El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), creado en 2006 por el expresidente Antonio Saca y que permitió al gobierno echar mano de los ahorros de los trabajadores, será eliminado como parte de las reformas previsionales que el gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa, según dijo este lunes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El FOP fue creado por Saca en 2006 cuando el gobierno ya no tenía fuentes de financiamiento para pagar pensiones de los jubilados del sistema de reparto (sistema previo a la reforma de 1998, cuando crean las AFP)
En ese entonces, el gobierno de Saca tenía que tomar dinero del fondo general de la nación para costear este pago de pensiones, pero en vez de eso, decidió crear este fideicomiso y así obligar a las AFP a que le prestaran dinero de los ahorros de los trabajadores.
Al crear este fideicomiso, son los trabajadores actuales quienes siguen manteniendo el pago de las pensiones de los adultos jubilados de hoy, por lo que muchos economistas afirman que en el país ya opera un sistema de pensiones de reparto, pero de forma obligada por el gobierno.
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A la fecha se estima que desde 2006 hasta la fecha, los gobiernos desde Saca han colocado más de $7,900 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) que comprenden este Fideicomiso.
El ministro Zelaya no detalló qué pasará con el dinero que se le debe a los trabajadores ahorrantes que prestan parte de su ahorro mensual ni cómo seguirá financiando el pago a los jubilados actuales.
Afirmación de Zelaya versus los datos fríos
Según Zelaya, el gobierno no ha usado los ahorros de los trabajadores para pagar pensiones. “El gobierno no ha utilizado fondos de pensiones para financiarse”, afirmó.
Sin embargo los datos oficiales demuestran que entre 2019 y 2022, ya en la administración de Nayib Bukele, el gobierno ha emitido más de $2,000 millones en CIP para financiar el pago de las pensiones de los jubilados actuales, que son un compromiso para el gobierno.
¿Cómo pagarán pensiones?
Patricio Pineda, representante del movimiento para una Pensión Digna, se pregunta si ahora que el gobierno ha decidido eliminar el FOP, este tendrá la capacidad para pagar un promedio de $400 millones que se requieren para el pago de pensiones de más de 100,000 jubilados.
Es este FOP, además, el que ha hecho que los ahorros de los trabajadores no se multipliquen con rapidez. Por el dinero se le ha prestado al gobierno, este ha pagado tasas de no más del 2%, lo que ha afectado considerablemente la rentabilidad de las cuentas individuales de los cotizantes. A la fecha se estima que los trabajadores han perdido más de $3,800 millones solo en intereses dejados de percibir por la baja rentabilidad de sus pensiones, debido a la obligación de prestarle dinero al gobierno.
¿Es algo positivo?
Esta medida, que en teoría significaría un candado para que el Ejecutivo no tome dinero de los ahorros de los trabajadores, es “buena en parte”, según Patricio Pineda, aunque también lamenta que “no sabemos cómo van a sustituir la fuente de recursos para pagar esas pensiones”.
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Aún no se conoce la propuesta
El representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna también señala que el gobierno no ha querido compartir el documento sobre la propuesta de reforma, principal razón por la que no se conoce esos detalles.
Desde el viernes que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta y la anunció en redes, esta ha permanecido en secreto para los salvadoreños. Ante esto, Pineda pidió que toda solución tenga sostenibilidad.
“Como Mesa, lo único que pedimos es que toda decisión sea sostenible y sustentable en el tiempo, cómo y de qué forma lo van hacer, ellos deben de aclararlo, las fórmulas de cálculo para dar beneficios y la dinámica de los instrumentos de inversión para aumentar la rentabilidad en favor de los cotizantes”, afirma Pineda.
Esto último con relación al bajo rendimiento de los fondos de los trabajadores que han sido tomados por el estado con el bajo interés anteriormente señalado.
En este punto, el representante del sector también apunta que eliminar ese fideicomiso no era algo prioritario desde el lado de los pensionados, pues las propuestas que dicha Mesa ha venido trabajando en años anteriores buscaban solucionar con urgencia las bajas pensiones que reciben las personas jubiladas bajo el sistema de las AFP, vigente desde finales de la década de los 90.
De hecho, a principios de este año, cuando el anuncio sobre la reforma tenía unos cuatro meses de haberse conocido, Pineda alertaba sobre la situación de hasta 20,000 trabajadores salvadoreños.
En esa ocasión, el representante de la Mesa explicaba que trabajadores ya se encontraban en edad para jubilarse, pero que el bajo porcentaje de la pensión actual, con respecto al último salario devengado, era muy bajo y no era suficiente para cubrir las necesidades de esas personas.