Violencia digital y reformas legales encaminadas a silenciar la pluralidad de opiniones

La violencia digital, la reducción de espacio cívico y la criminalización de divulgación de información son algunos pasos en la restricción de las opiniones que ha aumentado en los últimos años y afecta a la democracia salvadoreña, expusieron especialistas.

Para el abogado José Marinero, se trata de un patrón deliberado seguido por agentes estatales y paraestatales para controlar el debate público.

"No es un tema incidental ni tampoco algo que ha sucedido de forma espontánea, sino que se trata de un patrón deliberado y sistemático de reducción de las condiciones en que se hace ciudadanía. Del achicamiento, incluso del intento de cerrar lo que denominamos el espacio cívico", dijo.

La libertad de expresión y de prensa, libertad de asociación y de reunión y el acceso a la información son algunos de los aspectos afectados.

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"La estigmatización del periodismo independiente, las afectaciones a organizaciones de sociedad civil que son críticas, estigmatización, ataques en redes, discurso de odio, los obstáculos de acceso a la información pública mediante el debilitamiento de los mecanismos de transparencia, las reformas legales que son restrictivas como las modificaciones al Código Penal, el acoso digital organizado desde agentes gubernamentales, es decir, eso está bastante documentado de la utilización de estructuras de comunicaciones coordinadas desde oficinas gubernamentales que atacan a cualquier voz crítica", sostuvo.

De las últimas acciones impulsadas por el gobierno y aprobadas por su bancada en la Asamblea Legislativa está el aumento de penas de cárcel por revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, pasando del rango de cuatro a seis años a castigarse con una pena de entre seis a nueve años de prisión.

La reforma al Código Penal para aumentar las sanciones a delitos que cometan funcionarios y servidores públicos se aprobó el 7 de febrero de 2025. En esa misma fecha se aprobó la Ley Anticorrupción que crea al Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC) y el Centro Nacional Anticorrupción para las acciones de inteligencia, ambos entes encabezados por la Fiscalía General de la República.

La ley obliga a todas las personas naturales o jurídicas e instituciones del Estado, a prestar colaboración al momento de ser requeridos. "El SINAC podrá solicitar, a través de su ente rector o a quien este ordene o direccione, todo tipo de informes a todos los mencionados en el inciso anterior, quienes deberán de rendirlo en la forma y tiempos solicitados, sin poder excusarse, negarse en razón de reservas, secretos o privilegios regulados en otras leyes, garantizando la protección de datos sensibles o personales respecto de terceros y evitar el uso indebido de la información obtenida", dice el artículo 14.

Marinero señala que existe en el país un proyecto autoritario de concentración de poder.

"Y el poder no solamente está en las instituciones formales, no solamente está en los contrapesos institucionales, sino que también está en las voces críticas de la sociedad, está en la diversidad de pensamiento, está en la posibilidad de la ciudadanía de hacer veeduría, de hacer contraloría, de hacer crítica ciudadana", añadió.

Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), señala como preocupante que se usen las instituciones públicas para tratar de amedrentar a quienes tienen opiniones distintas.

"Vemos un retroceso severo en varios ámbitos de la vida y a partir de levantar la voz para denunciar esos graves retrocesos hay un intento de aniquilar por parte del gobierno a estas voces diversas que en la sociedad estamos constantemente señalando esos graves retrocesos", dijo.

"Afecta en poder poner sobre la palestra pública esa diversidad de opiniones, esos derechos fundamentales de la población a poder expresarse de cómo ve, cómo vive y cómo siente la realidad", enfatizó Ramírez.

Eso afectaría que la población pueda expresar cómo le afecta la toma de decisiones de la política, "de las decisiones gubernamentales que son recibidas y son sobre llevadas con mucho dolor, con mucha pena por las familias salvadoreñas", agregó.

El analista Ramiro Navas también considera que existe una estructura del poder que busca silenciar voces disidentes. "No es sano para una democracia que se restrinja la pluralidad. Y es triste porque al final los afectados con este tipo de medidas pueden ser, incluso, las mismas personas que actualmente respaldan esta posiciones, esta conducta de parte de los gobernantes", expresó.

Por su parte, Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), dijo que en todo 2024 contabilizaron más de 25,000 mil insultos a periodistas en la red social X y la mayoría provenía de personeros del gobierno, seguidores del presidente Nayib Bukele y voceros aliados.

"Esto dice mucho del país. Habla de un país en el que su clase política, me refiero al partido hegemónico y en el poder, recurre a las descalificaciones, los discursos de odio y hasta las amenazas. Habla de la imposibilidad de razonar y dar respuestas. Habla de un cierre completo de espacios de diálogo", expresó.

Agrega que eso refleja "una agenda impuesta" y una narrativa única "en la que no hay cabida para voces y corrientes de pensamientos distintas".

Agencia pendiente

El 12 de noviembre de 2024 se aprobaron las leyes de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y para la Protección de Datos Personales, las cuales tienen como ente rector a la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), de la cual el gobierno no informado si ya fue conformada ni del nombramiento de su director general.

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La ley dio 90 días a la ACE, contados desde su entrada en vigencia, para "elaborar las normativas, protocolos, lineamientos, estándares y criterios técnicos, tanto generales como específicos, en materia de ciberseguridad y seguridad de la información". Dicho plazo se cumplió el 23 de febrero de 2025 y tampoco se han divulgado las normativas. La Agencia también tendrá potestad sancionadora en materia de protección de datos personales.

Violencia de género digital

El silenciamiento y el deterioro de la salud mental son algunas consecuencias de la violencia basada en género que se facilita a través de la tecnología, que afecta a niñas y mujeres, en particular a las que participan en la vida pública, como periodistas, activistas, mujeres políticas, explicó Nora Piay Fernández, especialista del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

"Estas mujeres muchas veces se retiran de los espacios virtuales por miedo o como consecuencia de este tipo de violencia, lo que contribuye al silenciamiento de las voces de las mujeres y menor número de acceso a otro tipo de oportunidades y a la vida pública y a la vida política", dijo.

María Belén del Manzo, coordinadora de la Red de Editoras de Género de Argentina, enfatiza que la violencia digital hacia periodistas, activistas y figuras públicas afecta la libertad de expresión, la pluralidad de voces en los debates y la opinión pública, el acceso a la información y el acceso efectivo a internet.

"Afecta la calidad de los medios, la calidad de la democracia, porque si lo que aparece en debate público solo representa un punto de vista se condiciona la percepción que nosotros tenemos de la realidad y afecta, por supuesto, la participación ciudadana, genera desconfianza en las instituciones", comentó.

Se han identificado al menos 40 formas de violencia basada en género en el espectro tecnológico. Preocupa que la violencia en línea se use para normalizar la violencia contra las mujeres.

"Algo que tenemos que tener muy presente también es este continuo de cómo la violencia que ocurre es espacios en línea, se puede mover a espacios de fuera de línea, al gran mundo, incluso real", expresó Fernández.