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Gobierno elevó su presupuesto en $387.5 millones extra, pero lleva lenta ejecución

Entre enero y julio de este año la ejecución presupuestaria total estaba al 55.9%. Hay 10 ministerios que no llegan ni al 50% de uso de los fondos

Por Katlen Urquilla | Sep 18, 2023- 06:00

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ayer en la Asamblea el proyecto de presupuesto para el próximo año. Foto/ @AsambleaSV

En 7 meses de este año, las instituciones del Estado han ejecutado poco más $5,000 millones del Presupuesto General de la Nación, lo que equivale al 55.9% de los fondos aprobados, según datos oficiales.

“Al mes de julio 2023, el comportamiento del Presupuesto del Gobierno Central presenta un presupuesto modificado que asciende a $9,060 millones, de cuyo monto se devengaron recursos por un total de $5,061.8 millones, en términos porcentuales equivalentes a una ejecución del 55.9% durante el período”, detalla el más reciente informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos colgado en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con los datos, los fondos usados o devengados hasta julio ascendieron a $5,061.8 millones, de los cuales $5,001.1 millones fueron recursos provenientes del Fondo General, que representan el 61.4% del dinero asignado.

El presupuesto 2023 fue aprobado originalmente por $8,898.2 millones en diciembre de 2022, pero entre enero y julio del año en curso ha subido a $9,060 millones, según el último reporte, debido a las reformas presupuestarias aprobadas por la Asamblea Legislativa oficialista.

PUEDE LEER: En solo cinco meses, el Gobierno ya elevó a más de $9,000 millones el presupuesto 2023

El gobierno debe presentar a más tardar el 30 de septiembre próximo el presupuesto 2024, pues debe ser aprobado antes que finalice 2023.

De los fondos avalados inicialmente, $8,112.6 millones saldrían del Fondo General; $774.6 millones de préstamos; y $11 millones de donaciones. Pero esas tres fuentes de financiamiento han sufrido modificaciones en lo que va del año.

El Fondo General subió a $8,151.5 millones, mientras que la partida de préstamos externos se elevó a $894 millones, de los cuales solo se han utilizado $59.3 millones, equivalentes al 6.6% de la asignación.

Y los fondos de donaciones aumentaron a $14.5 millones, de los cuales solo han ejecutado $1.4 millones, que representa el 9.7% de la asignación.

Baja ejecución en 10 ministerios

Al revisar los datos por cada uno de los órganos de Estado, el Ejecutivo es el que más dinero extra ha recibido en lo que va del año, pues incrementó su presupuesto en $387.5 millones, al pasar de $4,595.7 millones a $4,983.2 millones; y de esos, ha ejecutado $2,305.7 millones, es decir el 46.3% del dinero asignado.

De las instituciones gubernamentales, las que encabezan una mayor ejecución de los fondos son el Ministerio de Relaciones Exteriores (71.6%), el de Defensa Nacional (64.3%) y Economía (61.3%).

Mientras que de las entidades que van con baja ejecución de sus presupuestos están Educación (45.1%), Agricultura (44.9%), Salud (44.1%), Obras Públicas (35%) y Desarrollo Local (34.4%), entre otros.

Y de las 12 instancias del gobierno que han recibido dinero adicional al presupuesto inicial, pero que llevan baja ejecución, están Obras Públicas con $132.4 millones más, cuyo asignación original fue de $413.9 millones y ha pasado a un presupuesto de $546.3 millones.

También está Hacienda con $66.6 millones extra para su funcionamiento y el 43.4% de ejecución; Agricultura con $42.5 millones adicionales; y la Presidencia de la República con $33 millones más y el 38.5% de ejecución de fondos.

Mientras que ministerios como Educación solo han recibido $10.3 millones extra; en cambio Vivienda, Desarrollo Local y Medioambiente no han tenido refuerzos presupuestarios.

Al respecto, la economista Tatiana Marroquín señala que “la tendencia de ejecución del gasto del año pasado y este muestran que el gobierno continúa sin priorizar áreas relevantes tanto para la protección de personas en situación de vulnerabilidad, como las de los programas del Ministerio de Desarrollo, así como el gasto de capital”.

La especialista apuntó que “han mostrado ser más lentos de lo normal en poder ejecutar proyectos de infraestructura, entonces de nada sirve planificar la inversión pública más grande de la historia, si termina siendo solo un número en papel”.

Órganos Legislativo y Judicial

Por otro lado, los fondos ejecutados por la Asamblea, la cual ha tenido un refuerzo de $3 millones, ascendieron a $30.5 millones, equivalentes al 50.5% de la asignación modificada a $60.4 millones. “Recursos que sirvieron para atender las actividades normales relacionadas con la gestión legislativa, incluyendo la atención de necesidades urgentes en el edificio legislativo”, dice el informe.

Y en el Órgano Judicial, el cual no ha recibido refuerzo de fondos, de los $442.7 millones de su presupuesto han ejecutado $182.4 millones, es decir el 41.2% de la asignación.

En el caso del Ministerio Público, que incluye a la Fiscalía y las Procuradurías General de la República y para la Defensa de los Derechos Humanos, de los $189 millones de presupuesto ha ejecutado $89.3 millones, equivalentes al 47.2%.

De esas instituciones, solo la Fiscalía ha recibido fondos extra a su presupuesto institucional, con un incremento de $7.8 millones hasta julio pasado. De los $136.8 millones asignados ha ejecutado $61 millones, que representa el 44.6%.

En el informe de Hacienda se indica que los recursos se han destinado, entre otros, a “fortalecer la capacidad institucional que facilite la pronta acción penal en el marco del régimen de excepción”.

Los datos también muestran que en el caso de “Otras instituciones”, que incluye a la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Ética Gubernamental, entre otras, han tenido un presupuesto que en conjunto suma $75.7 millones y no han recibido ningún refuerzo.

De esa cantidad han ejecutado $37.9 millones, lo que representa el 50.1% de los fondos.

Según el documento, los recursos han servido para “actividades de fiscalización de la gestión gubernamental, planificación de comicios electorales, procesos de capacitación de la ley del servicio civil y ley de ética gubernamental”.

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