Por In Memoriam de los juristas:
Dr. José Belarmino Jaime Flores
Dr. José Albino Tinetti Quiteño
Dr. José Enrique Argumedo
Q.E.P.D
En el contexto del primer año del actual gobierno inconstitucional, acá una lista de 25 de los actos antijurídicos más graves cometidos en El Salvador, desde 2019 a la fecha. Entendemos como antijurídico, lo contrario al Derecho, con especial énfasis a las reglas y principios de la Constitución de la República y el Derecho internacional vigente en el país:
- Detenciones arbitrarias masivas.
Miles de personas detenidas sin orden judicial ni pruebas suficientes durante el régimen de excepción iniciado en marzo de 2022. De igual manera, durante la pandemia y la cuarentena, miles de detenidos sin base legal, sin haber cometido delito y sin ser sometidos a juicio; todo ello en violación a los artículos 4, 13, 15 y 17 de la Cn. - Muertes bajo custodia estatal.
Más de 300 personas han muerto en prisión, muchas de ellas sin condena, presuntamente por torturas, golpizas o negligencia médica; o por falta de asistencia médica ante las enfermedades crónicas que padecían o por las golpizas. Tales muertes, sus causas y el estado en que las familias recibieron los cuerpos de los fallecidos, han sido documentadas por CRISTOSAL y por Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador (SJH). Violación al art. 1 y 2 Cn. - Tortura y malos tratos en cárceles.
Prisioneros han sido sometidos a condiciones inhumanas: aislamiento, golpizas, falta de alimento y atención médica, en infracción a las Reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (Reglas Mandela) y a la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, vigentes en el país. - Hacinamiento carcelario extremo.
El país supera el 300% de ocupación de la capacidad de sus cárceles, con cifras récord a nivel mundial, pues se jacta de tener más de 83,000 personas detenidas; y de igual manera, es el país con más inocentes detenidos en el mundo: infracción a las Reglas Mandela. - Encierro de menores con adultos.
Reformas penales permiten encarcelar a adolescentes con adultos, violando la Constitución de la República y los estándares internacionales de protección infantil, como la Convención de Derechos del Niño, Reglas de Riad y Reglas de Beijing. - Régimen de excepción injustificado.
Desde marzo de 2022, vivimos bajo suspensión de garantías constitucionales, sin que se encuentre justificado ya que la causa de su adopción, fue la violencia de las pandillas, y esa causa ya no existe; pues fuentes oficiales han infirmado que las pandillas han sido desarticuladas y eliminadas en todo el territorio nacional; ello, en violación al art. 29, 30 y 31 Cn. Una SalaCn independiente, ya lo habría declarado inconstitucional. - El empleo del régimen de excepción a delitos comunes y persecución de defensores de derechos humanos.
El ejecutivo utiliza la detención administrativa por quince días, así como la jurisdicción de crimen organizado, para hechos que no son de esa naturaleza; se utiliza de manera arbitraria e irracional, para detener conductores ebrios, o defensores de derechos humanos. Violación al art. 29 Cn y art. 1 del Código Penal. - Juicios sin debido proceso.
Detenidos que no conocen los cargos, no acceden a defensa legal efectiva, se les tiene en aislamiento e incomunicación con sus abogados y sus familiares, quienes, en muchos casos, desconocen el paradero de sus familiares; además, detenidos provisionalmente con más de tres años, sin que sean acusados, ni sometas a juicio; con el riesgo de condenas con pruebas débiles o fabricadas. Todo en violación a los arts. 14 del PIDCP y 8 de la CASDH o Pacto de San José. - Métodos ilegales para obtener confesiones.
Existen quejas de víctimas que las autoridades han coaccionado a detenidos, incluyendo menores de edad, para que acepten delitos que no cometieron. Además, se les ha aplicado el polígrafo en los centros penales, un método de prueba prohibido expresamente por la ley. En violación al art. 12 inciso 3º y 27 inc. 2º Cn,93 y 175 inc. 3º Cn. - Golpe de Estado contra la SalaCn y la destitución del Fiscal General.
La destitución ilegal de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general el primero de mayo de 2021 por la Asamblea controlada por el oficialismo; y la imposición de abogados que usurpan los despachos y las funciones constitucionales de los magistrados electos para el período 2019-2027, con el fin de eliminar los controles inter orgánicos independientes, y cooptar y concentrar el poder en casa presidencial. En violación a los arts. 174, 183 y 186 inc. 2º Cn. - Reforma a la Ley de la Carrera Judicial y la destitución de la tercera parte de los jueces
La legislatura oficialista, en septiembre de 2021, reformó la legislación para imponer el cese de las funciones judiciales a partir de los sesenta años, bajo el argumento que eran jueces corruptos; además, se les dio un bono de 24 meses de sueldo a cambio de sus renuncias, antes de la entrada en vigencia de la ley, para llenar esas vacantes con nuevos funcionarios que comprometieran su lealtad con la dictadura; todo en violación al art. 186 inc. 1º y 5º Cn. - Reelección presidencial inconstitucional.
La SalaCn usurpadora e ilegítima, mediante resolución interpretó de manera contraria a la Constitución, para permitir la reelección inmediata, interpretando de manera torcida el artículo 152 numeral 1, pero obviando las reglas y principios que rigen la Constitución, en especial, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, artículos 88, 75 No. 4, 131 No., 16, 152 No. 1, 154, 248 inciso 4º, que establecen claras reglas y principios de rango constitucional, contra la reelección presidencial. - Reformas al sistema electoral y fraude electoral.
Reformas a la legislación electoral a menos de un año de celebrarse las elecciones, para favorecer al partido oficialista; irregularidades durante las elecciones y el escrutinio, con un evidente fraude informático (muchas JRV tenían votos a favor del partido oficial, sin que se hubiesen procesado las actas; las papeletas sin doblar y marcadas con plumones y no con crayones); irregularidades en el voto del exterior, el sistema de distribución del voto en los curules, con el fin de obtener el control del legislativo. Además, la violación a la propaganda electoral anticipada (art. 175 Código Electoral), violación a los límites temporales de la propaganda y al silencio electoral; el uso de las instituciones para propaganda del partido oficial, inauguración de obras dentro del mes previo a las elecciones, compra de votos por medio de vacunas durante la pandemia, entrega laptops a estudiantes, a una semana de las elecciones, entrega de paquetes de alimentos con participación del ejército, PNC y partido Nuevas Ideas, en violación al art. 76 del Código Electoral y art. 85 inc. 2º Cn, - Eliminación del pluralismo político institucional.
El ejecutivo ha realizado acciones para concentrar el poder y anular la participación de los partidos políticos de oposición en las instituciones públicas, contrariando el art. 85 inciso 2º Cn, con el riesgo de instaurar un partido único oficial, prohibido por el art. 85 inciso 3º Cn. - Eliminación de los controles interorgánicos.
Se realizó la remoción de funcionarios públicos de los órganos de control, quienes fueron destituidos sin el debido proceso, con el fin de llenar esas vacantes con funcionarios del partido oficial o leales a la dictadura; y con ello, eliminar la función de control de tales instituciones; y utilizarlos para perseguir a la crítica, la disidencia y libre pensamiento. Esos distintos controles están plasmados en nuestra Constitución. - Destrucción institucional del acceso a la información pública y el abuso de la reserva de la información.
El gobierno ha desmantelado órganos de transparencia como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ha decretado reserva al manejo de fondos y con ello oculta contratos, gastos, adquisiciones y manejo de fondos públicos. - Supresión de la libertad de prensa.
Persecución a periodistas, medios críticos y oenegés acusadas sin pruebas de colaborar con pandillas o ser "enemigos del Estado". - Ley de Agentes Extranjeros.
Impone impuestos y restricciones a oenegés y medios financiados desde el exterior, buscando controlar o silenciar la sociedad civil. - Censura y ataques digitales a medios.
Ciberataques y bloqueos a medios como El Faro, GatoEncerrado, enre otros; espionaje con software Pegasus a periodistas, prohibida por la Constitución y sancionada por la legislación penal; protegidos en el artículo 24 de la Cn y sancionados en la Ley contra delitos informáticos y conexos. - Uso del Ejército para funciones policiales.
Militarización excesiva de la seguridad pública sin control civil efectivo, con participación directa del Ejército en redadas masivas, contra lo preceptuado en la Constitución; pues aunque su uso es excepcional, se ha convertido en la regla general, la militarización de la seguridad pública; en infracción al art. 168 No. 12 y 211 y 21 Cn. - Modificaciones con dispensa de trámites al marco legal.
Cambios rápidos y abusando de la dispensa de trámites en leyes penales y procesales sin debate, ni consulta pública, ni participación ciudadana, abusando del control que el ejecutivo tiene sobre el legislativo y su partido oficial; y entrando en vigencia muchas de esas leyes, desde el día de su publicación, en violación al art. 135 y 140 Cn. - Cierre del espacio cívico.
Hostigamiento sistemático a sindicatos, colectivos estudiantiles, defensores de derechos humanos, academia, universidades y líderes comunitarios, en violación al art. 6 Cn. - Campañas de desinformación.
Uso de recursos públicos y redes sociales para atacar a críticos, promover propaganda y distorsionar hechos; en violación al art. 20.2 PIDCP y 13.5 CASDH. - Impunidad del terrorismo de estado.
El abuso en el ejercicio de la violencia estatal ha generado un clima de terror en buena parte de la población, que ve como muchos actos atroces cometidos por agentes estatales, tales como ejecuciones extrajudiciales o tortura, no enfrentan consecuencias penale, en violación al art, 2 inc. 2º Cns. - Desprecio por organismos internacionales y la comunidad internacional.
Rechazo a recomendaciones de la ONU, OEA y CIDH sobre derechos humanos; retórica anti diplomática contra observadores internacionales, contra el mismo cuerpo diplomático, a quien se le exige el respeto a la soberanía; pero recordemos que las graves violaciones a los derechos humanos, no son un asunto doméstico; tienen repercusión ante la comunidad internacional y los órganos supranacionales, que sigue sin realizar acciones firmes y contundentes.
Conclusión:
Estos veinticinco actos representan una erosión sistemática del Estado de derecho y de los principios democráticos, que caracterizan al actual gobierno, viniendo de una deriva autoritaria hasta instalar una dictadura; y estos hechos son ampliamente denunciados, tanto a nivel nacional como internacional. El uso del poder estatal para silenciar a la oposición, reprimir a la sociedad civil y concentrar el poder en el Ejecutivo caracteriza a la actual dictadura de facto.
Juez y profesor universitario