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Gobierno no ha pagado a proveedores y pone en riesgo miles de empleos

La ANEP confirmó que existen atrasos en los pagos del gobierno a empresas que proveen servicios. Las pymes son las que más podrían verse afectadas en tema de salarios y liquidez financiera.

Por Juan Carlos Mejía | Abr 25, 2022- 21:30

Según la directora ejecutiva de la ANEP, la situación de atrasos en los pagos a proveedores es algo general en las instituciones de gobierno. Foto EDH / archivo

La delicada situación en las finanzas públicas que atraviesa el país ya está comenzando a afectar a otros sectores ajenos al gobierno, como lo son las empresas privadas, mismas que prestan servicios o proveen de bienes e insumos a varias instituciones de gobierno.

Así lo confirmó la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Leonor Selva, quien en una conversación con El Diario de Hoy, señaló que en la gremial ya están al tanto de empresas que son proveedores del gobierno y que aún no han recibido los pagos correspondientes.

La representante de la gremial afirma que “se trata de una situación generalizada en varias instituciones públicas, con la cual se pone en riesgo la liquidez de las empresas”, y añade que “las finanzas públicas pueden afectar los salarios” de los empleados de esas empresas.

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Lo anterior porque muchas empresas pertenecen al rubro de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las mismas han prestado algún tipo de servicio al gobierno y aún no han recibido la cancelación correspondiente.

En ese contexto, subraya que es difícil estimar un monto específico sobre lo adeudado por parte del gobierno, así como el sector más afectado, sin embargo, apunta que empresas de alimentos, de seguridad, de construcción y de alquiler de propiedades son de las que más bienes y servicios venden al gobierno.

No obstante, datos del Informe de la Gestión Financiera del Estado 2021 que el director general de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano, expuso a los diputados de la Asamblea Legislativa, el 4 de abril pasado, indican que el saldo de los Acreedores Financieros es de $1,827.4 millones, equivalentes al 9.4% de los pasivos totales del Gobierno Central.

Este es el último informe oficial presentado a los diputados y se desconoce si a la fecha este monto ha variado. Lo cierto es que el pasivo de $1,827 es superior a 2020, pues al cierre de ese año, el saldo de acreedores financieros fue de $890.6 millones. Este dato, además, no incluye las deudas municipales.

Para Selva, el gobierno no debería dejar de pagar a los proveedores debido a que, en teoría, tiene dinero proveniente de la recaudación de impuestos. “Empresas y familias estamos pagando más impuestos que nunca”, sostiene Selva.

No obstante, la situación fiscal del país ha sido analizada por distintos sectores, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual ha hecho especial énfasis en el alto endeudamiento que acumula, que a la fecha representa un 85.6% del PIB, a lo que se suma ese bajo perfil crediticio que acercan al gobierno cada vez más a un escenario de impago.

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La poca transparencia

Un aspecto importante en este contexto, según apunta Selva, es que “están proliferando las contrataciones directas”, es decir, mecanismos que no se apegan a los lineamientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), algo que estaría provocando que el gobierno exija rapidez en la ejecución de los proyectos.

Con lo anterior, las empresas se están enfrentando a gastos de sus propios recursos para ejecutar las solicitudes del gobierno, sin embargo, este último no está pagando a tiempo.

Con respecto a esas contrataciones, el domingo los diputados aprobaron un decreto transitorio para que al gobierno se le facilite realizar ese tipo de adquisiciones sin someterse a la Lacap, todo en el marco del régimen de excepción que se extendió por 30 días más.

Ante ese decreto, Selva agrega que “hay que decirle a las empresas que tengan cuidado con estos decretos (...) pues aunque parece que agilizan las contrataciones, ponen a las empresas en una situación de inseguridad por el incumplimiento”.

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