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Exigen a la Corte acatar resoluciones
Ex jueces piden ser reinstalados
La base de la petición es que la Corte Suprema de Justicia
no respetó el debido proceso ni la Constitución.
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| Ex jueces separados de sus
cargos y jueces señalados que tienen título irregular
exigieron a la Corte hacer los reinstalos. Foto
Digital: Lizette Moreno. |
Los ex jueces separados de sus cargos acusados de ostentar títulos
de abogado irregulares exigieron ayer a la Corte Suprema de Justicia
cumplir las recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos (PDDH) y reinstalarlos en sus cargos.
Los ex funcionarios, aglutinados en la Asociación de Juristas
por la Justicia y el Bien Común, pidieron a la Corte que
reconozca públicamente que ha cometido graves violaciones
en la destitución ilegal, violatoria y arbitraria de los
afectados.
Legal o ilegal
La semana pasada, la Procuraduría de Derechos Humanos, en
una resolución sobre la remoción de funcionarios judiciales
por parte de la Corte Suprema a consecuencia de una investigación
sobre títulos presuntamente irregulares, recomendó
el reinstalo de 38 ex jueces.
Los ex jueces sostuvieron que en las remociones se estableció
que existió violación al derecho humano y al debido
proceso legal por inobservancia de principios de legalidad, de igualdad
y de seguridad jurídica.
También, las remociones se efectuaron basadas en un proceso
no concluido por el Ministerio de Educación.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Agustín García
Calderón, y el magistrado Mario Solano (ver nota aparte)
han manifestado que no se violó el debido proceso porque
se les dio oportunidad de defenderse.
Además, las remociones fueron parte de un proceso interno
disciplinario del Órgano Judicial.
Sin embargo, el ex juez de Ejecución de Medidas de Santa
Ana, Oscar Amador, argumentó que el debido proceso no consiste
sólo en dar oportunidad de defenderse, sino de respetar la
legalidad de los procesos.
“Si no hay delito, no hay pena. El debido proceso implica el
respeto a los principios constitucionales”, dijo Amador.
La misma posición comparte la Jueza de Paz de Turín,
Ahuachapán, quien reiteró que la Corte debió
respetar los procesos legales y no hacer remociones sin haber agotado
las instancias correspondientes.
Los ex funcionarios advirtieron que los títulos señalados
fueron obtenidos de universidades privadas autorizadas por el Ministerio
de Educación, tras abandonar la Universidad de El Salvador,
debido a la turbulencia política de los años ochenta
y noventa.
“Que habiéndose realizado múltiples investigaciones
por el Ministerio Público, la comisión especial nombrada
por la Corte y últimamente la Procuraduría de Derechos
Humanos, ninguna ha determinado que los títulos sean falsos.
Por el contrario, Educación ha dicho que los estudios son
válidos”, dicen los ex jueces.
El ex juez Amador indicó que si la Corte Suprema no reinstala
a los afectados durante los 30 días que ha dado como plazo
la Procuraduría, se expone a ser denunciada de manera pública.
Algunos de los ex jueces afirmaron que se encuentran desempleados
a la espera de la respuesta que pudieran dar las autoridades de
la Corte Suprema en cada caso.
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