Los diputados de la Asamblea Legislativa han denominado a los cercos sanitarios establecidos por los municipios como militarizaciones, ya que se ha visto más despliegue de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil que personal de Salud buscando casos de COVID-19 en las zonas cercadas, particularmente en el Puerto de La Libertad, cerrado el fin de semana por orden presidencial.
Exponen que no se conocen los objetivos específicos de dichas medidas, ya que es el Ministerio de Salud el que tiene que realizar estas acciones y no las municipalidades o Seguridad.
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“En todos estos cercos sanitarios lo que he visto más es un despliegue militar que todo un despliegue sanitario en los municipios. Sí vi despliegue militar y restricción de garantías de derechos constitucionales que se le hizo a la población este fin de semana. El solo hecho de no poder proveerse de alimentos, eso es lamentable”, dijo la diputada Elizabeth Gómez, del FMLN.
Señala que los cercos sanitarios se aplican cuando hay un brote de una enfermedad. Tampoco el Ejecutivo ha dicho cuánto personal de Salud fue activado para la búsqueda de casos y a cuántas personas del Puerto de La Libertad se les realizó la prueba del COVID-19, critica.
“Los cercos sanitarios se deben dar en la aplicación de la emergencia pero con base científica, con base técnica. Yo me quedé asustada el viernes al ver el cerco sanitario establecido en el Puerto de La Libertad porque son de los municipios donde no vemos reflejados casos”, manifiesta la diputada.
El diputado Norman Quijano, de ARENA, sostuvo que los cercos sanitarios deben realizarse para prevenir la enfermedad, pero dentro de parámetros que no sobrepasen los derechos humanos y la dignidad de las personas, y no impida tampoco el tránsito de los ciudadanos si tienen una necesidad de fuerza mayor.
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“Por si tienen a un familiar enfermo o por si tienen que ir a comprar alimentos, para ir a buscar medicinas, porque hay personas que tienen enfermedades crónicas. No como se dio en el Puerto de La Libertad donde sin ninguna justificación no podían salir. Esto se entiende como un confinamiento, un atropello, un castigo para la población”, dijo Quijano.
El diputado Raúl Beltrán Bonilla, del PCN, dijo que cerrar el centro de San Salvador y los mercados de las ciudades son decisiones que afectan a la población.
“Queremos una respuesta lógica, no que sea por imitar, por fastidiar o por perjudicar. Sobre la Constitución no puede estar nadie y los más afectados son los desprotegidos, tampoco es privar de libertad. Se deben dar medidas preventivas no medidas punitivas”, indicó Beltrán Bonilla.