Un dato que llama la atención al analizar la calificación crediticia que las agencias de riesgo, como Standard & Poor’s (S&P), han asignado para los países centroamericanos es que, para el caso salvadoreño, el riesgo de impago es incluso más alto que otros países como Nicaragua, el cual se encuentra bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En ese sentido, un análisis publicado recientemente por la agencia S&P, y el cual aborda la situación actual de los países del istmo, sostiene que, pese a las “muchas similitudes en los países de la región”, las decisiones y condiciones dentro de cada país influyen en la divergencia que hay entre las distintas calificaciones.
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Para poner en contexto, la nota que esa agencia mantiene para Guatemala y Costa Rica, en la actualidad, es de B, mientras que para Honduras es de BB- y para Nicaragua es de B-, todas por encima de la nota CCC+ que asignó a El Salvador en junio y la cual está muy por debajo de Panamá (BBB) en la escala de calificaciones de esa entidad.
En el análisis sobre esa diferencia, la agencia sostiene que “las debilidades estructurales institucionales y económicas” son las causantes de las bajas notas entre los países, algo que podría darle explicación al caso de El Salvador, país que experimentó una fuerte caída en su nota crediticia a partir de la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema y de la adopción de Bitcoin en 2021.
Pero, ¿cómo se explica que el régimen nicaragüense, con evidente crisis política e institucional tenga mejor nota que El Salvador?
El director asociado de Calificación Soberana de S&P, Patricio Vimberg, explica que, a diferencia de Nicaragua, una buena parte de la deuda salvadoreña equivale a “deuda comercial”, es decir, créditos que no han sido adquiridos con organismos oficiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sino, con inversionistas privados a través de la emisión de Bonos del Tesoro.
Esto, según el experto en finanzas soberanas hace que el vecino país no tenga riesgo de impago pues, de manera técnica, en el contexto de las agencias calificadoras, solo puede haber impago cuando se trata de deuda comercial.
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Lo anterior debido a que los intereses que paga el gobierno nicaragüense por su deuda son muy bajos en comparación con El Salvador (5% versus 20%), lo cual permite a ese país poder renegociar con los organismos que le prestan.
Según el economista Rafael Lemus, hasta julio de 2022, dentro del total de la deuda del país (calculada en unos $23,625 millones) la deuda comercial equivale a unos $1,115 millones por la colocación de Letras del Tesoro (Letes); más de $1,302 por los Certificados del Tesoro (Cetes), y más de $9,000 por la emisión de los eurobonos a largo plazo en los mercados internacionales.