Estado a la caza de
fondos
El Gobierno necesita dinero para financiar
el Presupuesto General de la Nación,
pagar la deuda de corto plazo y subsidiar el
Documento Único de Identidad
Roxana
Huezo
El Diario de Hoy
El
Gobierno tiene deudas que pagar y tiene
problemas para conseguir el dinero necesario
para sostener la casa de seis millones de
salvadoreños.
El funcionamiento del aparato estatal del
próximo año depende de la
aprobación de un paquete de
Títulos Valores por un monto de $470.5
millones (4 mil millones 116 mil 875
colones).
Según el anteproyecto de la ley del
presupuesto de 2002, esa cantidad es la que le
hace falta al Estado para que cuadren las
cuentas entre ingresos y gastos.
Año tras año, el monto del
presupuesto aumenta. En esa misma medida crece
el déficit. La única manera de
solventar el hueco es emitiendo bonos.
Otra manera de amortiguar la necesidad de
dinero es con préstamos de organismos
internacionales, como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).
Todo lo que tenga que ver con endeudamiento
debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Ese ha sido el camino escabroso con el que se ha
encontrado el Presidente de la
República.
Hay seis préstamos en suspenso en la
Comisión de Hacienda.
Dos de ellos se encuentran en la etapa de
aprobación y el resto tiene que ser
ratificado, para lo cual se necesitan 56 votos,
es decir, el apoyo del FMLN.
Los empréstitos totalizan 113.1
millones de dólares (¢989.8
millones).
Pero esa cantidad está por
aumentar.
El mandatario anunció que el
presidente del Fondo de Inversión Social
(FISDL), Miguel Simán, ya
estableció las bases para suscribir un
nuevo préstamo con el BID por 70 millones
de dólares (¢612.5 millones).
Los fondos obtenidos serían invertidos
en proyectos comunales.
Planean repartirlos entre las
alcaldías que ya no tienen dinero para
ejecutar las obras que la ciudadanía
demanda.
No se repartirá entre las 262
municipalidades. Algunas aún cuentan con
remanentes del seis por ciento del Presupuesto
General de la Nación que, por la ley del
FODES, les corresponde recibir anualmente.
Esas comunas, según Simán, no
serán premiadas con más
fondos.
Más necesidad
La emisión de Documento Único
de Identidad (DUI) también significa
erogación de dinero para el Estado.
Para que los ciudadanos no cancelen el
documento, el Ministerio de Hacienda
emprendió la búsqueda de fuentes
de financiamiento.
Idearon la manera de generar más
ingresos al Fondo General de la
Nación.
Supeditaron la gratuidad del DUI a una serie
de reformas legales. Así mataban dos
pájaros de un mismo tiro. Eso porque es
urgente convertir la deuda flotante (pagadera en
menos de un año) en deuda de largo
plazo.
El Gobierno viene arrastrando un compromiso
financiero que asciende a 718 millones de
dólares (seis mil millones 282.5 de
colones).
Eso equivale a la deuda flotante acumulada de
1999, 2000 y 2001. Pero para eso también
requieren los votos del FMLN. Lo que
estaría sujeto a una negociación
de intercambio de favores. De lo contrario, el
DUI será otro proyecto desfinanciado.
El
DUI nació sin
financiamiento
En la ley para
la emisión del DUI se establecieron
cuatro fuentes de financiamiento. Sólo
una contó con los votos de los diputados.
El resto quedó pendiente de
discusión y de aprobación
No
hay 8% del presupuesto
En medio de la
inauguración del XVII Congreso Nacional
de Municipalidades, el presidente Francisco
Flores desilusionó a muchos
alcaldes.