CEL pagará
¢18 millones y medio
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia negó a la CEL un recurso que
pretendía anular la condena impuesta por
el Juzgado de Sentencia de San Vicente por el
mal manejo de las compuertas de la presa 15 de
Septiembre en 1998.
- Edward
Gutiérrez
- El Diario
de Hoy
El
Estado, por medio de la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa (CEL), deberá indemnizar con 18
millones de colones a un grupo de agricultores y
ganaderos de Usulután y San Vicente,
cuyos bienes fueron destruidos por las aguas de
la presa 15 de Septiembre, en octubre de 1998,
fecha en que el país fue azotado por la
tormenta tropical "Mitch".
La obligación de CEL de cancelar el
millonario quedó firme, luego de que la
Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) rechazara un recurso de casación o
revisión, con que los abogados de la
hidroeléctrica pretendía anular el
pago impuesto por un tribunal de sentencia de
San Vicente, el año pasado.
Los ingenieros Antonio Cornejo Avalos y Luis
Ardón Hernández, empleados de la
CEL, fueron declarados "culpables" por un jurado
o tribunal de conciencia por el mal manejo de
las compuertas de la presa y por causar estragos
a los agricultores del distrito de riego
Lempa-Acahuapa.
Acto seguido, el Juzgado de Sentencia de San
Vicente determinó que la CEL era
"subsidiaria" por los estragos generados por la
negligencia de ambos ingenieros y la
condenó a pagar 18 millones 655 mil 505
colones para compensar las pérdidas en
cultivos y ganado establecidos en un
valúo.
Entre los afectados se encuentra el ex
ministro de agricultura Oscar Manuel
Gutiérrez quien, según los
cálculos del tribunal, recibirá
cuatro millones 911 mil colones 311 colones, lo
que lo convierte en la víctima que
más dinero recibirá en concepto de
indemnización.
Silencio en la CEL
La CEL, como en ocasiones anteriores, ha
guardado silencio.
Ayer se llamó a la oficina de
comunicaciones de la estatal en búsqueda
de una posición oficial, pero ésta
nunca llegó.
Uno de los abogados que trabajaron en
establecer la culpabilidad de los ingenieros de
CEL en el mal manejo de las compuertas, Hugo
López, mostró su
satisfacción por el fallo de la Sala de
lo Penal.
Dijo que el planteamiento de la defensa de
CEL por revertir el fallo no tuvo éxito.
Aseguró que los defensores
pretendían que la Corte anulara la
condena alegando un mal procedimiento.
Y en efecto, en la lectura del fallo de la
Sala de lo Penal se puede apreciar que los
defensores de la hidroeléctrica alegaron
fallas de la jueza de sentencia Aída de
Castaneda en relación a la
calificación del delito, pero la Corte le
dio el espaldarazo a la funcionaria judicial y
estableció que su actuación fue
buena.
"Este tribunal considera que la
mecánica seguida por la señora
juez al resolver el incidente citado es
permitida", dice textualmente una de las
consideraciones de la Sala de lo Penal.
De acuerdo con el abogado López, la
CEL habría interpuesto un recurso de
revocatoria o anulación del fallo ante la
Sala de lo Penal, en un último esfuerzo
por cambiar las cosas.
Dados los antecedentes en estos juicios,
resultaba muy difícil, aunque no
imposible, que los magistrados de la Sala de lo
Penal anularan su propio fallo, por lo que los
abogados de los afectados ya cantaban
victoria.
Un largo juicio
En octubre de 1998, El Salvador y otros
países de Centro América estaban
bajo la influencia de la tormenta tropical
"Mitch".
Las constantes lluvias provocaron que el
embalse de la presa 15 de Septiembre llegara a
sus máximos niveles.
La CEL determinó que era necesario
realizar descargas, pues, de lo contrario, la
presa podría colapsar.
Las descargas fueron tales que los cultivos y
el ganado de muchos agricultores de San Vicente
y Usulután se perdieron.
La batalla legal comenzó. Por un lado,
los abogados de CEL aseguraron que los
agricultores fueron alertados sobre las
descargas.
La Fiscalía de San Vicente y los
acusadores particulares sostuvieron que hubo
negligencia al no prever que el fenómeno
climatológico se acercaba y que
provocaría el aumento en los niveles de
la represa.
De haberse tomado las precauciones del caso,
dijo la Fiscalía, se hubieran realizado
descargas paulatinas, de tal manera que se las
inundaciones se hubieran evitado.
Los miembros del jurado le dieron la
razón a la Fiscalía General.
