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Departamento de Estado: Deuda pública de El Salvador es "insostenible"

Cada año, el Departamento de Estado de EE.UU. emite declaraciones sobre el clima de inversión y las economías de 165 países para orientar a sus inversionistas.

Por Alfredo Hernández Canales | Ago 29, 2023- 19:29

Foto Archivo EDH

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un análisis sobre el clima de inversiones 2023 en El Salvador, detalla que la deuda pública del país parece ser “insostenible”, lo que crea incertidumbre sobre la capacidad de la Administración Bukele de “cumplir con sus compromisos futuros”, además de valorar que el país se encuentra rezagado en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) con respecto a sus pares centroamericanos.

Cada año, el Departamento de Estado de EE.UU. emite declaraciones sobre el clima de inversión y las economías de 165 países, los cuales son preparados por analistas económicos destacados en sus sedes diplomáticas quienes “analizan una variedad de economías que son mercados actuales o potenciales para empresas estadounidenses de todos los tamaños”, se detalla.

Sobre El Salvador se destaca como fortalezas el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), así como que posee una economía dolarizada y “recientes mejoras en el entorno empresarial”; y entre las debilidades detallan “los niveles significativos de deuda soberana, el legado de décadas de violencia de pandillas y la falta de transparencia”.

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“La deuda pública está en un camino insostenible y crea incertidumbre sobre la capacidad de El Salvador para cumplir con sus compromisos futuros. El Salvador ha entablado negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un nuevo acuerdo de préstamo, pero hasta la fecha esas discusiones están estancadas”, detalla el informe.

De mayo de 2021 al 4 de julio de 2023, la actual legislatura dominada por el oficialismo ha aprobado al gobierno un endeudamiento de más de $10,008.5 millones, que incluye la autorización de títulos valores de crédito, préstamos con organismos multilaterales y otorgamiento de garantías soberanas que respaldan créditos de instituciones estatales.

Mientras que el FMI, en su informe de febrero (el último en conocerse, porque el gobierno no ha permitido que se divulgue el más reciente), ya advertía que la deuda pública seguía siendo elevada y que se encontraba “en una senda insostenible”, por lo que recomendaba abordar este riesgo de manera prioritaria a mediano plazo. Nada de eso ha ocurrido. 

El análisis del Departamento de Estado da cuenta que durante los últimos 30 años, El Salvador se ha quedado rezagado respecto de sus pares regionales en la atracción de inversión extranjera directa (IED). “Esto se atribuye en parte a la extorsión y la delincuencia generalizada relacionada con las pandillas”.

Si bien se reconoce una disminución en los delitos cometidos por las pandillas con la implementación del Régimen de Excepción, que limita algunas garantías Constitucionales y de Derechos Humanos, “las mejoras en materia de seguridad aún no se han traducido en una nueva IED significativa. En este momento no está claro cómo el gobierno terminará con el régimen de excepción y restaurará los derechos constitucionales”, detalla.

Y se detalla que “no obstante, la medida estatal goza de un amplio apoyo público y está contribuyendo a mejorar la confianza de los consumidores y el optimismo sobre las condiciones económicas. Las empresas nacionales y la diáspora salvadoreña han aumentado la inversión debido al entorno más seguro, principalmente en los sectores de turismo, construcción y comercio mayorista y minorista”.

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El departamento de Estado analiza la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país y su escaso impacto en la economía: “ha tenido un impacto mínimo en la economía salvadoreña. Pocos salvadoreños usan Bitcoin. Los bajos niveles de adopción han mitigado los riesgos potenciales asociados con Bitcoin”. Además detalla que el FMI recomendó a El Salvador que elimine el estatus del Bitcoin como moneda de curso legal. 

“El Salvador también promulgó una Ley de Emisión de Activos Digitales que permitiría al gobierno emitir un activo digital soberano basado en blockchain y establecería un marco para regular a los emisores de activos digitales y a los proveedores de servicios de activos digitales. Las implicaciones de la legislación dependerá de las regulaciones que se implementen”, detalla.

No obstante, este proyecto ha quedado estancado porque luego de su anuncio ocurrió la caída del Bitcoin, que desde los $65 mil dólares en noviembre de 2021 bajó a los $16 mil en noviembre de 2022, una caída del -75%. El precio actual ronda los $27 mil.

Es por eso que el Departamento de Estado considera que "dada la limitada capacidad fiscal para la inversión pública, el Gobierno busca utilizar Asociaciones Público-Privadas (APP) para proyectos de infraestructura".

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