Pequeñas tiendas de barrios y colonias continúan cobrado el impuesto del 5 % a la seguridad, pese a que este cobro quedó legalmente sin efecto desde noviembre del año pasado, cuando expiró la ley que dio vida a la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC).
Los ciudadanos se quejan de que las pequeñas tiendas de barrio o colonia continúan cobrando $0.05 extras por recargas de saldo o datos para telefonía y en algunos casos, hasta han llegado a cobrar $0.10 de recargo.
La ley que fue creada el 4 de noviembre de 2015 estipulaba que el impuesto solo tendría una vigencia de 5 años, por lo que la contribución venció el pasado 4 de noviembre de 2020 y las empresas de telefonía dejaron de cobrarlo. Por ende, las tiendas también estaban obligadas a no trasladar al consumidor.
María Hernández quien vive en la populosa zona de la colonia Zacamil, en Mejicanos, menciona que de las tres tiendas que ponen recargas telefónicas en la zona en la reside, las tres continúan cobrando los $0.05 centavos.
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“Yo pensé que ya no cobraban los $0.05 pero en la tienda siguen cobrándolo y hasta $0.10 me han cobrado por las recargas que le pongo al teléfono”, detalló.
Verónica Peraza, quien también vive en la misma zona, dice que le toca bajar hasta el centro comercial para recargar en el supermercado, porque ahí no se lo cobran.
“Ellos (las tiendas) siempre cobran, alegando que les queda poca ganancia por poner recargas, pero si no le ganan que no se dediquen a eso, porque uno no tiene por qué pagar de más”, detalló la ciudadana.
Verónica afirma que ha mostrado su descontento con los dueños de las tiendas y así ha logrado que algunos ya no le cobren el recargo.
“A mí hay unos que ya no me cobra, hoy ya un dólar me la ponen”, añadió.
La situación se da a nivel nacional pues en Sonsonate, Félix Martínez también asegura que en las tiendas del municipio donde vive, todas cobran los $0.05 y hasta $0.10 por recargas de saldo.
“Uno les dice que no tienen que seguir cobrando, pero ellos solo alegan que ellos sí siguen cobrando, nada más. Me dice que en los supermercado no lo recargan, pero cómo voy a estar yendo al súper solo por eso”, comentó.
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Omar Morán, otro ciudadano de Sonsonate cuenta que en la zona donde reside hay tiendas que siguen cobrando y otras que ya no.
“En algunos lugares aún lo cobran y en otros ya no, pero eso dependerá del cliente donde prefiere comprar. Por ejemplo yo recargo en las oficinas de la empresa que me da el servicio de telefonía, porque ahí no me cobran”, relata Morán.
Marcela Alvarado del municipio de Calulo, menciona que ella ha sido víctima del cobro abusivo.
“ Cuando uno pregunta por qué siguen cobrando ese cargo extra si ya se anunció que no es legal, solo dicen que es la ganancia de la tienda”, comparte Marcela.
Durante cinco años los salvadoreños tuvieron que pagar $0.05 más por cada dólar en recargas de saldo o cuando compraban un plan o un aparato telefónico, incluidos sus accesorios. Los fondos se destinaban para financiar el programa “El Salvador Seguro”.
Defensoría insta a denunciar
La Defensoría del Consumidor confirmó que estos cobros se han seguido realizando de manera informal por lo que ha tenido que realizar operativos para sancionar a quienes lo estén cobrando.
Según la institución, en los últimos dos meses han verificado más de 400 establecimientos en los municipios de San Salvador, Zacatecoluca en La Paz; San Juan Opico en La Libertad y San Francisco Morazán en Chalatenango, aunque de ellos solo encontraron 4 locales que los cobraban.
Sin embargo la Defensoría insta a la población a que denuncie los cobros indebidos llamando al 910, o a través de denuncias públicas en las redes sociales (en Twitter @Defensoria_910 y en Facebook DefensoriadelConsumidorSV) o a través del número de whatsapp 7860-9704.
“Lo que se necesita es que las personas compartan dirección y nombre del proveedor, para que luego hagan la verificación con los equipos de inspección”, destacó el encargado de comunicaciones de la Defensoría, Fausto Valladares.
La Defensoría del Consumidor ha advertido que las tiendas y proveedores, sean estos, grandes, medianos, pequeños o micro, formales e informales, tienen prohibido realizar prácticas abusivas como los cobros indebidos, de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor. Esta infracción puede ser sancionada con multas de hasta 500 salarios mínimo del sector industrial.
Recaudación
La recaudación de este impuesto, que fue cobrado durante cinco años significó para el erario público ingresos por $538 millones con los que se financiaron programas de seguridad, pese a que la Sala de lo Constitucional lo declaró ilegal. Solo en 2020 este impuesto recaudó $42.8 millones hasta su vigencia.
El impuesto se mantendrá solo para grandes contribuyentes. Según el Ministerio de Hacienda, los ingresos en este rubro sumaron $85.1 millones.
En lo que va del año este impuesto dirigido a los grandes contribuyentes ha obtenido ingresos por $1.8 millones.