Un empresario tiene en mente realizar un proyecto de inversión en otro país. Se entera que el presidente de esa nación ordenó meter en la cárcel a un grupo de empresarios que no estaban brindando su servicio gratuitamente y que esa directriz la debían cumplir solo porque el funcionario publicó un post en X un día anterior, sin un decreto legislativo o ejecutivo que sostuviera la legalidad de esa medida. El empresario, ¿se animaría a invertir su dinero en ese país?
Preguntas como esa se podrían estar haciendo empresarios que ven algún potencial en El Salvador para traer su capital en forma de inversión extranjera directa.
LEA MÁS: Inversión extranjera de industria con rezago de $1,762 millones en gobierno de Bukele
Eso es, precisamente, lo que ha pasado en El Salvador, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara la noche del domingo que el transporte público sería gratuito el lunes a nivel nacional y que los transportistas debían acatar la orden. Eso tras los problemas de movilización a causa de los derrumbes en Los Chorros.
El economista guatemalteco Miguel Gutiérrez se ha desempeñado como asesor de empresas en una parte de su trayectoria. Una de sus funciones era evaluar los riesgos y ventajas de invertir en un determinado país y trasladar sus conclusiones a sus clientes. Escuchó con incredulidad el caso de los transportistas salvadoreños.
A su juicio, es una acción "tirada de los pelos" porque se extendió a todo el país, pese a que era una respuesta a un problema exclusivo de la parte occidental del país.
"Imaginate, te ordenan dar tu servicio gratis de un día para otro y, si no aceptás, la alternativa es la cárcel. Es tan grave como se escucha. No hay ninguna garantía", comenta.
Como parte su trabajo toma tres criterios para recomendar o no una inversión: el costo -que en El Salvador es en promedio más alto por ser una economía dolarizada. La rentabilidad, que no es tanta en este país debido a su pobre crecimiento económico, menor al de otros en Centroamérica. Y los riesgos, que son altos sin una separación clara de los poderes del Estado, ilustra el experto.
Gutiérrez sostiene que la concentración del poder en una sola persona ahuyenta las inversiones, pues el destino de esa nación y, por lo tanto, del dinero invertido está en las manos del ánimo de un gobernante. No hay seguridad jurídica, apunta.
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, calificó las acciones de Bukele esta semana como "medidas extremas", que solo pueden registrarse en contextos donde no hay garantías.
"En ningún otro país se le ocurre a alguien tomar una decisión así, disponer de los recursos que no son tuyos. En un país con Estado de derecho es impensable. Un gobernante que hiciera eso estaría sujeto a demandas, acciones legales que limiten su poder", comenta.
Lo realizado por Bukele afecta la seguridad jurídica, afirma, porque establece que no hay reglas del juego claras, las cuales todos deben respetar para que la partida funcione. En el tablero de El Salvador, la percepción es que en cualquier momento pueden salir nuevas y arbitrarias reglas.
"Si yo soy un inversionista extranjero, por supuesto que me importan factores como la infraestructura del país o el precio y calidad de los servicios públicos como energía eléctrica, pero es más importante la estabilidad y la seguridad jurídica, la certidumbre de que el día de mañana mi dinero estará seguro. Si no la tengo en un país, simplemente me llevo mi inversión a otro lado donde sí me la ofrezcan", opina la economista Merlin Barrera.
La importancia de la inversión extranjera
La economía de El Salvador es la que menos creció en Centroamérica en 2024. Y la que menos lo hará en 2025 y 2026, según las proyecciones de las multilaterales más importantes.
Un factor proporcional al crecimiento es la inversión extranjera directa, de la que El Salvador también está a la zaga en la región, sobre todo porque carece de materias primas que le permitan generar riqueza por sí mismo.
Y en El Salvador, al menos en los últimos tres años, todas las reformas están conduciendo a atraer a un único tipo de inversor: el relacionado con las criptomonedas, especialmente el Bitcoin. Especialistas como Luis Membreño han señalado que no es el tipo de inversión más conveniente para una nación, ya que esperan el rendimiento especulativo de sus inversiones, no la producción de mercancías transables, capaces de atraer nuevas divisas al país.
Los precedentes
Esta no es la primera vez que Bukele apunta contra un sector de la empresa privada, aunque sí lo es en la que los amenazados son apresados. En julio de 2024, hizo lo propio contra el empresariado de la distribución de alimentos. Bukele aseguró en una cadena nacional que se procesaría a los comerciantes de verduras si no bajaban el precio de los alimentos, ya que el mes precedente habían sufrido una inflación rampante. Sin embargo, les advirtió que no sería por los abusos en los aumentos en sí, sino por otros delitos para los que ya los tenían "fichados": evasión fiscal, contrabando y cohecho propio.
"¿Cómo que 'todos están fichados y ustedes lo saben'? Si las autoridades saben que una determinada persona, un determinado empresario, ha cometido un delito, lo que tendrían que hacer, incluso según las reglas de un estado de derecho, es perseguir ipso facto (inmediatamente) ese delito", comentó a propósito el economista español Juan Ramón Rallo, en su canal de YouTube.
Calificó a estas acciones como un "comportamiento propio de un estado mafioso y no de un estado de derecho". Para Rallo, lo dicho por Bukele es "peligroso", pues admite que su gobierno tiene como estrategia no perseguir voluntariamente los delitos que ha cometido una persona, para después utilizar esto como amenaza para tener la capacidad política de sancionarlo si no se somete a lo que se le ordena.
Otro precedente sucedió con la creación de la marca Lácteos El Salvador, en la que seis empresas locales fueron buscadas para maquilar para el gobierno varios productos. Los mismos se comercializan a los mismos precios similares que aquellos que llevan la marca de sus productores.
Un representante de alto nivel de una de las empresas mencionó en febrero de este año que no están enterados de cuál es el beneficio para las empresas. Según opinó el economista Rafael Lemus, pudo tratarse de coacción, debido a que es el Gobierno el que emite las licencias para operar y el control sanitario. También realiza las auditorías en Aduanas y de Impuestos Internos.
KEYWORDS
Crecimiento Económico El Salvador Inversión Extranjera Nayib Bukele Negocios Ver Comentarios