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Casi el 60% de los jubilados del INPEP recibe pensión mínima

El sistema público de pensiones fue derogado en 1998. Su fuente de ingresos era el presupuesto general de la nación, es decir, dinero público. La mayoría de jubilados del INPEP recibe menos de la pensión mínima, pero hay otros que reciben una jugosa pensión.

Por Karen Molina | May 02, 2022- 06:00

Foto: EDH/ Archivo

Por muchos años ha predominado la idea de que el Instituto Nacional de Pensionados Públicos (INPEP) pagaba mejores pensiones que las que ofrece el sistema privado actual.

“Era mejor el sistema público porque ahí sí daban buenas pensiones”, afirma Heriberto Sánchez, un señor de 60 años que ha comenzado a tramitar su pensión en las AFP y se ha dado cuenta que no recibirá toda la pensión que imaginó.

Sin embargo, las estadísticas del INPEP muestran que más de la mitad de sus jubilados recibe hoy por hoy una pensión mínima de hasta $304.17, la cual es insuficiente para una persona adulta que requiere de medicinas y alimentos que, además, están cada vez más caros.

De acuerdo a un informe anual de jubilados del INPEP, al cierre de 2021, un total de 29,598 jubilados, es decir, el 59.89 % de todos los pensionados del INPEP, reciben pensiones que van desde los $100 hasta los $304.17 cada mes.

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Las cantidades varían de acuerdo a la categoría de los jubilados, es decir, si reciben pensión por vejez, por invalidez o por viudez, orfandad o ascendientes, pero en definitiva son los pensionados por vejez y viudez los que reciben este cantidad con más frecuencia.

En la tabla de clasificación de jubilados por monto recibido también se contabilizan otras 17,686 personas que reciben una pensión de más de $304.18 y hasta los $1,000. Estos representan el 35.7% de los pensionados.

Y solo 2,140 personas pueden considerarse “privilegiadas” de recibir una pensión mensual de más de $1,000, que se estima un ingreso promedio.

Además de este último grupo, solo 72 personas reciben más de $2,800 como pensión.

El sistema público fue derogado en 1998. Su número de cotizantes así como de jubilados va disminuyendo año con año. Foto EDH / Archivo

Este sistema de pensiones público, es decir, administrado por el Gobierno, fue derogado en 1998, luego de que varios estudios determinaran que ya no era sostenible a nivel financiero, pues el número de personas que se jubilaban crecía más rápido que el número de cotizantes.

Además, los diversos casos de corrupción que se daban al interior de la institución hicieron que sus reservas disminuyeran con rapidez.

El economista Luis Membreño explicó a El Diario de Hoy en octubre de 2021 que desde que el INPEP se creó en 1975 el dinero que entraba como cotización de los trabajadores se usaba para todos los gastos que tuviera el gobierno en ese momento y fue precisamente este uno de los motivos por los cuales el sistema público quebró en 1996.

“Los gobiernos utilizaron (el dinero de las cotizaciones) para diferentes cosas que no fueron para pagar pensiones. Era su caja chica”, explicó en esa oportunidad.

Muchas de las personas que obtenían jugosas pensiones en el sistema lo lograban haciendo que en su trabajo les modificaran su salario en el último año para que su pensión fuera mayor.

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Además, el porcentaje de cotización de los ahorrantes era de apenas 9 % (hoy es 15 %) y solo necesitaban 15 años de cotización (hoy son 25 años) como mínimo.

Sistema actual

El sistema pivado actual, en cambio, se ha hecho de críticas por la tasa de reemplazo que ofrece a sus afiliados.
“Es bien poco lo que me van a dar. Yo pensé que sería más”, dice don Heriberto, con desánimo.

Según un estudio realizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, la tasa de reemplazo, es decir el porcentaje del salario que una persona obtendrá al jubilarse respecto a sus ingresos cuando estuvo trabajando activamente, el cual ronda entre el 30 y 32%. Eso significa que una persona que en sus años como trabajador tenía un salario de $1,000, al jubilarse solo obtendría una pensión de $300.

El gobierno de Nayib Bukele estudia actualmente una reforma de pensiones que pretende anunciar en los próximos meses y que, de acuerdo con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ofrecería tasas de retorno de hasta el 70% para los jubilados, un dato que aún no han explicado cómo lo conseguirían.

Sin embargo, tras esta baja tasa de reemplazo hay una historia que al gobierno no le gusta contar: el 80% de las cotizaciones que captan las AFP en el país se destina para prestárselo al gobierno, el cual creó en 2006 una figura llamada Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con la que puede meter mano a los ahorros privados.

Diversos estudios afirman que ha sido este Fideicomiso, que ha pagado tasas de interés de no más del 2%, el que ha provocado que los ahorros de los salvadoreños no aumenten y, por lo tanto, su pensión no sea mayor.

La pensión de don Heriberto probablemente pudo ser mayor a la que recibirá cuando le confirmen su jubilación, sin embargo, por ley ha estado obligado a prestarle su dinero al gobierno a bajos intereses, mientras que su ganancia personal para mejorar su pensión ha estado a merced de las leyes de los gobiernos de turno.

Los sindicatos afines al Gobierno han pedido que el sistema de pensiones vuelva a ser público, es decir, que el Gobierno vuelva a manejar ese dinero para que las personas puedan tener de nuevo una mejor pensión, como la que se afamaba en tiempos del INPEP.

Sin embargo, tanto analistas económicos como políticos y expertos desconocen cuál sería el mecanismo que el gobierno usaría para hacerlo. Agencias de análisis financieros como EMFI y Barclays ya auguran que el gobierno busca estatizar las pensiones, pero en su análisis no lo mencionan como un factor para ayudar a mejorar las pensiones de los jubilados, sino más bien para solventar grandes problemas fiscales que sigue acumulando por su elevado endeudamiento.

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