas, de las cuales
ninguna pesó 20 kilogramos. El tribunal concluye que debió
presentarse toda la droga.
Territorio
Aunque
inicialmente se dijo que la embarcación fue interceptada
en aguas internacionales, el funcionario determinó que el
operativo fue en mar territorial salvadoreño.
Afirmó que el ingeniero Luis Edgardo Hernández Rodezno,
coordinador de Hidrografía del Instituto Nacional de Registros,
confirmó en un peritaje que la lancha se encontraba en territorio
nacional, a 177.48 millas náuticas de la costa.
Se tiene comprobado que desde que la embarcación fue
avistada desde el aire, se encontraba en territorio salvadoreño,
al igual que la fragata, reza el fallo.
El tribunal razonó también que se irrespetó
lo establecido en la Convención Americana de las Naciones
Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes, por entregar
sólo una muestra de diez kilos de cocaína para iniciar
el proceso penal en contra de los sospechosos.
Sonado caso de droga en alta mar
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Las autoridades dijeron
que la embarcación llevaba un cargamento de mil kilos
de narcóticos.
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Una fragata
de Estados Unidos se incautó de la droga y sólo
entregó una muestra para el proceso penal.
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Las autoridades
afirmaron que la lancha llevaba varios bidones con combustible,
para un largo viaje.
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Tratados
La Fiscalía, sin embargo, asegura que convenios bilaterales
con Estados Unidos permiten ese procedimiento.
El fiscal Alberto Alas Gudiel aludió el tratado mediante
el cual Estados Unidos tiene una base para el combate del narcotráfico
en el Aeropuerto Internacional en Comalapa.
La Convención de Viena de 1988 permite la colaboración
de las partes y, si una no tiene recursos para recolectar la droga,
como fue el caso, la otra parte entrega una muestra que sirva para
el proceso penal, explicó el funcionario.
Al parecer, las autoridades salvadoreñas accedieron a entregar
la droga a Estados Unidos en vista de que no se sentían capaces
de resguardarla.
El año anterior se descubrió que decomisos y evidencias
fueron sustraídos de bodegas judiciales.
Por lo menos un juez fue destituido por estos extra-víos.
El Ministerio Público anunció que llevará el
caso ante un tribunal superior de Santa Tecla.
Mientras tanto, los colombianos favorecidos, Reinel Ardila Vásquez,
Julio Lele Farrufia Caise y Miler Suárez, deberán
esperar el fallo de la Cámara para salir o no de prisión.
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Tribunal
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Fiscalía
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Decomiso en El Salvador. Un peritaje determinó
que el decomiso de la droga se produjo en aguas nacionales
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Aguas internacionales. La incautación de la droga
se hizo en un área donde Estados Unidos colabora en
el combate contra el narcotráfico.
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Toda la droga. El alijo debió entregarse a las autoridades
salvadoreñas en su totalidad y no sólo una muestra
de 10 kilos.
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Sólo 10 kilos de coca. Autoridades de EE.UU.
se llevaron el cargamento porque el país no tenía
recursos para transportarlo. La ley internacional lo permite.
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Labor de secretaria. El juzgado rechazó que
la secretaria Rina Lara haya actuado en la audiencia preliminar
para beneficiar a los procesados.
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Influyó en fallo. La amistad de la secretaria con
el defensor llevó a la Cámara a marginarla del
caso, pero ella estuvo en la audiencia y pudo influir en el
fallo del juez
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Juez: Debió
decomisarse todo
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Jaime García
El Diario de Hoy
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Juez
2o. de Instrucción,
Rafael González Núñez.
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Contradicciones en lo planteado en la acusación
y en las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron
lo que, según el Juez 2o. de Instrucción de
Nueva San Salvador, Rafael González Núñez,
le llevaron a exonerar a tres colombianos de cargos de narcotráfico.
El tribunal razonó que se debió decomisar todo
el cargamento de cocaína interceptado en alta mar y
no sólo una muestra.
Debieron haberse incorporado al proceso los 95 o los
96 fardos(de droga), puesto que fehacientemente no ha podido
establecerse cuántos fueron recuperados en aguas del
mar territorial..., se señala en el fallo.
González Núñez concluyó que la
droga fue decomisada en territorio de El Salvador y no en
aguas internacionales, como sostiene la Fiscalía.
Con esto comprobó que la droga no debió entregarse
en su totalidad a los Estados Unidos.
El juez dijo que hubo contradicciones con la pureza de las
diez muestras tomadas de los diez kilos entregados como evidencia.
Las muestras variaron en su pureza y calidad, aunque éstas
provenían de los mismos kilos.
Otra incoherencia fue el hecho de que algunos testigos mencionaron
que eran 96 fardos de droga; otros, 95, y otros más,
74.
El juzgador dijo que descartó las fotografías
captadas por un avión estadounidense, debido a que
en éstas no se plasmó que los paquetes fueran
de cocaína.
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