El ministro de Hacienda dice que no, pero los datos demuestran todo lo contrario. El gobierno de Bukele sí ha usado dinero de las cuentas individuales de los trabajadores actuales para financiar el pago de pensiones del extinto sistema de pensiones público. El dinero lo ha obtenido a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP)
Según los informes sobre rentabilidad de la Superintendencia del Sistema Financiero, entre junio 2019 y marzo 2022, el Fideicomiso creció en $1,322 millones, es decir que fue dinero ahorrado por los trabajadores que cotizan a las AFP y que fue “prestado” al gobierno para que éste pagara sus obligaciones con los pensionados del sistema público.
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En junio 2019, el monto obtenido a través de este mecanismo era de $6,052 millones, pero en marzo 2022 este creció a $7,374.5 millones. El dato a la fecha es superior pues la SSF dejó de mostrar las cifras solo como FOP desde marzo y desde esa fecha consolida una sola cifra de $9,595.68 millones a septiembre en la que incluye todos los préstamos que los cotizantes han hecho al gobierno a través de las instituciones públicas (no solo FOP, sino otras colocaciones).
Según el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, “todos los gobiernos anteriores” usaron el FOP para financiarse, menos Bukele, aunque los datos muestran que en promedio, cada mes el gobierno ha tomado unos 36 millones de las cuentas individuales de los trabajadores para pagar lo que debió salir del presupuesto general del Estado.
Para la economista Tatiana Marroquín, esto es clave porque en la propuesta de reforma de pensiones que está actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, se propone eliminar la ley del FOP, pero no se explica cómo hará el gobierno para pagar a los cotizantes todo el dinero que ha tomado de sus ahorros.
$9,000 millones
de los ahorros de los trabajadores se le han prestado al gobierno desde 2006 para que pueda pagar las pensiones a los jubilados del ISSS e INPEP.
Además, la propuesta de ley indica que el FOP deberá transferir sus activos, pasivos y patrimonio al nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Marroquín se pregunta si ahora será el SIP quien deba a los cotizantes.
Hasta ahora, los funcionarios no han detallado cómo queda la deuda ya existente en el FOP y cómo se liquidará. El gobierno ha dicho que de los $12,000 millones ahorrados por los trabajadores, solo quedan $2,000, pero para Marroquín, eso es grave pues con esta afirmación abren la puerta a no pagar lo ahorrado por los trabajadores y que actualmente está invertido en papeles de deuda.
La caja chica del gobierno
El FOP fue un decreto aprobado en 2006, durante la administración del expresidente Antonio Saca para meter mano en los ahorros de los cotizantes que recién comenzaban a sumar dinero a sus cuentas de ahorro individual en las AFP en 1998.
Ese año, cuando se dio la transición de un sistema de pensiones público a uno privado, el gobierno asumió dos compromisos: seguir pagando la pensión a los jubilados que quedaran en el sistema viejo y pagar en el futuro a los cotizantes llamados “optados y obligados” todo el dinero que ya habían ahorrado en esas instituciones. Esto último se devolvería cuando la persona ya esté jubilada, a través de un Certificado de Traspaso.
En teoría, el gobierno debía usar el dinero de las reservas de estas instituciones para pagar esos compromisos, pero dado que el número de cotizantes se cortó al momento de privatizar el sistema, era de esperar que las reservas se acabaran con el paso de los años.
De $36 a $40 millones
saca en promedio el gobierno cada mes de las cuentas de ahorro de los trabajadores.
Estas reservas se acabaron en 2002, cuando el ISSS y el INPEP tenían un estimado de 100,000 pensionados a los que el Gobierno debía responder por ley. Ruth Solórzano, presidenta ejecutiva de AFP Crecer, escribió en una columna de opinión explicando el tema, que el pago de las pensiones “es tanto o más sagrado” que el pago de la planilla de los empleados del Estado.
El gobierno de Francisco Flores comenzó a solicitar préstamos para pagar estas pensiones a través de la colocación de bonos y lo mismo hizo su sucesor, Antonio Saca, al llegar a la presidencia en 2004. Pero debido a una crisis política que mantuvo enfrentados a los partidos ARENA y FMLN, la contratación de préstamos se complicó en 2006 y Saca decidió proponer el FOP para financiarse.
Desde 2006 a la fecha esta ha sido la caja chica del gobierno para pagar las pensiones. Cada año el gobierno emite Certificados de Inversión Previsional por un monto aproximado de $450 millones. Por ellos paga tasas de interés que no superan los 4.35% de interés en el caso de las nuevas colocaciones, pues más de $5,000 millones que se colocaron entre 2006 y 2017 siguen ganando tasas de interés por debajo del 2%.
4.5 % de interés
es el máximo que ganan los ahorros de los trabajadores por prestarle dinero al gobierno. Buena parte de ese dinero no gana ni 2%.