Las ganancias de las AFP se multiplicaron por dos después de la reforma de pensiones, que eximió a estas empresas de la obligación de contratar un seguro para pagar las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Dicha reforma fue aprobada en diciembre de 2022 por la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas a iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele.
La ley entró en vigencia en enero de 2023. Desde ese mes y hasta diciembre de 2024 (dos años), entre las AFP Crecer y Confía reportaron ganancias para sus accionistas de $68.9 millones, según lo reflejado en sus estados financieros más actualizados.
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Esto marca un aumento del 94.53% en las utilidades con respecto a los dos años anteriores a la reforma de pensiones, es decir, entre enero de 2021 y diciembre de 2022. En ese bienio, las ganancias reportadas entre las dos AFP fueron de $35.44 millones, $33.5 millones menos que en 2023-2024.
La economista Tatiana Marroquín señala que es importante recordar que los ingresos de las AFP corresponden casi en exclusiva a las comisiones que reciben por administrar los Fondos de Pensiones. En el caso de El Salvador, estas son fijas: el 1% del salario de cada trabajador del sector formal.
"Era previsible, era evidente, desde el momento en que presentaron la reforma, que esta aumentaría las ganancias de las AFP… lo más grave es que el discurso del Ejecutivo y el Legislativo era que se le estaban reduciendo las ganancias", comenta.
En efecto, en la anterior ley, las AFP recibían como comisión el 1.9 % del salario de un trabajador. Sin embargo, buena parte de ese monto se destinaba a una póliza de seguro que cubría el pago de las pensiones por Invalidez y Sobrevivencia, un tipo de beneficio que se explica a continuación.
Por ejemplo, en el caso de que un trabajador quedara incapacitado para seguir laborando, esta póliza cubría una pensión de invalidez hasta que el cotizante tuviera la edad de retiro. Solo hasta entonces, los ahorros en su cuenta individual pasaban a proveerle de recursos. Antes, no se tocaban.
Por ello, a las AFP realmente solo les quedaba una comisión un poco superior al 0.6 % del salario de un cotizante. Pero en la ley de pensiones vigente que promulgó el gobierno, las compañías han pasado a percibir el 1 % como comisión líquida por cada trabajador, pues en la normativa les quitaron de sus hombros la responsabilidad de pagar esa prima de seguro.
¿Quién se hace cargo ahora?
Con la actual ley, el pago de las pensiones por invalidez y sobrevivencia, vejez y otras devoluciones es financiado por medio de la cuenta individual de ahorro de cada cotizante y, al agotarse dicho saldo, se financia con la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS).
Por otro lado, según el artículo 120 de la misma ley, el sistema contará con la garantía de pago del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y, en caso de resultar insuficiente, el Estado será el último garante.
La reforma, por tanto, incidió directamente en el aumento de ganancias para las AFP, trasladando la responsabilidad al propio cotizante, a una cada vez más raquítica CGS (que entraría en déficit en 2027, según el FMI) y por último al Estado.
En este cambio, la más favorecida ha sido AFP Confía, que aumentó sus ganancias en el 106.06%, pasando de $14.3 millones en 2021-2022 a $29.47 millones en 2023-2024.
El incremento en las utilidades netas de AFP Crecer fue de un siempre importante 86.74%, pasando de $21.14 millones antes de la reforma a $39.47 millones después de su aprobación.

"Las AFP jamás tuvieron tanto silencio ante una reforma de pensiones como en esta", señala Marroquín.
Ruth de Solórzano, presidenta ejecutiva de AFP Crecer, afirmó hace unas semanas que el aumento en las ganancias tiene como una de sus causas, precisamente, el hecho de que no deben pagar más los seguros para las pensiones de Invalidez y Sobrevivencia. Sin embargo, también justificó el alza a una mayor eficiencia en sus procesos.
"Es una combinación de ambas cosas, de la eficiencia que tradicionalmente nos caracteriza y de lo que establecieron en la ley el Ejecutivo y el Legislativo. AFP Crecer no tuvo nada que ver", afirmó.
El argumento oficial
"La siniestralidad del seguro será asumida por el Fondo de Garantía Solidaria", dijo el ministro de Hacienda de ese entonces, Alejandro Zelaya, cuando llegó a presentar la iniciativa a la Asamblea, en noviembre de 2022.
Zelaya, actual director por El Salvador ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) afirmó, en una entrevista televisiva posterior, que la medida de quitarle la responsabilidad de pagar el seguro a las AFP se tomó "para golpear el negocio" de estas empresas, para que "no hagan negocios con empresas subsidiarias o con las que están relacionadas, comprando a estas los seguros".
El argumento del funcionario, de ser cierto, significaría un abuso a corregir. Y, si fuera el caso, la ley habría contemplado controles más rigurosos sobre las AFP, que les prohibieran contratar este servicio con empresas relacionadas.
"Las AFP han duplicado sus ganancias, tampoco es que se quedaron con la misma ganancia anterior y sin la ganancia de los seguros. La afirmación del exministro no concuerda con la realidad", sostiene Marroquín.
Sin embargo, quien ha quedado desprotegida es la población cotizante, pues lo que antes cubría un seguro ahora debe ser asumido por el propio trabajador y, cuando se agota su saldo personal, por el fondo común.
Este movimiento aceleró la crisis de la Cuenta de Garantía Solidaria, pues el cálculo hecho antes de la reforma de pensiones es que se agotaría en 2028. Ahora, a pesar de que se aumentó la contribución de cada trabajador a esta (de un 5% a un 6%), se quedará sin fondos en 2027, según el Fondo Monetario Internacional, cuya proyección está incluida en el acuerdo divulgado la semana pasada.t
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"No afectaron a las AFP, sino a las personas cotizantes. Se ha retrocedido en la protección social de las personas. Si el cálculo era mermar las ganancias de las empresas, fue un pésimo cálculo financiero y de política social y de protección", añade la economista.
En los dos años anteriores a la reforma de pensiones, el mayor gasto de las AFP correspondía a la contratación del seguro. Por ejemplo, Confía pagó $76.88 millones por este entre 2021 y 2022, el 58% de todos sus gastos por la administración del Fondo de Pensiones y sus costos de operación en ese bienio.
No tuvo que contratarlo tras la reforma (2023-2024), lo que explica que haya duplicado sus ganancias en ese periodo, a pesar de que recibió en comisiones casi $42 millones menos que en los dos años previos (2021-2022), una disminución del 28% en sus ingresos brutos.
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