El sindicato mayoritario del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, SITRAMITPS, mantiene una tensa relación con el titular Rolando Castro porque se niega a otorgarles las credenciales. Tampoco los reconoce como sindicatos (por falta de las credenciales) y no les concede audiencia. Adicionalmente, a quienes asistieron a la última Asamblea de elección de Junta Directiva los tiene bajo amenaza de destitución.
La posición del ministro Castro con uno de los sindicatos de la institución está íntimamente relacionada con el reclamo que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el incumplimiento al convenio 144, referente a la consulta tripartita y donde detalla que el Consejo Superior del Trabajo (CST) es inoperante, entre otras causas, por que “continúa existiendo un obstáculo legal que complica aún más el proceso de nombramiento de los trabajadores, ya que los sindicatos están obligados por el Código del Trabajo a renovar la composición de sus juntas directivas cada año”, detalla el informe.
Esa reforma hace casi imposible el funcionamiento del CST, eso sin contar la baja convocatoria para que sesione esa entidad, tal como lo estipula el convenio de la OIT.
“La Comisión insta al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias para derogar la obligación legal de los sindicatos de solicitar la renovación de su estatuto jurídico cada doce meses y pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada en su próxima memoria sobre todo progreso realizado al respecto”, detalla el informe que fue revelado esta semana en el marco de la reunión número 111, realiza en Ginebra (Suiza) entre el 5 y 16 de junio, donde el gobierno salvadoreño fue llamado por sexta vez al Comité de Aplicaciones de Normas, de la OIT.
Tras dos años de estar inactivo, el gobierno “reinstaló” a inicios de diciembre de 2021 el Consejo Superior del Trabajo, una institución tripartita que no sesionaba desde 2019, año en que llegó al poder la actual administración de Bukele.
En el actual gobierno han predominado las acciones en contra de aquellos sindicatos que no están alineados al oficialismo e, incluso, el Índice Global de los Derechos de la Confenderación Sindical Internacional, con sede en Bélgica, afirmó en junio de 2021 que El Salvador es uno de los peores países en el mundo con respecto a los derechos de los trabajadores.
Además, el mismo informe señaló que “el gobierno de El Salvador intensificó las presiones contra los sindicatos, llegando incluso a adoptar la decisión en marzo de 2021 de revocar las credenciales de todos los sindicatos democráticos y bloquear de manera efectiva su participación en las consultas tripartitas. Esta cancelación arbitraria priva a los sindicatos de sus derechos y les impide funcionar con normalidad en el país”.
Llamado
El gobierno, en sus alegatos, informó a la OIT que a partir de diciembre de 2021 se instaló el CST 2021-2023, y que los representantes de los trabajadores y empleadores “fueron electos de manera libre e independiente”, no obstante, luego de esa fecha solo ha existido una convocatoria más, la cual fue suspendida por la ausencia del ministro Castro, quien ostenta la presidencia del organismo.
El informe detalla que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT, en junio de 2022, con respecto a la aplicación del Convenio “observa que el Gobierno no indica si el CST se ha reunido en los meses posteriores a la Conferencia Internacional de Trabajo en junio de 2022, ni si se han adoptado medidas con miras a resolver las dificultades relacionadas con la entrega de credenciales. La Comisión observa igualmente que el Gobierno no proporciona información sobre la derogación de las 23 leyes en cuestión o la hoja de ruta solicitada por la CIT”.
Al encuentro en Ginebra no asistió el ministro Castro (por primera vez que no asiste un ministro de Trabajo) tampoco el representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); la gremial envió una carta al ministro para consultar al respecto de la reunión.
Castro se limitó a contestar vía Twitter: “Ante la solicitud de Anep donde solicita al Ministerio la invitación a la Asamblea de OIT. Les recuerdo que ustedes siempre demandan al país por la no consulta tripartita… Por ello en esta oportunidad hemos sugerido que cada institución donde existen éstas, serán ellas que deben viajar donde se mostrará su propia existencia”.
En el informe de la Comisión de la OIT se detalla que “expresa su profunda preocupación” en relación con los nuevos alegatos de actos de injerencia, acoso y marginalización contra la ANEP.
Además, la Comisión urge al Gobierno a “que tome las medidas necesarias para asegurar sin demora la derogación de las 23 leyes que trasladan la función de elegir los representantes del sector empleador al Presidente de la República, lo cual priva a las organizaciones de empleadores de ejercer su derecho a elegir libremente a sus representantes de conformidad con los instrumentos ratificados por el país”.
Finalmente “insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para acabar con los retrasos en la entrega de credenciales de las organizaciones de trabajadores".