‘El Salvador cayó en una situación de anarquía’

Hugo Barrera, ex ministro de Seguridad Pública y hombre que siempre ha defendido la ideología de derecha, asegura que las autoridades judiciales ignoraron la ley y no ordenaron capturas en una huelga ilegal. El Ejecutivo no restableció el estado de Derecho que ordena la Constitución

Julio Calderón/El Diario de Hoy
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Hugo Barrera explica que las leyes le confieren al Ejecutivo la potestad de usar la fuerza y restablecer el orden. Foto: EDH

El Salvador acaba de pasar por uno de los conflictos sociales más graves después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992. Manejados al antojo de intereses políticos de la izquierda radical del país, el gremio médico abandonó a los pacientes, bloqueó calles y provocó un desorden contra el estado de Derecho. Tras declarar ilegal la huelga, que surgió bajo la bandera de “la defensa de los derechos del pueblo”, todo se volvió más ilegal de lo que fue al inicio. Las autoridades, aún conscientes de que los huelguistas violaban la ley, no la hicieron prevalecer, cayendo también en la violación a la misma ley, que las faculta y manda a establecer el orden público. Hugo Barrera, ex ministro de Seguridad Pública, denuncia que en El Salvador reinó la anarquía.

El Diario de Hoy (EDH): ¿Cómo ve los últimos acontecimientos en el país?
Hugo Barrera: Esto se puede ver desde varios puntos de vista. Uno es que esto es una actividad que viene del Partido Comunista (PC), lo que son los intereses de grupos políticos que se confunden con los intereses de orden social nacional. Están a la búsqueda de intereses electorales, y con eso están atropellando los intereses de la sociedad casi en términos generales, porque con las acciones que hacen, con el apoyo al Colegio Médico y de los sindicalistas del ISSS, se deja sin atención a los derechohabientes.

¿Y a quién están dirigidos esos mensajes?
Las autoridades deben entender que esto es político. En segundo, que la obligación de los funcionarios debe estar enmarcada en lo que establecen las leyes. Estamos viviendo en un estado de Derecho, y de no hacer lo que la ley manda, se corre el riesgo de que se esté incumpliendo la ley también por parte de la autoridad misma.

Y el gobierno, ¿ha incumplido también la ley?
Creo que sí.

¿Desde cuándo? ¿Desde que la huelga se declaró ilegal?
Aun antes, cuando se da este tipo de acciones de cierre de hospitales. Desde antes de que se declarara ilegal, porque las acciones estaban orientadas a entorpecer la libre circulación vehicular, a no dar las consultas, a no dar la atención médica a los pacientes. Todo eso es un estado de desorden, y la autoridad está obligada a mantener el orden. Si alguien genera desorden, saliéndose de los parámetros legales, la autoridad está obligada, por ley, a intervenir, y para poner orden debe hacerlo, primero, por medio de un diálogo, y segundo, si no resulta, se hace por la fuerza lógica que la ley misma no sólo permite, sino que obliga a emplear. Eso es cosa de Seguridad Pública, pero todo depende directamente del Presidente.

Entonces caemos en una situación grave...
Caemos en una situación de anarquía, producto de que la autoridad responsable del orden únicamente hace acto de presencia, pero no procede para restablecer el orden en situaciones que han alterado el orden. Es cierto que tienen derecho a expresarse y a manifestarse, pero debe estar enmarcado en lo que la ley establece.

Pero los empleados de salud, y creo que todos los del sector público, no se pueden ir a huelga...
Ningún empleado de gobierno puede irse a la huelga, de acuerdo con las leyes primarias y secundarias que tenemos. Había un acuerdo con la ex procuradora de Derechos Humanos, Victoria de Avilés, que lo firmamos cuando yo estaba en Seguridad Pública. Acordamos que en situaciones de huelga, cierre de calles y alteraciones al orden, ellos iban a intervenir para solucionar la situación del momento, y que luego ellos, al no lograr resultados positivos en un corto plazo, nos notificaban y nosotros interveníamos usando la fuerza que nos faculta la ley.

¿Y eso es algo que está vigente?
Sí.

¿Entonces por qué no se hizo uso de eso?
Habría que preguntarle a la señora esa... de Carrillo. Ella no puede alegar ignorancia de ese documento.
Hablando de ella, la PDDH se pronunció sobre los derechos de los huelguistas, pero no lo hizo en cuanto a los derechos de los pacientes...
Ese fue un error de ella, porque únicamente se puso del lado de los que estaban violando los derechos de miles de pacientes.

Retomando lo del gobierno, que no hizo cumplir la ley, ¿que habrá sucedido?
No sé.
Perdone que insista, pero entonces el gobierno falló y se salió del marco jurídico nacional.
Todo funcionario público no puede alegar ignorancia de la ley. La ley le puede otorgar hacer tal cosa, pero la ley no lo obliga a que lo haga.

Sí, lo entiendo, pero se ignoró que la ley ordena el restablecimiento del orden público.
Cuando a uno lo juramentan como funcionario, uno jura cumplir la ley y hacerla cumplir en el área que le compete. Siento que esto es algo que se debe tomar muy en consideración.
¿Caso contrario?
El hecho de no cumplir lo que la ley manda también pone a la autoridad misma al margen de la ley. Y, además, hay una ordenanza municipal que establece que cuando vaya a haber marchas y concentraciones, se debe notificar a la Alcaldía de San Salvador y esperar a que les extiendan un permiso.
O sea que la policía, cuando vea una marcha, puede exigir ese permiso...
Y si no lo tienen, entonces están sin autorización para hacerla, y se procederá a establecer el orden conforme lo manda la ley.
¿Y qué se puede hacer al respecto? Ya son los huelguistas y el gobierno los que están violando las leyes del país.
Eso se llama anarquía. Hay que preguntarle a las autoridades. Ellas deben actuar incluso haciendo uso de la fuerza, pero dentro del marco legal, contra aquellos que se salen del orden público. Es algo gravísimo el grado de anarquía en la que caímos.

¿Qué se puede hacer para solucionar esa situación?
Mandarles, por lo menos, telegramas a las autoridades, para que hagan cumplir la ley.
O haciendo uso de los mecanismos legales...
Sí. Imagino que hasta demandas se pueden hacer.

La huelga fue declarada ilegal, ¿el juez que lo hizo puede dictar órdenes de captura contra los huelguistas?
Claro que lo puede hacer.

¿Qué lección hay que aprender de todo esto?
El pueblo, claramente, ha visto que esto es una manipulación del Partido Comunista, y será en cualquiera de las elecciones que va a pasar facturas, dándoles menos diputados, dos o tres, nada más, al FMLN.
Pero el FMLN dice estar luchando por los derechos del pueblo y ha alterado el orden público haciendo eso...

El Salvador es un país con democracia representativa, y compete al Ejecutivo, el que ha sido elegido por el pueblo, dictaminar los intereses de la nación. Claro que se pueden tomar en cuenta las opiniones, pero quien tiene las riendas de la administración es el gobierno electo y, si se equivoca, el pueblo se lo va a cobrar en las elecciones, pero tampoco se trata de entorpecer un proceso sólo porque a ellos (FMLN) no les gusta. Ellos no son los responsables de la administración, entonces tienen que dejar que los otros gobiernen.
Viéndolo desde otro punto de vista, el gobierno cedió y cumplió las demandas de los huelguistas, pero ellos no han cedido un ápice.

El juez de lo Laboral que declaró ilegal la huelga puede hacer cumplir la ley, que dice que, después de 24 horas de eso, los huelguistas deben reincorporarse a sus trabajos, y no lo hicieron.

¿En qué incurrieron?
Primero, en desacato a una orden judicial. Segundo, no están trabajando, están perjudicando a grandes cantidades de salvadoreños que necesitan del apoyo médico profesional.
Entonces pudo haber procedido girando órdenes de captura.

No entiendo por qué no ha procedido, porque debió hacerlo. Por otra parte, el Ejecutivo debió tomar sus decisiones. Primero, ya no trabajan allí, ya no se les debe nada, porque no cumplir la ley da lugar a que más personas vayan pensando que aquí la cosa es libre, que hay libertinaje, que hay anarquía, que nadie tiene que cumplir la ley y que todo mundo puede romper el esquema legal, salirse de los parámetros y hacer lo que les dé la gana, y eso va en contra del estado de Derecho que tanto venimos peleando desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Entonces, ¿el Gobierno violó la ley al no hacer lo que la ley le manda?
Definitivamente. Estoy de acuerdo con eso. Las autoridades correspondientes, al no hacer cumplir la ley, ellos mismos están infringiéndola. En la medida que no hagan cumplir la ley, van a ir viendo los médicos que pueden hacer más cosas, y como no les pasa nada... y todavía los señores médicos ¡quieren que se les pague por los días que no han atendido al usuario!

¿Cómo ve que no se paguen las cotizaciones al ISSS mientras dure la huelga?
Eso podría tener consecuencias más graves. Esto no tiene que estar orientado por los civiles ni por la empresa privada, sino por las autoridades, para poner orden y garantizar la seguridad del ciudadano. Nunca antes se ha violentado tanto la seguridad en salud como hoy, y por los propios médicos, que en el Código de Ética del Colegio Médico establece que ni siquiera en los extremos casos de huelga los médicos podrán abandonar a los pacientes, y lo que han hecho es abandonarlos de forma inhumana.

El gobierno denuncia que el fracaso del ISSS es la corrupción. ¿Por qué no se individualizan delitos?
No puede ser todo el ISSS corrupto. Lo que se tiene que hacer es investigar, con niveles morales que ayuden a resolver ese tipo de cosas.

¿Investigar o tener el coraje político de denunciar lo que ya sabe?
Las dos cosas, porque para poner una denuncia tiene que haber un fundamento. El Departamento de Cuello Blanco de la policía puede proceder con una investigación.

¿La Fiscalía General debió tomar cartas en esto desde hace mucho tiempo?
¡Por supuesto que sí! La Fiscalía es responsable de velar por los derechos del Estado.
¿Y la PDDH?
Esta señora de Carrillo... o no está en el país o no tiene interés por los derechohabientes. Esto es un gran atropello de parte de la persona defensora de los derechos humanos en contra de los usuarios del ISSS.

Pero las resoluciones de la PDDH únicamente tienen carácter de recomendable, ¿entonces de qué sirve que hable?
Sus resoluciones no son vinculantes, pero, realmente hablando, pueden salir muy bien o mal. En este caso salieron muy mal, porque se pusieron del lado inhumano, a favor de los que están haciendo también algo inhumano. Y ahora quieren regresar como si nada pasó.