Anuncian recursos a la Corte

Para el Comité de Afectados del Decreto 1024, los diputados deberían reconocer su error y modificar los artículos 3,4 y 5, para evitar así el cierre de empresas

Pedro Rodríguez
Nacional
El Diario de Hoy
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El Comité de Afectados del Decreto 1024 presentará un recurso de amparo masivo a la Corte Suprema de Justicia en los próximos días, si la Asamblea Legislativa no modifica tres artículos del referido decreto que, al parecer, llevan al cierre de numerosas empresas que tenían contratos de concesión de servicios con Seguro Social y el Ministerio de Salud.
El presidente del comité, doctor Ricardo Novoa Arciniegas, afirma que, hasta la fecha, la Corte no ha dado ninguna resolución de los amparos presentados de forma individual por algunos empresarios afectados.

Novoa Arciniegas matiza que el trabajo de recopilar y analizar la documentación de los afectados no es una tarea de horas. Asimismo, reconoce que no sabe cuántas son las empresas afectadas.
Contra reloj
El comité trabaja de forma exhaustiva con la finalidad de presentar los recursos antes de que inicien las vacaciones de fin de año.
Tanto los Magistrados de la Corte como los diputados de la Asamblea Legislativa trabajarán hasta el lunes 23 de este mes.

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Novoa Arciniegas espera que, en el procedimiento interno, la Corte Suprema sea diligente. Además, que al ver el impacto social que provocará el cierre de las empresas, tenga una adecuación especial de diligencia. “No de favoritismo, sino de diligencia”, dice el abogado.
Para el presidente de los afectados, lo lógico es que los diputados reconozcan su error y que hagan modificaciones a los artículos 3,4 y 5, que son los que acabarán con las pequeñas y medianas empresas.

En un comunicado del comité publicado ayer se señala que existe abundante argumentación legal para sostener que todos los contratos de los proveedores son válidos.
Para los afectados, el decreto es inconstitucional, por lo que amerita derogarse o, por lo menos, modificarse.
La ley que regula los contratos es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la cual debe prevalecer y respetarse.
Novoa concluye que el decreto que aprobaron los diputados provocará desempleo y desatención a pacientes.