PUESIESQUE…la semana pasada hizo ruido que tanto el Fiscal General de la República (FGR) como la Presidencia de la República (CAPRES) dieron por terminada lo que se llamó Comisión Internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES), lo cual se consideró un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país.
Seguramente es porque no estoy bien informado, pero les confesaré que personalmente no advierto ningún escándalo en la terminación de la CICIES, simple y sencillamente porque siempre me pareció una farsa, una estrategia para embaucar y engañar, una puesta en escena que rápidamente quedó en evidencia su fragilidad y nula efectividad.
Vamos a ver algunas cositas sobre la CICIES:
• No fue una promesa de campaña cumplida, pues la Comisión que se estableció en El Salvador no se parece, ni de lejos, a comisiones internacionales sobre las que decía basarse, como la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG).
• No estaba respaldada por una ley, sino por un simple acuerdo de CAPRES, lo que la hacía -y así ha resultado- totalmente dependiente de la voluntad del Presidente de la República, al grado que ni siquiera existió una estipulación sobre el plazo mínimo de permanencia de dicha Comisión, así que -como ha sucedido- podía quedar sin efecto el día que a CAPRES ya no le gustara.
• En puridad, la CICIES no contaba con potestades de investigación, al grado que entidades del Órgano Ejecutivo se negaron a entregarle información, así que su papel se reducía, en esencia, a un mero “asesor”, pero sin poder de decisión.
Ahora bien, por si alguien todavía lo dudaba, lo que en todo caso demuestra la extinción de la CICIES es que a CAPRES, ya con el control y absoluta sumisión de los poderes Legislativo y Judicial, le da absolutamente igual la lucha contra la corrupción, así que ha decidido profundizar el esquema de apropiación de fondos públicos y establecer en El Salvador, ya sin ropaje discursivo, una cleptocracia, esto es, un “sistema de gobierno en el que prima el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.
En efecto, como tuve la oportunidad de comentarlo hace varios meses en este mismo espacio, dada la opacidad de la actual administración presidencial, ya era evidente que el objetivo real de CAPRES y el círculo que la rodea es concentrar y mantenerse en el poder para, sin reparo, convertirse en los “nuevos” multimillonarios.
Y eso va desde las migajas que significan viajes en avión privado (por cierto, #QuienLePagóLosViajesaOsiris), nepotismo (que se exhibe hasta con orgullo) y viajes presidenciales en helicóptero “bonito”, hasta el gasto multimillonario hecho bajo la excusa de la pandemia (del cual no se ha rendido cuentas).
Es que, siendo francos: ¿cuál creen que es la intención en declarar bajo reserva, como si de secretos estatales se tratara, todos los gastos hechos con motivo de la pandemia? ¿Cuál creen que es la intención al emitir la #LeyAlabí, que autoriza compras millonarias sin licitación o competencia y que, además, dispone una inconstitucional impunidad para los funcionarios públicos y agentes privados involucrados? ¿Cuál creen qué es la intención de capturar instituciones como la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema (que incluye la Dirección de Probidad), el Instituto de Acceso a la Información Pública y la FGR?
Seamos honestos: ni la administración presidencial y sus acólitos, ni los infectados del virus NI-19 que ocupan curules en la Asamblea Legislativa, gozan de una entidad intelectual que soporte la construcción de un modelo político; al contrario, son ejemplos vivos del empobrecimiento intelectual de la clase política, que se limitan a la procura de beneficios personales.
Abogado constitucionalista.