El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) revisará este miércoles si el Gobierno de El Salvador ha cumplido las exigencias del ente multilateral para hacerse, por fin, con un préstamo de $1,400 millones con bajo interés y a largo plazo.
Dichos compromisos consistían, entre otras cosas, en reducir el gasto e introducir reformas para que el Bitcoin deje de ser una moneda de curso legal. Además de eso, estaba la obligación de mejorar aspectos como la gobernanza, la transparencia y la resiliencia.
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Se espera que se avance el proceso luego que el gobierno cumpliera, por ejemplo, con las reformas a la Ley Bitcoin, que desde su vigencia en septiembre de 2021 era el principal obstáculo para que se afianzara el acuerdo tras casi cuatro años de negociaciones.
La Asamblea Legislativa aprobó un decreto, que llegó desde Casa Presidencial, en el que prohíbe el pago de impuestos en Bitcoin y elimina la palabra "moneda" de la redacción, por lo que quedó un extraño concepto que cataloga a la criptomoneda, simplemente, como "de curso legal".
También el gobierno se ha comprometido a aplicar un ajuste fiscal de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) durante tres años. Este paso se traduce en un compromiso en implementar medidas para aumentar los ingresos y reducir el gasto público. Si la Administración de Nayib Bukele ha hecho un giro de timón hacia esta tendencia será uno de los aspectos más importantes a evaluar por el Fondo.
La aprobación de este programa del FMI es importante para las finanzas del país porque, adicionalmente, se abrirá la llave para que El Salvador reciba $3,500 millones en préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, parece que El Salvador tiene varias falencias en otros aspectos claves del acuerdo. Uno de los más importantes es el de garantizar "la viabilidad del sistema de pensiones y la movilización de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal y una mayor reducción de los costes de endeudamiento".
Esto es porque, precisamente, el Fondo de Pensiones es el salvavidas encontrado por el Gobierno al cierre de otros financiamientos. El Diario de Hoy publicó hace unas semanas que la Administración Bukele ha tomado de este el equivalente al 80% de las cotizaciones de los trabajadores salvadoreños desde que se aprobó la última reforma de pensiones, que faculta al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a emitir deuda sin ningún techo y sin contar con análisis de riesgo previo.
Ese ritmo en la toma de recursos pondría en tela de juicio el compromiso del Gobierno salvadoreño con esa exigencia del FMI.