Por “La Historia del Peloponeso” de Tucídides, así como las obras de nuestro contemporáneo el profesor Charles Tilly en particular “Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990”, me siguen confirmando que las guerras inciden poderosamente en la formación de los Estados, aunque hasta en los últimos siglos las grandes convulsiones derivaron en sociedades democráticas. En Europa aún existen monarquías; sin embargo, los reyes ya no son actores políticos relevantes.
La Guerra Fría y la guerra civil en El Salvador encarnaron la profunda observación del historiador griego: “Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. El sentido toral de la democracia, la equidad, los derechos humanos, la Corte Penal Internacional, la protección al medio ambiente, reside en ese punto: que la acción de los fuertes propicie que los débiles dejen de serlo y no sufran más.
Esa transición es lo que ocurrió para EE. UU. y El Salvador entre 1989 y 1992, entre las negociaciones y los Acuerdos de Paz. Atrás, gobiernos demócratas y republicanos utilizaron su poder equívocamente en episodios claves de El Salvador. El trigésimo primer presidente Herbert Hoover -republicano- no se posicionó enérgicamente ante el golpe de Estado de diciembre de 1931 contra el gobierno civilista y liberal de Arturo Araujo, quien se inspiró sinceramente en la agenda laborista británica para ejecutar reformas sociales en un El Salvador de millón y medio de habitantes. En el desarrollo de la crisis mundial -precedida por el proteccionismo y los aranceles en EE. UU. contra 25 mil bienes importados que desembocaron en el colapso de la Bolsa de octubre de 1929- el siguiente presidente, el demócrata Franklin Roosevelt, profundizó el error y reconoció a Maximiliano Hernández Martínez en 1935 tras elecciones amañadas en las que fue el único candidato.
No repetir ese error fue lo que hizo la embajadora interina Jean Manes aquel 21 de septiembre de 2021 cuando los diputados a la orden de Nayib Bukele habían destituido a los magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal General, reemplazándolos por leales para que le fabricaran un aval de reelección y romper el principio constitucional de la alternancia. Esa mañana, Manes anunció sanciones (Lista Engel) contra los inventores de la reelección y se cuestionaba ante la prensa: “¿Qué estamos viendo ahora? Es un declive de su democracia”. Minutos después, en una red social, Bukele se autodenominó “Dictador de El Salvador” pero su aparente chiste albergaba la decisión de perpetuarse en el poder.
La alerta siguió viva en Washington D.C. En julio de 2022, durante la audiencia en el Senado para William Duncan, el senador Marco Rubio -ahora Secretario de Estado- afirmó: “A Bukele parece que no le preocupa la política exterior de EE. UU. hacia su país, la ha criticado y se ha burlado de otras instituciones occidentales”. Otro senador complementó: “Hitler era popular. Putin es popular en Rusia. Pero eso no significa que cuando una persona es popular en su país no la presionemos fuerte sobre la democracia y las violaciones a los derechos humanos”. Duncan contestó a los senadores: “Bukele ha sido el responsable de alarmantes retrocesos en gobernanza democrática: socavando la independencia judicial, intimidando diputados de oposición con fuerzas de seguridad para ocupar la Asamblea, negociando pactos políticos con pandillas, atacando periodistas y medios”.
Duncan fue ratificado como embajador sin ser instruido de frenar con todo el poder de su nación el desmantelamiento democrático en El Salvador, por el contrario, reconoció el “traspaso” de poder a sí mismo que escenificó Bukele en junio pasado. Una gran oportunidad perdida por Biden, como Roosevelt con el dictador Martínez. La Administración Trump ha extendido el reconocimiento a costa de la oferta carcelaria -violatoria de la ley internacional y la Constitución salvadoreña- que Rubio recibió en su visita a Bukele. ¡Vaya paradoja!
Luego, el subsecretario Joseph Salazar simplificó el pago por cárcel como el eje de corto plazo: “no fue una negociación, no se trató de un quid pro quo ni de ningún tipo de acuerdo. No existe un trato preferencial con respecto a la inmigración ilegal en EE. UU.”. Tampoco misericordia arancelaria ni inversiones nuevas, que son de interés nacional; sólo el traslado de “El Greñas” y una audiencia en la Casa Blanca para Bukele.
Hoy, todo El Salvador pierde -el comercio exterior, familias que reciben remesas- y el negocio carcelario se tambalea al resolver la Corte Suprema de EE. UU. que toda persona susceptible de expulsión tiene que ser notificada de que está sujeta a la ley y cuenta con la oportunidad de que se revise su deportación, derecho al Debido Proceso que Bukele niega a decenas de miles de civiles inocentes, sin nexos criminales, encarcelados bajo el régimen de excepción. Mientras, “El Crook” y la ranfla MS-13 siguen su proceso judicial en New York. ¿Qué sigue?
Politólogo salvadoreño, especialista en relaciones internacionales