La crisis sanitaria y económica generada por las medidas estatales para combatir la pandemia puede provocar un deterioro en el bienestar social de la población salvadoreña, y además, amenazar con un retroceso grave en los logros alcanzados en las últimas décadas, reveló una investigación elaborada por el Centro de Progreso Social, una instancia de la Fundación Poma y de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
El estudio, denominado “COVID-19: una crisis de progreso social”, está basado en el Índice de Progreso Social (IPS), el cual ha permitido identificar las áreas en donde la crisis afectará de manera más intensa las condiciones de vida de los salvadoreños, siendo las principales: la salud, la educación y las libertades, explicó Manuel Sánchez Masferrer, coordinador del Centro de Progreso Social.
La afectación está asociada a las medidas de cuarentena implementadas por el gobierno para evitar un contagio acelerado del COVID-19, y a otros efectos de la crisis, como la caída en los flujos de remesas e inversión, la disminución de las exportaciones y el limitado margen fiscal del país,
Uno de los indicadores que experimentará deterioro es el de la salud y la nutrición, en donde habrá menores ingresos y menor oferta sanitaria (fuera de la atención a el COVID-19).
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Cabe destacar que el sistema salud todo el esfuerzo está concentrado en la atención de la pandemia y se ha descuidado las áreas tradicionales, en donde hay grandes necesidades de atención, como lo son las enfermedades crónicas.
En este punto, Ivette Contreras, asesora técnica del Centro de Progreso Social de la ESEN, destacó que según el último reporte de coyuntura que el Seguro Social presentó, existe evidencia de que los servicios generales no vinculados a COVID-19 se redujeron alrededor del 30 %.
En educación también se refleja una afectación debido a las dificultades en la continuidad educativa y ampliación de brechas, que han venido a aumentar la deserción y reducir el logro educativo en todos los niveles.
El empleo está señalado entre los rubros afectados pero la falta de datos limitó la evaluación del impacto.
Otro indicador impactado es el de las libertades y derechos personales, sobre todo por las restricciones temporales, y el deterioro del mercado laboral y el acceso a instituciones públicas. Se espera que en este indicador, la afectación sea temporal.
La tolerancia e inclusión también es señalada como otro indicador con notable deterioro debido al aumento de la violencia contra la mujer y otros grupos vulnerables.
Los economistas destacaron que la intención de la investigación es contar con una radiografía que permita tener en el radar las áreas críticas de intervención social, es decir, en donde autoridades e instituciones en general deben poner atención para no tener retrocesos en los avances logrados en materia de progreso social.
La recuperación
El estudio establece que es importante vincular la agenda de recuperación económica con el impacto social de la misma, buscando un balance entre la productividad, equidad y riesgo de contagio de cada sector, basado en un plan de largo plazo.
Ese plan debe tomar en cuenta el contexto sociocultural del país y la necesidad de construir una cultura ciudadana, para que la recuperación sea viable.
Sobre la toma de decisiones en este momento de emergencia, el vicepresidente de Fundación Poma, Alejandro Poma, destacó que las acciones de política pública y todas las intervenciones ejecutadas por otros actores de la sociedad, para mermar el impacto de la pandemia, deben estar basadas en información técnica y sujetas a monitoreo y evaluación constante con el objetivo de garantizar la mayor efectividad, transparencia e impacto.
“En Fundación Poma estamos convencidos de que el desarrollo sostenible de un país se logra cuando el crecimiento económico y el progreso social van de la mano. Es por eso que desde 2014 impulsamos el IPS como una forma de identificar los retos sociales que necesita superar El Salvador para garantizar el bienestar de las personas”, afirmó Poma.
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La metodología
El estudio está basado en un modelo conceptual del IPS, una herramienta anual que es utilizada para comparar diferentes países del mundo, y a nivel local, para hacer mediciones de cómo está el bienestar de la población más allá del PIB y la economía.
El IPS comprende tres grandes dimensiones como son: necesidades básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades, que abarcan los aspectos más importantes del bienestar ( salud, educación, agua, vivienda, seguridad, derechos y libertades, entre otros).
“Lo que hemos hecho es utilizar esa metodología para entender el impacto de la crisis en el bienestar de los salvadoreños, es decir, ir un poco más allá de los efectos en el PIB, ver qué más está ocurriendo en el bienestar de los salvadoreños”, explicó Sánchez.
La visión del estudio marca una intersección entre el desarrollo económico con el bienestar social de las personas, añadió Contreras.
“La dicotomía entre economía y salud no debería existir, sino que hay una interrelación. Lo que hemos tratado de hacer es cómo la crisis del COVID-19 impactará el progreso social de los salvadoreños ”, reiteró Contreras.