Deuda de pensiones adquirida tras reforma abarca el 22% del total

La administración de Nayib Bukele tomó prestados $2,301.38 millones del Fondo de Pensiones entre enero de 2023 y marzo de 2025, periodo en el que ha estado vigente la más reciente reforma previsional, aprobada en diciembre de 2022.

Ese monto representa el 22% de la deuda total de pensiones. En un poco más de dos años se ha tomado la quinta parte de una deuda que, anteriormente, había requerido 17 años. Esto se traduce en que el ritmo se ha acelerado al doble.

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Esto es debido a que el Gobierno puede tomar recursos que guardan las AFP de las cotizaciones de los trabajadores, a través de la emisión de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), a cargo del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), el cual fue creado en diciembre de 2022. La nueva ley le permite emitir deuda sin análisis de riesgo y sin límite.

En 27 meses de vigencia de la nueva norma han sido $85 millones mensuales, en promedio, que los cotizantes le han prestado al gobierno. Carlos Argueta, economista y docente universitario, explica que este fenómeno ha provocado que el 89% de todos los instrumentos financieros relacionados con el Fondo de Pensiones estén invertidos en papeles del Estado salvadoreño.

"Lo idóneo sería implementar medidas para reducir esta concentración en instrumentos públicos; sin embargo, la tendencia real observada ha sido la contraria", ilustra Argueta.

La tajada del pastel crece

En 2006, la Asamblea Legislativa aprobó que el Gobierno pudiera tomar prestado del Fondo de Pensiones recursos para cubrir las jubilaciones de los sistemas públicos del INPEP y del ISSS.

La deuda previa a la reforma previsional de diciembre de 2022 se representaba mediante los Certificados de Inversión Previsional (CIP), títulos emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).

Con la nueva reforma de pensiones, los diferentes tipos de CIP fueron transformados en otros instrumentos: los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Con esa migración la deuda llegó a los $8,395.73.

Pero desde enero de 2023 a marzo de 2025, el ISP emitió $2,301.38 millones en COP, por lo que la deuda total de pensiones llegó a unos abrumadores $10,697.11 millones.

Por tanto, los recursos tomados solo durante la vigencia de la más reciente reforma corresponden ya al 22% del total de la deuda de pensiones; mientras que para el cierre de 2023, el primer año de la actual legislación, ocupaban el 12%.

"Al grueso de la población parece no importarle este grave problema, además de que no hay educación en el tema previsional y en el derecho laboral, porque lamentablemente solo el 25% de la población económicamente activa cotiza a un fondo de pensiones. Es un tema minoritario", comenta Patricio Pineda, dirigente en la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.

La necesidad de otra reforma

Que el ritmo acelarado en la toma de recursos del Fondo de Pensiones es insostenible es algo en lo que han insistido numerosos expertos en El Salvador, que vaticinaban una fecha de agotamiento bastante cercana.

Sus temores fueron confirmados en marzo de este año por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el informe presentado en el marco de la aprobación de su acuerdo con El Salvador, el equipo que realizó la evaluación estableció que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará alrededor del 2027, como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde enero de 2023.

La CGS es el fondo con el que se pagan las jubilaciones cuando se agotan los saldos de las cuentas individuales de los pensionados. Todo trabajador aporta el 6% de su salario para alimentar dicha cuenta mediante su cotización.

La reforma planteó un aumento del 30% a todas las pensiones, sin que para ello mediara ningún otro tipo de modificación, como garantizar una mayor rentabilidad en las inversiones.

La única opción si se agota ese fondo es que el Estado aporte los recursos necesarios para pagar las pensiones que, según el FMI, rondaría el 0.5 del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador. Expertos han señalado que eso no es posible en un país que se ha comprometido a hacer un ajuste fiscal del 3.5% ante el Fondo.

Por ello, el FMI plantea que la única salida es una nueva reforma que garantice la sostenibilidad del sistema. El Gobierno debe presentarla en febrero de 2026. Le quedan menos de 9 meses.

La administración de Nayib Bukele deberá realizar, además, un estudio actuarial que explique con total certeza cuándo se agotarán los recursos en el escenario actual y qué debe hacer para que no ocurra. En ese estudio se basará dicha reforma y debe estar listo a finales de julio de 2025.

Los estudios actuariales son imprescindibles en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, pues hacen proyecciones a muchas décadas en el futuro, con lo que es posible saber en cuánto tiempo se presentará un desbalance. Así es posible programar reformas a las leyes para corregirlo.

Cuando el Gobierno presentó la reforma de diciembre de 2022, Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, aseguró que el diseño de esta se basaba en "176 estudios actuariales", que nunca fueron publicados.

"Que esta sea una oportunidad en donde las autoridades gubernamentales abran los espacios de diálogo y debate con diferentes sectores que representen a la sociedad civil, trabajadores, empleadores, jubilados y academia, para que esta propuesta de pensiones se construya a partir de bases técnicas sólidas y diálogo social participativo", comenta Argueta, respecto a la reforma por venir.

Para Pineda, es el FMI el que debe forzar al Gobierno de El Salvador a reunirse con la sociedad civil, como parte de sus obligaciones, para construir la nueva reforma.

"Es algo así como hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene con su comité de expertos y fuerza al gobierno a reunirse con los representantes de los trabajadores. Es el FMI quien debe asumir los cojones para hacerlo… estos políticos han tenido siempre un comportamiento aislado de la población", concluye.

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