Leopoldo López Gil, diputado del Parlamento Europeo y padre de uno de los más reconocidos opositores a la dictadura venezolana, ha condenado duramente los abusos de poder cometidos por el gobierno salvadoreño en el ente legislativo europeo.
“En El Salvador se documentan casos de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza policial frente a aquellos infractores de la cuarentena obligatoria”, manifiesta López Gil, quien representa a la bancada de Partidos Populares Europeos, la más grande de todo el Parlamento con 187 de 704 escaños.
En efecto, el padre del renombrado opositor venezolano hace alusión a lo que organizaciones locales e internacionales han denunciado con vehemencia: que el gobierno ha implantado una política de detenciones sin fundamento en la ley y ha empoderado a las fuerzas armadas y elementos policiales para actuar con exceso de fuerza contra quienes presuntamente violen las medidas de distanciamiento.
En ocasiones, se somete incluso a la discrecionalidad del agente de turno determinar si un ciudadano está en la calle con o sin justificación. Esto fue aceptado por el ministro de Defensa, René Francis Merino, quien dijo que los militares en la calle saben cuándo les están mintiendo quienes están en la calle sin justificación.
Además de estos excesos y arbitrariedades, López Gil recalcó que el gobierno ha desafiado abiertamente la independencia judicial y fallos de estricto cumplimiento. “A pesar de repetidos fallos y advertencias de la Corte Suprema en contra de dichas prácticas”, estas han sido sostenidas, agregó el eurodiputado de origen venezolano.
Este político naturalizado español considera que el gobierno está utilizando la pandemia del COVID-19 como excusa para “tomar medidas de control social que violan los principios de derecho internacional”. Estos cuestionamientos de López Gil han sido dirigidos a Josep Borrell, también eurodiputado del Partido Socialista Obrero y quien funge como el “canciller” de la Unión Europea.
Estos cuestionamientos son relevantes, en vista no solo de la influencia importante de la Unión Europea y los países que la conforman, sino de un paquete de estímulo económico de $1,000 millones que ese bloque hemisférico planea destinar a Latinoamérica para paliar las crisis sanitaria y económica por el virus.
¿Prácticas similares a las de Venezuela?
A inicios de la administración de Nayib Bukele, éste fue aplaudido por su firme posición ante los abusos del poder del chavismo en Venezuela y por aparentemente romper con el silencio cómplice de las administraciones anteriores ante una dictadura criminal y con nexos con el crimen organizado que tiene sumido en la miseria al otrora país más rico del continente.
Sin embargo, tiempo después es el mismo padre de uno de los opositores principales de esa dictadura quien ha tenido que pronunciarse para detener los claros abusos en el poder y las arbitrariedades de la administración salvadoreña actual.
Leopoldo López, político del partido venezolano Voluntad Popular, permaneció bajo una inhumana custodia por el chavismo durante varios últimos años y sigue siendo blanco de ataques de esa dictadura que ha desconocido la autonomía de los poderes del Estado y donde se ha pretendido gobernar por decretos de un Ejecutivo abusivo y sin temor a reprimir a sus adversarios.
Europa ya se pronunció a favor de la democracia en El Salvador
En febrero de este año, pocas semanas después de que el gobierno de Bukele militarizara el Congreso para presionar por un préstamo que ya estaba en discusión, una delegación de parlamentarios del viejo continente estuvo en El Salvador para conocer más la crítica situación.
Siete legisladores, encabezados por Tilly Metz, estuvieron por dos días en el país y el resultado de su visita fue exigir que se respetaran los procedimientos democráticos para mantener lo logrado en 1992 en los Acuerdos de Paz.
Metz manifestó tras su visita que el país debía “hacer todo lo posible para mantener esta preciada paz que tenemos desde los años 90”. Por ello, exigió: “respetar los procedimientos democráticos del país, porque ese es, en definitiva, el elemento clave (…), respetar a la Asamblea Legislativa, respetar la libertad de prensa y luchar contra los discursos de odio que se escuchan entre unos y otros”.
Si bien Metz no dijo abiertamente que hubo un retroceso claro en derechos humanos, afirmó que además de la toma violenta del Palacio Legislativo, hay indicadores que elevan alarmas. “Echamos un vistazo a las cifras, como por ejemplo en el presupuesto, y se ve una reducción en el dinero que va para los programas sociales y para temas de mujeres.
Claro que me preocupa esta situación”, dijo.En su momento, la parlamentaria y jefa de esta delegación sostuvo que en Europa se vio con mucha sorpresa la serie de imágenes de militares y policías con armas largas en el seno del Legislativo y confirmó que están dando seguimiento a aspectos como la retórica del gobierno contra la oposición, los diputados y los medios de comunicación.
“No puede existir un discurso de odio y no pueden haber ataques, como por ejemplo un presidente contra periodistas o insultar a diputados”, sentenció Metz.