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Bitcoin City podría convertir a El Salvador en un paraíso fiscal y de lavado de dinero, advierte economista

Según el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda, el anuncio de exonerar de impuestos a todas las personas que se instalen en Bitcoin City es "algo injusto", pues los pagarán todos los salvadoreños.

Por Juan Carlos Mejía | Nov 24, 2021- 11:34

El presidente Nayib Bukele anunció la construcción de la Bitcoin City. Foto: Imagen de carácter ilustrativa y no comercial/ https://twitter.com/SecPrensaSV/status/1462279871615361026

El proyecto que anunció el pasado sábado el presidente Nayib Bukele, y que consistiría en una ciudad dedicada exclusivamente al Bitcoin, podría significar un alto riesgo para el país, señaló el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda, durante la entrevista matutina de Canal 21.

De acuerdo con el economista, luego del anuncio de la ciudad Bitcoin y de la emisión de hasta $1,000 millones en bonos Bitcoin, podría interpretarse que el país se convertiría en una especie de sede para esa nueva bolsa de valores que surgiría a partir de este tipo de bonos.

Castaneda añade que este escenario significaría riesgos institucionales y normativos, con respecto a los temas fiscales, pues podrían causar que El Salvador “se convierta en un paraíso fiscal y para el lavado de dinero si no se tienen los cuidados necesarios”, esto debido a los incentivos que se les dará a los inversionistas que se instalen ahí, entre los cuales está el exonerarlos de impuestos como a la propiedad o a las ganancias que obtengan a partir de la criptomoneda.

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El economista también subraya que esos incentivos son “algo injusto”, pues si las personas que estén dentro de Bitcoin City no pagan impuestos “significa que alguien más tendrá que pagarlos, y esos somos todos los salvadoreños”.

Otro punto que destaca es que destinar recursos públicos para la implementación del Bitcoin como tal, no es la forma correcta de hacerlo, por lo que apunta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido reiterativo en señalar los riesgos fiscales que conlleva.

De hecho, en un comunicado que resumía algunas de las observaciones que hizo el FMI sobre la situación fiscal del país, como parte de las revisiones del Capítulo IV, el organismo volvió a afirmar que la criptomoneda no debería ser de curso legal en el país, pues implica inseguridad financiera para los ciudadanos.

El FMI volvió a reiterar los riesgos que significan para el país la adopción e implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. Foto: AFP / Archivo

Además, la adopción del Bitcoin a través de la creación de la Ley que lo respalda, ha sumado a una serie de decisiones políticas que han causado que el perfil de riesgo del país caiga a niveles bajos históricos en lo que respecta al precio de los bonos soberanos que el país ha emitido en concepto de deuda pública.

Por ello Castaneda afirma que el anuncio de emisión de los bonos en Bitcoin “podría seguir afectando la calificación de riesgo de El Salvador, algo que podría, incluso, afectar la calificación de riesgo de la banca privada dentro del país y que se traduciría en un aumento en las tasas para los ciudadanos.

Además, el economista apunta que por este tema de calificación de riesgo es importante que El Salvador tenga buenas relaciones con Estados Unidos, sobre todo, porque el país depende directamente de esa economía a través de las remesas familiares y de las exportaciones hacia ese país. “El no tener buenas relaciones con Estados Unidos causaría incidencias económicas negativas”, destaca.

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En este sentido, también reitera el nivel de importancia y de incidencia que tiene la nación norteamericana en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario, organismo con el cual el gobierno salvadoreño negocia un acuerdo de servicio ampliado que consiste en $1,300 millones, necesarios para aliviar la crisis fiscal y para recuperar su perfil de riesgo, algo que si no se logra privaría al país de acceder a otras fuentes de financiamiento debido a la baja confianza que tienen los inversionistas.

Con respecto a lo anterior, las acciones realizadas el 1 de mayo, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, y la destitución del Fiscal General, así como otras decisiones que han socavado el sistema democrático, han sido fuertemente cuestionadas por la administración de Joe Biden, por lo que el economista considera que Estados Unidos tratará de “cuidar al organismo” para que no se convierta en un cómplice al financiar “el establecimiento de un régimen autoritario en El Salvador”.

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