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Cargos formales
Fiscalía acusará a Carlos Perla
La Corte Suprema de Justicia alertó a la Fiscalía
General sobre un posible enriquecimiento ilegal por parte de Carlos
Perla, el ex presidente de la ANDA.
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| Narciso Rovira Flores, abogado de Carlos
Perla, se presentó ayer en representación de su
cliente ante la Fiscalía. Perla estaría fuera
del país y recibirá otra cita de la Fiscalía.
Foto Arturo Silva |
La Fiscalía General de la República (FGR) acusará
formalmente al ex presidente de la Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, por supuesto
enriquecimiento ilícito.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema determinó
que Perla no ha podido justificar un excedente de casi cien mil
dólares en su patrimonio.
El Fiscal General, Belisario Artiga, informó que citó
para ayer a Perla “para notificarle su calidad de imputado”
en la investigación. “Se le cita para intimarlo”,
subrayó.
La ley manda a las autoridades informar a los acusados previamente
sobre los cargos que pesan contra ellos.
Pero el ex presidente de la ANDA no compareció.
La indagación seguirá, agregó Artiga, para
determinar los ilícitos y oportunamente presentar requerimiento
(denuncia o demanda) al juez correspondiente.
Artiga dijo que la investigación sobre Perla ya lleva un
año.
Perla al parecer está fuera del país y en su lugar
se presentó a Fiscalía su abogado Narciso Rovira.
El Ministerio Público anunció que volverá a
citar al ex funcionario.
Antecedentes
Pero este hecho tiene un antecedente: las irregularidades en el
Proyecto Río Lempa II, el cual fue recibido y pagado sin
que hubiera sido concluido.
En mayo de 2002, siendo presidente de ANDA, Carlos Perla inauguró
lo que se suponía era una sofisticada obra que permitía
llevar 1,200 litros de agua por segundo adicionales desde el río
Lempa hasta el Gran Salvador.
La inversión de la obra es de 33.4 millones de dólares
y se esperaba que los capitalinos cuenten con un abastecimiento
de agua proveniente del Lempa para los próximos 20 años.
Tras el proyecto aparece la figura del español Joaquín
Alviz, gerente único, en su momento, de una sociedad que
incluía a las firmas Isolux, Hidromecánica Extremeña
e Icasur.
Precisamente a esta sociedad se encomendó la construcción
del Río Lempa II, pero irregularidades y problemas legales
de Alviz con sus socios en España habrían atrasado
la entrega completa del proyecto, el cual fue pagado como si estuviera
terminado.
Una comisión especial de la Asamblea Legislativa también
estudia el caso.
Eficiente cruce de los datos
La indagación fiscal en el caso de Carlos Perla que, según
el Fiscal General, Belisario Artiga, duró un año,
ha resultado de un eficiente cruce de datos entre el organismo que
dirige y dos instituciones más.
El Ministerio Público se sirvió de los informes de
la Corte de Cuentas de la República y de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), por medio de su departamento de Probidad.
En ese sentido, agregó Artiga, necesitó contar con
el aporte de la Corte de Cuentas que hizo un examen especial.
Esa institución estableció responsabilidades administrativas
y refirió al Ministerio Público una certificación
del informe.
En éste se sostienen algunos indicios penales que a juicio
del ente contralor del Estado deben ser investigados por la Fiscalía.
Otro informe
Paralelo a este reporte del órgano contralor del Estado hay
otro informe que la Fiscalía recibió de Probidad de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En él se analizan las declaraciones patrimoniales de Perla
a la entrada y salida de su cargo.
De ahí es donde nacen algunos indicios sobre la posible responsabilidad
penal del ex funcionario, pues se detectaron ingresos no justificados
que suman cerca de 100 mil dólares, casi 900 mil colones.
La Ley de Probidad exige a los funcionarios públicos que
deben entregar su informe de patrimonio, como mínimo, 60
días después de su toma de posesión y 60 días
después que abandonan el mismo. Dichos reportes pueden dar
indicios del enriquecimiento ilícito.
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