Durante cinco años los salvadoreños tuvieron que pagar $0.05 más por cada dólar en recargas de saldo o cuando compraban un plan telefónico o un aparato telefónico, incluidos sus accesorios, bajo el argumento de que era dinero necesario para financiar la seguridad.
Este dinero, aprobado durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, fue catalogado este lunes por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como “inconstitucional” por considerarse un impuesto escondido. La resolución lo declara ilegal, pero en ella también explica que el dinero cobrado por este concepto no será devuelto a los salvadoreños.
Según el Ministerio de Hacienda, desde octubre de 2015 hasta el 31 de septiembre de 2020 el Gobierno recaudó $537.6 millones por esta “contribución”.
En promedio, durante los últimos tres años la recaudación fue de $48.4 millones anuales para las personas naturales y jurídicas y un promedio de $69 millones que fueron cobrados a los grandes contribuyentes.
Su cobro trajo incomodidades e infinidad de reclamos a los usuarios de la telefonía, quienes tenían que desembolsar más centavos por el valor que querían en saldo para llamadas.
El impuesto era cobrado por las telefonías y luego trasladado al Ministerio de Hacienda.
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El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a inicio de mes, que a partir del próximo año los ciudadanos no pagarán más la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) que aplica un 5 % a la compra de servicios o productos de telecomunicaciones. “Es una promesa de campaña”, dijo.
Sin embargo su eliminación no necesita ningún decreto ejecutivo pues la misma ley, creada el 4 de noviembre de 2015 ya estipulaba que el impuesto solo tendría una vigencia de 5 años, por lo que la contribución vence este 4 de noviembre.