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Crece Mordaza
Proponen restricciones para obtener documentos oficiales
La Corte de Cuentas pretende convertir a los empleados públicos
en “guardianes” de documentos. El Anteproyecto de Ley
de Ética pretende declarar cierto tipo de informaciones como
“secretas” y “reservadas”.
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Los alcances
El nuevo anteproyecto de Ley de Ética Gubernamental contiene
prohibiciones expresas para que los servidores o empleados públicos
den a conocer información. Sanciona a los que colaboren
y es arbitraria |
- Bloqueo
Los requisitos de un empleado modelo
La confidencialidad es parte de los principios del “servidor
público”. No debe divulgar o proveer información
considerada “especial”, “confidencial”,
“reservada” o “secreta”. |
- Sanciones
“Acciones contra la Ética Gubernamental”
Se considera como digno de sanción a aquel funcionario
o trabajador de los diferentes órganos del Gobierno que
no sepa custodiar documentos o que revele información
“clasificada”. |
- Sin
ley
Acceso a la información
Las prohibiciones para dar documentación están
basadas en una ley inexistente. “Es para cuando una Ley
lo permita (la restricción)”, explicó Hernán
Contreras, de la Corte de Cuentas. |
Para Hernán Contreras, el presidente de la Corte de Cuentas
de la República, el servidor público ideal es aquel
que guarde con celo documentos oficiales que, previamente, hayan
sido catalogados como “secretos”, “reservados”
o “clasificados”.
Si estas disposiciones estuvieran vigentes, jamás se habría
conocido la corrupción de la ANDA cuando era dirigida por
Carlos Perla.
Los “guardianes de la información” son la piedra
angular del Anteproyecto de Ley de Ética Gubernamental, defendido
ayer por Contreras frente a los diputados de la Comisión
de Legislación y Puntos Constitucionales.
En al menos seis artículos del proyecto (que antes se denominaba
“Código de Ética Gubernamental”), se identifican,
con claridad, disposiciones que restringen el acceso a escritos
gubernamentales.
Así se privilegia la confidencialidad como un “principio”
de los servidores públicos, en tanto no divulguen información
“secreta o especial para los intereses del Estado”.
Además, los trabajadores estatales que entreguen escritos
“reservados” serán sometidos a multas que dependerán
de la jerarquía que éste tenga en la burocracia, de
la “gravedad” de la falta y de su “repercusión
social” (Art. 26).
“¿Cuál ley?”
El literal “c”, del artículo 12, del anteproyecto
mordaza de la Corte de Cuentas, ordena a los servidores públicos
“ser transparente en las decisiones adoptadas sin restringir
información, excepto cuando la ley lo remita”.
—¿A cuál ley se refiere? —preguntó
el diputado arenero Gerardo Suvillaga, presidente de la Comisión
de Legislación.
—Esto es cuando una ley en concreto lo permita. Si no, se debe
restringir la información. En otros puntos remitimos a la
Constitución. Si no hay una ley que regule, el artículo
tiene validez. Permite restringir, pero por ley general no permite
restringir información —explicó Contreras, presidente
de la Corte.
La misma observación hizo Suvillaga cuando el literal “h”,
del artículo 16, prohíbe “vender o divulgar documentación
o informes que hubieren sido declarados secretos y confidenciales
por la ley y a los que el servidor público haya tenido acceso
en razón de su cargo”.
“Queda menos malo si dice ley y no ‘autoridad competente’
(como originalmente estaba propuesto)”, justificó Contreras.
Al diputado arenero no le convenció la explicación
y consideró que era necesario pedir la opinión de
la asociación de periodistas y de la ONG Probidad.
Ambas organizaciones estuvieron en contra del primer borrador de
la ley y han sido invitadas para participar el próximo viernes
en la discusión del anteproyecto de ley.
Óscar Abraham Kattán, diputado suplente del CDU, indicó
que en la Corte Suprema de Justicia hay una iniciativa para establecer
el hábeas data como un recurso para obtener documentación
oficial, una figura que existe en muchas naciones.
La iniciativa de la Contraloría, empero, señaló
Kattán, busca restringir el acceso a la información.
El anteproyecto de Ley pretende crear una “Oficina de Ética
Gubernamental”, que estará adscrita a la Corte de Cuentas.
Una de sus funciones será la de “velar que los ciudadanos
tengan acceso a la información, en base a la Constitución
de la República”.
La única mención que contiene la Carta Magna a este
respecto es en lo referente a la libre expresión (artículo
6).
Suvillaga interrogó a Contreras para conocer si ya tiene
una partida presupuestaria para que tal Oficina de Ética
Gubernamental funcione en todo el país.
El Presidente de la Corte de Cuentas reveló que no tiene
ninguna partida, debido a que la ley no ha sido aprobada.
Comentario
Oiga...caminan al revés
La Corte de Cuentas intenta meter al país, y a los legisladores,
en un verdadero embrollo si se aprueba el proyecto de ley que propone,
esa institución, para normar el desempeño ético
de los funcionarios.
Ese proyecto convertiría a los diputados, y a esa institución,
en los peores violadores de un derecho humano: el que protege el
acceso a la información.
Aunque bien intencionado, el proyecto posee al menos cuatro disposiciones
que constituyen un atropello al derecho que tienen los ciudadanos
a informarse. De paso, agarran a patadas el libre ejercicio del
periodismo.
Para empezar, el proyecto obligaría a los funcionarios a
no divulgar información “secreta” o especial para
los intereses del Estado.
Lo peor es que la propuesta se hace en un país donde el secreto
de Estado no está regulado. ¿Quién le dice
a los salvadoreños qué es un secreto de Estado?
En un estado moderno, esa definición está restringida
a los asuntos de seguridad nacional.
Entonces, si el proyecto se aprueba de esa manera, nacería
a la vida jurídica un concepto de secreto de Estado al que
nadie le ha colocado parales.
Peor aún es la prohibición del funcionario de divulgar
información especial.
¿Qué podemos entender por “especial”? Además...
¿quien define lo especial? ¿El funcionario público?
La figura no puede ser más indeterminada.
Si al fin y al cabo lo que quieren es construir una patente para
que un servidor decida, a su antojo, lo que quiere ocultar o no,
pues entonces que lo digan con sinceridad. Eso es mejor que crear
alambiques jurídicos para construir licor de contrabando
que unos pocos quieren beber.
El proyecto es un verdadero desatino. La Corte de Cuentas se equivocó:
si quiere que nadie se robe nada, la propuesta debió ser
la construcción de una ley de acceso a la información.
*Lafitte Fernández
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