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Siget otorga por 30 años concesión de telefonía pública a nueva sociedad llamada ANTEL

La nueva ANTEL fue creada el año pasado. De acuerdo al Registro de Comercios del CNR, su representante legal es Edwin Núñez, presidente de ETESAL y militante de Nuevas Ideas.

Por Xiomara Alfaro | Mar 01, 2024- 18:45

Las estafas se cometían por WhatsApp. Foto EDH/Shuttersktock

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) otorgó la concesión de telefonía pública a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) S.A. de C.V. por un plazo de 30 años.

Así lo dio a conocer la Siget, a través de una publicación en la cuenta oficial de X. Según detalla, la adjudicación se dio a través de la resolución número T-0125-2024, emitida con fecha 20 de febrero de 2024, cuyo plazo inicia a partir de esa misma fecha.

"La presente se efectúa de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Telecomunicaciones", expresa la Siget.

De acuerdo a información publicada por el Centro Nacional de Registros (CNR), la sociedad ANTEL S.A. de C.V. fue inscrita en el Registro de Comercios el 13 de abril de 2023 como una empresa salvadoreña con domicilio en San Salvador y un capital de $2,000.00

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Como representante legal de ANTEL aparece Edwin Patricio Núñez Alguera, quien se desempeña como presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) y quien se identifica en redes sociales como "emisario" del partido Nuevas Ideas.

ETESAL es una de las empresas fundadoras de Chivo, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual administra la aplicación del mismo nombre y que fue lanzada en septiembre de 2021 por el gobierno de Nayib Bukele para que los salvadoreños pudieran realizar transacciones con Bitcoin, tras su entrada en vigencia como moneda de curso legal.

Nuñez también fue concejal en la alcaldía de San Salvador en el periodo en el que Bukele fungió como alcalde de la capital.

Según el documento del CNR, ANTEL S.A de C.V. tiene como finalidad desarrollar actividades relacionadas a las telecomunicaciones y a la conectividad nacional e internacional, dentro de estas están: diseñar, construir, administrar, mantener y operar redes de telecomunicaciones, además de operar tráfico tanto dentro como fuera del país.

La firma además puede comprar y vender "toda clase de bienes, derechos o participaciones sociales, tanto en sociedades nacionales como extranjeras", así como promocionar y desarrollar empresas mercantiles. Además puede representar tanto dentro como fuera del país a empresas extranjeras.

Otra de sus funciones es distribuir y vender servicios; importar y vender maquinaria relacionada a su fin; además de participar en toda clase de inversiones y actividades de comercio autorizados por ley.

La nueva ANTEL fue creada con el mismo nombre de la extinta Administración Nacional de Telecomunicaciones que funcionó en el país antes de que las telecomunicaciones se privatizaran en 1998, durante la administración del expresidente Armando Calderón Sol, y se dio paso a la entrada en el mercado de France-TELECOM y Telefónica de España.

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Poca claridad en su funcionamiento

Para el economista Rafael Lemus, ante el anuncio de la Siget surge una serie de dudas sobre cómo va a operar la nueva ANTEL y sobre cuál es el valor agregado de la empresa estatal en relación a los competidores internacionales que ya operan en el país.

"Solo una concesión tiene un valor porque para ser un operador de servicios de telefonía tiene que demostrar una serie de competencias, como tener la tecnología, el capital. Los que brindan estos servicios la mayoría son multinacionales de telecomunicaciones, entonces que una empresa pública compita contra uno de esos privados multinacionales que tienen la tecnología, no deja de ser extraño", opina.

El economista resalta que al rededor de este hecho también saltan una serie de cuestionamientos, sobre todo por la poca claridad que hay en la forma en la que va a funcionar la nueva empresa y específicamente sobre los servicios que estaría dando.

"Surgen interrogantes como: ¿de dónde se van a tener estos recursos tecnológicos?, ¿quiénes van a ser los proveedores?, ¿cómo van a competir con las multinacionales?", agrega.

El profesional va más allá y ve con preocupación que en el trasfondo se quiera quitar las concesiones a las empresas privadas que ya operan en el país. "(Eso) sería nefasto", señala.

Lemus resalta que El Salvador cuenta con servicios de alto nivel de valor en telecomunicaciones, lo que lleva a preguntar cuál es el valor agregado que el Estado, a través de una empresa pública de telecomunicaciones, va a dar al país para poder ganar cuota de mercado.

A su juicio, se podría mejor apostar por incentivar a que vengan más empresas con otras tecnologías y que puedan darle un plus al mercado local. "(Lo que está ocurriendo) es curioso porque más apunta a que ellos desde el Gobierno, manejando una empresa pública, quieren agarrar una parte de ese pastel", opina.

Y añade: "Son fondos públicos los que se van a utilizar, pero cuál es el beneficio para la población, porque van a competir con los privados; cuál es el valor agregado. Yo creo que más bien quieren ir por una cuota de mercado con el músculo del gobierno amenazando a los privados, tratando de sacarlos".

Lemus visualiza un escenario con "cuotas de gobierno obligadas" en las que todas las empresas estatales contraten con la pública y donde se direccione a las personas a actuar de la misma manera, lo que a su juicio se traduce en "una competencia desleal".

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