Entre julio y diciembre de 2024, el gobierno tomó del Fondo de Pensiones un monto equivalente al 54% de las cotizaciones aportadas por todos los trabajadores en ese mismo periodo.
Eso marca una bajada de 30 puntos porcentuales de lo registrado en el primer semestre, es decir, de enero a junio. Pero expertos consultados aseguran que ese porcentaje continúa siendo alto, pues el máximo debería ser del 45%.
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En el segundo semestre del año pasado, el gobierno tomó $411 millones mediante la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que realizó el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). En ese mismo lapso, las AFP recaudaron $761 millones mediante los aportes de los empleados y patronos del sector formal.
Esto representa una ralentización en el ritmo en el que el gobierno toma dinero del Fondo de Pensiones respecto a la primera mitad del año, pues entre enero y junio utilizó $622 millones, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esa cifra corresponde al 84% de las cotizaciones de ese periodo ($742 millones), según los estados financieros de AFP Crecer y AFP Confía a junio de 2024.
Sin embargo, la disminución no es suficiente para establecer que se está haciendo un uso sano de estos fondos, que son privados, comenta Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.
El experto apunta que ese porcentaje debería estar apenas por encima de un tercio de las cotizaciones, en torno al 35% o como máximo un límite adecuado sería el 45%, precisamente el techo establecido en la anterior ley.
"Que se esté prestando un monto equivalente al 54% de las cotizaciones es síntoma de que los beneficios otorgados con la reforma todavía siguen siendo más caros que lo que está entrando", dice Pineda, quien hace notar que, contrario a lo prometido por las autoridades, el dinero tomado del Fondo de Pensiones también se estaría usando en gasto corriente, como el pago de salarios.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha establecido como una de las obligaciones a cumplir por parte de El Salvador garantizar la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, lo que se traduce en que se establezcan medidas que permitan que los salvadoreños que ahora trabajan y están cotizando cuenten con jubilaciones cuando llegue su hora de retirarse.
Eso es algo que está en tela de juicio con el sistema actual, pues el mismo equipo del FMI proyecta que la Cuenta de Garantía Solidaria (el fondo común de donde sale el dinero de las jubilaciones cuando se acaba el saldo de las cuentas individuales) se agotará en 2027.
Por ello, Pineda espera que el ritmo en la toma de ese dinero se reduzca todavía más este año y se detenga en unos $600 millones para todo el ejercicio, lo que significaría un 40%, si se consideran las cotizaciones recaudadas en 2024. No es lo ideal, pero no supera el techo de lo conveniente y es algo que sería deseable para el FMI, opina.
Para el economista Rommel Rodríguez, director del Área de Macroeconomía y Desarrollo de FUNDE, una de las razones que explica un menor ritmo en el uso del Fondo de Pensiones es una ralentización de la economía, que se palpa en hechos como la pérdida de unos 10,000 empleos solo en el sector de la industria en 2024.
Rodríguez lamenta que no se cuente en la actualidad con información de calidad para hacer mejores análisis. Pero es algo que podría repararse con las exigencias del FMI, que ha solicitado, por ejemplo, un estudio actuarial del Sistema de Pensiones a más tardar en junio de este año.
"Todo apunta a que habrá una reforma y que será paramétrica: aumentos en la edad de jubilación o en los años de cotización… los que sentiremos más esta reforma seremos los trabajadores", señala el economista.
"El problema de fondo es que en la más reciente reforma no participaron los representantes de los trabajadores, como ya lo establecían las normas… Y se priorizaron necesidades financieras y fiscales del Gobierno", añade.