La opacidad que rodea al proyecto Bitcoin ha impedido que sea posible corroborar que las múltiples compras del criptoactivo anunciadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, son reales. Ni un solo recibo. Ni una sola cuenta pública de la que sea posible rastrear una salida de recursos.
Sin embargo, Bukele asegura que ha realizado compras incluso cuando se ha comprometido a ya no hacerlas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que acaba de aprobar un programa para entregarle a El Salvador unos $1,400 millones.
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Más de un 80% del Bitcoin depositado en la billetera fría publicada por Bukele hace un año proviene de direcciones de la compañía Bitfinex, capitaneada por los italianos Paolo Ardoino y Giancarlo Devasini, quienes ejercen una importante influencia en el gobierno salvadoreño y no han dejado de mostrarle su apoyo aún después del acuerdo con el FMI.
Que no existan huellas en las arcas públicas de salidas de dinero para estas compras y que la mayor parte provenga precisamente de esta empresa pone en tela de juicio que le pertenezcan al Estado salvadoreño.
Eso es lo que sostiene el tecnólogo Mario Gómez. Ilustra que, en el mundo cripto, que alguien finja la propiedad de un activo digital no es extraño: Hay "ballenas" (usuarios con cantidades enormes de criptomonedas) que pueden trasladar una parte de su tesoro a alguna dirección, sin que por ello se pierda su propiedad. Tal operación, por lo común, sirve para inflarle valor a algún activo digital de reciente lanzamiento.
Eso ocurrió, por ejemplo, con el escándalo de $LIBRA, que fue promocionada por el presidente argentino Javier Milei, por lo que logró millones en capitalización hasta que los principales inversores retiraron sus fondos solo horas después. Por ello, el valor de $LIBRA cayó a 0.
"Creo que está pasando algo parecido aquí. Bitfinex le 'presta' al Gobierno de El Salvador parte de sus Bitcoin para que tenga algo que mostrar ante la comunidad cripto. Incluso la publicación de esa dirección sucedió años después de que iniciaran las supuestas compras", comenta Gómez.
Según Gómez, si el FMI obliga al gobierno con mayores presiones a dejar de comprar Bitcoin (o a dejar de decir que lo hace), es posible que se argumente que dichas adquisiciones no se han hecho con fondos públicos, sino por un privado.
Algo de esto parece estar pasando, pues la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, aseguró este jueves que desde el Gobierno de Nayib Bukele les han expresado que dichas compras no violan el acuerdo.
"Respecto del reciente aumento de las tenencias de Bitcoin por parte del Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin, las autoridades han confirmado que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa, y seguimos en contacto con las autoridades sobre este importante tema", aseguró.
La portavoz del Fondo Monetario reiteró que "en virtud del programa, el gobierno se comprometió a no acumular sus Bitcoins a nivel del sector público en general". En efecto, el acuerdo dice claramente que "las compras gubernamentales de Bitcoin estarán prohibidas durante el programa".
Para dos expertos en política internacional, los anuncios de Bukele son una especie de medición de fuerza contra el FMI, al menos mediática, a la que el mandatario se ha animado con la esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree su prometida reserva de criptomonedas y lo respalde.
Según Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Bukele considera que su cercanía con el mandatario norteamericano podría blindarlo ante una eventual presión del FMI, pues el Gobierno de Trump cuenta con el poder de vetar decisiones de las máximas autoridades de la multilateral.
Algo parecido sostiene Napoleón Campos, experto salvadoreño en Relaciones Internacionales. Sin embargo, advierte que el anuncio de Donald Trump todavía no es firme, pues el mandatario se ha caracterizado por cambiar sus decisiones con frecuencia. "Es una veleta", concluye.