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Ecólogos
pierden demanda por la finca El Espino
La
zona surponiente de las faldas del volcán de San Salvador
ha sido motivo de demandas constitucionales por parte de grupos
ecológicos. En esta ocasión, la Corte Suprema denegó
una petición de amparo de la UNES.
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Las obras de carreteras
en medio de la finca El Espino también han motivado
demandas.
Foto EDH
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Un grupo de ecologistas perdió una demanda por una construcción
en 34 manzanas de la finca El Espino, en las inmediaciones de la
avenida Chiltiupán, en Ciudad Merliot, La Libertad.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema falló de
manera desfavorable a una demanda de amparo de la Unidad Ecológica
Salvadoreña (UNES) contra el Ministerio de Medio Ambiente,
que permitió las obras.
El recurso fue interpuesto por la UNES hace dos años, pero
la Sala de lo Constitucional resolvió hasta el 26 de junio
anterior, poco antes de renovarse, explicó Ángel Ibarra
de la UNES.
Se trataba de la inconformidad de la organización no gubernamental
(ONG) con la construcción de un centro comercial en el área,
a un costado de la carretera Panamericana.
La ejecución del proyecto significaba la tala de cientos
de árboles, lo cual tendría un gran impacto ambiental
en dicho sector y las ciudades circunvecinas.
El terreno que motivó la querella es conocido como Zona Privada
El Espino.
Razona
En la resolución judicial intervinieron dos magistrados que
finalizaron su gestión de nueve años. Se trata de
René Hernández Valiente y Mario Solano. Este último
razonó su voto, pero no fue posible tener acceso al mismo.
Solano se caracterizó durante su período como un funcionario
que disentía de sus colegas en algunos temas y emitía
su voto razonado en contra del resto.
Los otros firmantes de la resolución, para sumar mayoría
de cuatro contra Solano, fueron: Agustín García Calderón,
Eduardo Tenorio y Julio Acosta.
El tribunal establece que “se sobresee en el presente proceso
respecto de la supuesta violación al bien común y
a la vida digna, por no tratarse de derechos fundamentales o categorías
jurídicas subjetivas protegibles por la vía del proceso
de amparo”.
Ibarra aseguró que el permiso oficial que facilitó
la construcción era ilegal, pues no siguió los procedimientos
de rigor.
La Corte tampoco tomó en cuenta las observaciones de un juez
de Instrucción de Nueva San Salvador ni la incorporación
de dos especialistas que la UNES solicitó que se agregaran,
señaló el ecologista.
Ángel Ibarra
UNES “La Sala de lo Constitucional (la que estuvo en funciones
hasta el 30 de junio) se despidió con esta resolución
adversa que sólo contribuye a la impunidad de la depredación
ambiental. Sabemos que hubo presiones”.
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