Pese a que el gobierno actual argumentó que tras la reforma de pensiones no se tocarían más los ahorros de los trabajadores porque la nueva ley lo prohibía, lo cierto es que continúa tomando fondos prestados de los ahorros de los cotizantes en las AFP.
Mediante la figura de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) ha emitido nueva deuda de pensiones por $613.13 millones a septiembre de este año.
Estos certificados han sido adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con dinero ahorrado mes a mes por los trabajadores y el gobierno usa esos recursos para pagar a los pensionados.
Esta nueva deuda se suma a la que tiene acumulada el Órgano Ejecutivo con los cotizantes por $8,397.33 millones, cuyos fondos han servido también para pagar las pensiones del sistema antiguo.
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Sin embargo, tras la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022 esa deuda fue canjeada o convertida a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) en abril de este año, pero no serán pagados a los trabajadores todavía.
Por lo tanto, entre la nueva deuda y la anterior el monto se eleva a $9,010.4 millones hasta septiembre, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Hasta junio pasado el saldo de los COP ascendía a $455.4 millones pero en julio subió a $507.35 millones, luego en agosto creció a $560.15 millones hasta llegar a $613.13 millones, que es el último dato disponible en el portal del BCR.
El Instituto de Pensiones ha estado emitiendo los COP sin que hasta la fecha se haga algún abono a esa deuda, según los datos oficiales.
Los COP son los actuales instrumentos con los cuales el gobierno ha adquirido nuevo endeudamiento para pagar las pensiones del sistema antiguo del ISSS e Inpep (hoy ISP) y que sustituyeron a los Certificados de Inversión Previsional (CIP), tras la derogación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que existió desde 2006.
La Asamblea Legislativa oficialista eliminó el FOP en diciembre de 2022 como parte de la reforma de pensiones, cuyo mecanismo sirvió a los gobiernos anteriores para tomar prestados ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones.
Al derogar el Fideicomiso, la deuda acumulada mediante los CIP se debía canjear por los nuevos Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), lo cual se hizo en abril de este año, pero en condiciones diferentes a las acordadas originalmente y eso ocasionó que técnicamente el actual gobierno cayera en impago.
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En abril, el gobierno ofreció tres opciones de pago de la deuda anterior de pensiones, una de ellas y que fue la elegida por las AFP era mejorar la tasa de interés al 7% a cambio de extender el vencimiento de la deuda a 50 años y dar un período de gracia de 4 años sin pagar intereses a los trabajadores que ya le prestaron el dinero al Ejecutivo para pagarle a los pensionados.
Esa maniobra fiscal le ha ayudado al Ejecutivo a que en las estadísticas de la deuda pública se vea una reducción aparente.
De hecho, las cifras oficiales del BCR indican que la deuda pública hasta septiembre asciende a $19,612.42 millones, pero si se le suman los $9,010.45 millones de deuda de pensiones el monto real se eleva a $28,622.87 millones.
También el más reciente informe del perfil de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) de septiembre, publicado en el portal del Ministerio de Hacienda, margina de las cuentas del gobierno la deuda de pensiones.
En unas breves líneas al pie del documento solo indica que a septiembre de 2023 la deuda Previsional comprende Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) por valor de $8,397.3 millones y Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) por $613.1 millones.
Incluso, en el proyecto de presupuesto para 2024 que presentó Hacienda a la Asamblea Legislativa no han proyectado nada de fondos en concepto de costo previsional, mientras que para este año, al menos en proyección, habían programado $570 millones, pero se desconocen los detalles del uso real de ese dinero.
En el documento que resume el presupuesto para el otro año, Hacienda planteó que en relación a las pensiones “con la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, el pago de las mismas pasa a su jurisdicción. Siendo el ISP una institución del sector público financiero, por tanto, no forma parte del Gobierno central y por ende no figura dentro del Presupuesto General del Estado 2024”.
Hasta antes de la reforma, los fondos para el pago de las pensiones eran parte del presupuesto de Hacienda en concepto de las “Obligaciones del Estado”.
Las alertas que han sonado
Ante el aumento de la deuda de pensiones, Patricio Pineda, representante y fundador de la Mesa de trabajo por una Pensión Digna, advirtió meses atrás que ellos habían hecho cálculos que la deuda del gobierno con los cotizantes sobrepasaría los $9,000 millones.
“Nosotros hemos presentado un estudio actuarial desde enero (2023) con la cifra de más de $9 mil millones en deuda total y los datos del BCR cuadran con el estudio de la Mesa y con los de la Superintendencia del Sistema Financiero, porque quiere decir que (a la fecha) ya subió incluso más”, afirmó Pineda desde agosto, lo cual consideró preocupante.
A su juicio, el aumento de la deuda previsional refleja la “insostenibilidad del sistema provocado por esa insistente metedera de mano que tienen los políticos que han visto en el sistema su caja chica”.