La Organización Internacional del Trabajo (OIT) escuchó este viernes los argumentos del gobierno de El Salvador ante las denuncias de presunta violación al derecho sindical en el país.
La delegación salvadoreña estuvo encabezada por el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien tuvo que explicar ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT las medidas que ha tomado el Ejecutivo en favor de los sindicatos, a raíz de las quejas.
El Salvador forma parte de una lista de 24 países que fueron convocados a dicha instancia, en el marco de la 113.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza del 2 al 13 de junio en Ginebra, Suiza.
De acuerdo a las denuncias, el gobierno salvadoreño ha violado el convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
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En un documento de la OIT, cuyo extracto fue compartido por el mismo ministro, se lee que "la Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 13 de octubre de 2020, que hace suyos los comentarios de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que tratan cuestiones que la Comisión examina en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (...)".
Ante el descontento por tener que ir a dar explicaciones ante esa instancia, Castro escribió esta semana un extenso mensaje en X en el que se quejó de las denuncias. "Hoy el 2025 Anep se ha movido a nivel internacional para elevar la queja junto a unos "Sindicatos Internacionales" por la libertad sindical en El Salvador", decía parte del mensaje.
Además, el pasado 19 de mayo, como antesala a la audiencia de este viernes, el gobierno de El Salvador envió un informe a la OIT en el que ha tratado de matizar los señalamientos.
"En atención a las observaciones de la Comisión de Expertos, el Gobierno informa que se han adoptado diversas medidas para garantizar la protección contra la discriminación antisindical de los trabajadores municipales a través de los mecanismos legales vigentes y la inspección laboral", dice en el escrito.
También informó que en octubre de 2022 se aprobaron reformas al Código de Trabajo para actualizar las sanciones por vulneraciones a derechos de los trabajadores.
"En ese marco, los actos de discriminación antisindical son susceptibles de ser sancionados bajo estas disposiciones, en tanto constituyen infracciones a los derechos fundamentales consagrados en los libros I y II del Código de Trabajo, en particular aquellos relativos a la libertad sindical y la no discriminación por causa de afiliación sindical", agrega el documento oficial.
Sin embargo, el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora señaló en vísperas de la audiencia en la OIT que en el país hay "graves violaciones a la libertad sindical y el derecho de asociación".
Los sindicalistas destacaron que el artículo 1 del Convenio 98 de la OIT, ratificado por El Salvador en 2006, establece que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Pero aseguran que en el país se violenta la libertad sindical, a través de varias acciones, como retrasar arbitrariamente la entrega de las credenciales sindicales; limitar el tiempo sindical; acoso laboral a las personas organizadas en sindicatos; despidos de directivos sindicales, pues a la fecha contabilizan 455 directivos cesados mientras estaban en esos cargos; y criminalización de la acción sindical al limitar el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
El gobierno también afirmó en el documento que hubo un aumento de los contratos colectivos en el sector público y privado, que era otra de las denuncias.
"Tomamos atenta nota de los comentarios de la Comisión de Expertos en que expresan una baja tasa de cobertura en los contratos colectivos; en tal sentido, no se considera atribuible a los requisitos establecidos por la legislación, sino más bien a dos factores que han sido abordados por el Gobierno: el primero se refiere a una estigmatización histórica sobre el movimiento sindical... y por otro lado, la resistencia de empleadores a acceder a la negociación colectiva", dice en el escrito.
También aseguran que "el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha continuado impulsando diversas acciones orientadas a garantizar un entorno propicio para la negociación colectiva efectiva, tanto en el sector público como en el privado".
Pero sindicalistas desmienten eso: "Se violenta la negociación colectiva: a la fecha hay unos 20 contratos colectivos que no se ha permitido su negociación e inscripción", señaló el moviemiento.
El sector empleador señaló en una carta enviada a la OIT que no se le permitió participar en la audiencia de este viernes. Sin embargo, el gobierno sí permitió que participara Edwin Ortez en representación del sector sindical afin al oficialismo.