Reforma de pensiones: Pocos ganadores y muchas deudas

El Salvador aprobó en diciembre de 2022 una reforma al sistema de pensiones que no resolvió ninguno de los problemas que debía atajar un cambio de este tipo: elevar el número de cotizantes (y, con ello, los recursos del fondo de pensiones), ampliar la cobertura de beneficiarios (aquellos que en efecto logran jubilarse) y proveer de sostenibilidad a largo plazo de todo el sistema.

Eso es lo que opinan los economistas Alfonso Goitia y Carlos Argueta, que coinciden en que esta fue una "reforma fiscalista", que tenía, más bien, el objetivo de darle liquidez al Gobierno central, no resolver ninguna de las problemáticas de fondo.

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Esa definición tiene dos sostenes: el primero es que la reforma quitó el techo para tomar recursos del Fondo de Pensiones y eliminó el requisito de realizar análisis de riesgo para dichas emisiones.

De allí que el Gobierno haya podido tomar $1,098 millones en 2023 y $919 en 2024 (hasta noviembre del 2024), los dos años en los que ha estado vigente la reforma. Parte de ello, como ya expusieron varias fuentes, se usó para gasto corriente del aparato público.

El otro sostén es que la reforma le permitió al Gobierno contar con un periodo de gracia de cuatro años para no pagar capital ni intereses a la deuda de pensiones. Esto es porque esa es una de las características de la gran mayoría de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), en los que se transformaron los compromisos generados entre 2006 y 2022.

De allí que el gran ganador de la reforma de pensiones haya sido el Gobierno de Nayib Bukele, que ha recibido un alivio financiero a dos vías desde el fondo que guarda las cotizaciones de todos los trabajadores del sector formal.

"La reforma es un mecanismo que le sirvió a este gobierno como antídoto para sus grandes déficits y para cubrir sus enormes gastos", comenta Goitia.

Algo que preocupa a los expertos es el ritmo con el que ha aumentado la deuda de pensiones: más de $2,000 millones en apenas 23 meses, casi una cuarta parte del anterior saldo, que tomó 16 años.

Que la deuda de pensiones ha crecido exponencialmente gracias a la reforma también lo muestra el porcentaje que ocupa de la deuda total a partir de su aprobación.

En 2022, el año previo a su entrada en vigencia, el compromiso con el dinero de todos los trabajadores representaba el 24.47% de la deuda total de El Salvador. En 2023, solo un año después y ya con la reforma, ese porcentaje alcanzó casi un tercio (el 32.08%).

En solo 12 meses, el incremento fue de casi 8 puntos porcentuales. Ha seguido aumentado en 2024.

Según el investigador Carlos Argueta, se desconocen las razones técnicas por los que se eliminó el techo para la toma del Fondo de Pensiones. En su opinión, siempre y cuando que pague la rentabilidad, no está mal. Pero señala que este ritmo de endeudamiento está acompañado por el ocultamiento de información que debería estar disponible de forma oficiosa.

"Uno comienza a cuestionarse sobre qué tan bien se está manejando el dinero del Fondo de Pensiones, que pertenece a los trabajadores y trabajadoras, debido a que se ha hecho un esfuerzo por ocultar la información", comenta.

En efecto, los últimos Boletín Estadístico Previsional y Boletín de Rentabilidad del Fondo de Pensiones que se publicaron corresponden a marzo de 2023. Estos incluyen la información más relevante sobre el sistema.

Las buenas noticias para las AFP

Las otras grandes ganadoras de la reforma fueron las AFP, Crecer y Confía, a las que se les relevó de la obligación de contratar un seguro para cubrir las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Con la anterior ley, en el caso de que un trabajador quedara incapacitado para seguir laborando, el seguro pagado por las AFP cubría su pensión de invalidez hasta que el cotizante tuviera la edad de retiro. Así, hasta entonces, no se tocaba el dinero de su cuenta individual.

Lo mismo ocurría cuando un cotizante fallecía, pues cubría la pensión de sobrevivencia de sus beneficiarios hasta la fecha en la que la persona habría cumplido la edad de jubilación.

La reforma les quitó a las AFP la obligatoriedad de contratar este seguro, pero no se lo asignó a ninguna otra entidad.

Con la ley actual, el pago de las pensiones por invalidez y sobrevivencia y otras devoluciones es financiado por medio de la cuenta individual de ahorro de cada cotizante y, al agotarse, se paga desde la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), aquella desde la que se cancelan las jubilaciones cuando se terminan el saldo de la cuenta de ahorro individual.

Este cambio ha permitido que las AFP hayan incrementado mucho sus utilidades con respecto a antes de la reforma. Por ejemplo, en 2023 tuvieron $15.54 millones más en utilidades que en 2022, pasando de $17.07 millones entre las dos a los $32.61 millones, según los estados financieros de ambas compañías a diciembre del año pasado.

Y en el primer semestre de 2024, entre ambas tuvieron ganancias de $21.6 millones. Eso solo en los primeros 6 meses, lo que marca un aumento en el ritmo respecto a 2023.

Cada vez más peso para una raquítica CGS

La Cuenta de Garantía Solidaria ha recibido, en los últimos días, otro peso adicional, y es que de allí se pagarán desde este año los gastos funerarios de los pensionados, un gasto que, según Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, es de unos $900 por pensionado.

Según los expertos consultados, así como contribuciones anteriores de la académica Sara Hércules, en el sistema de pensiones de El Salvador hay una expectativa que nunca se cumple: que está basado en el ahorro individual.

Debido a sus falencias, su propio diseño provoca que todas las pensiones lleguen a depender de un sistema de reparto, que en el país está representado por la CGS, creada en 2017.

La misma que tenía una baja esperanza de vida aún desde antes de la reforma, pues según estudios de la misma Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de 2019, esta comenzaría a presentar déficit a partir de 2026, cuando harían falta más de $42 millones para cubrir lo necesario. El agujero se iría ampliando con los años.

Y esto continúa igual, pues la reforma, si bien destina un 5% fijo del sueldo del cotizante a la CGS, aumentó las pensiones vigentes en el 30%, lo que se vio como un beneficio para quienes ya reciben su jubilación. Sin embargo, Argueta señala que deben ser conscientes que el incremento sale de sus propias cuentas individuales, que ahora se agotan más rápido.

"La principal deuda de la reforma de pensiones ha sido la incapacidad para tratar con medidas puntuales el tema de la baja cobertura. Solo la cuarta parte de los trabajadores cotiza y solo la sexta parte de personas en edad de retiro cuenta con una pensión, no precisamente alta", concluye Argueta.

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